CAFÉ DE MAÑANA
Por José Luis Enríquez Ambell
En el quinto mes del primer año en el sexenio 2024-2030 en Veracruz se presentará la Declaración de Modificación Patrimonial (anual) que los servidores públicos deben hacer para actualizar la base de datos en torno a la evolución o decrecimiento de bienes del patrimonio que poseen en su conjunto y es, sin duda, un sensible tema en la agenda política y pública.
Cada mes de mayo, la comunidad de servidores públicos –obligados según nivel jerárquico– les corresponde cubrir esa tarea que marca la norma, y que a la vez permite focalizar la consistencia o inconsistencia del patrimonio total del universo burocrático en términos de transparencia y rendición de cuentas, ahora que se desquebraja el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) ante la extinción próxima del IVAI, entre otros organismos autónomos constitucionales que se habrán de estar reconstruyendo.
El recurso humano atrevido -siempre hay alguien- que llegue a dañar los principios
básicos de la honestidad y el profesionalismo, simulando sus tareas desde el gobierno y la actuación como servidor público, estaría pisando arenas movedizas.
En este sentido la ingeniera Rocío Nahle, lo ha venido reiterando desde el inicio de su mandato; “tenemos un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública de Veracruz”.
Don Adolfo Ruiz Cortines, veracruzano a quien se le recuerda por su intachable honorabilidad, es una de las figuras a las que todo servidor público y no solo de Veracruz debiese tener presente pues, la declaración patrimonial anual (mayo), así como inicial y conclusión de encargo, son obligación en los continentes del quehacer oficial.
De ahí que, Ramón Santos Navarro, Contralor General del Estado, es el garante para apretar las tuercas en la maquinaria humana en todos los niveles de mando, operativo y staff en el gabinete legal y ampliado de la Gobernadora Nahle García.
Y para que eso funcione correctamente, la CGE tiene profesionales colaboradores en el sector central, así como en las contralorías internas en las dependencias y entidades públicas, y para ello cuentan con un confiable Sistema de Control Interno (SICI), pero la máxima garantía de que los servidores públicos hacen solo lo que la norma permite, es que ellos mismos cumplan con el Código de Ética y Conducta.
Rocío Nahle hace unas semanas presentó un decálogo que sirve de guía a los secretarios de despacho en su administración, reafirmando su compromiso con el bienestar ciudadano.Y estos lineamientos están colocados en las dependencias gubernamentales, y ahi se establece como prioridad atender y resolver de manera inmediata las demandas de la población, y la mandataria dijo: “Estamos aquí para servir a la gente. No importa la hora ni el día, pues nuestra responsabilidad es escuchar, informar y dar soluciones”.
La conducta derecha y leal de los funcionarios es una acción individual, concatenada a los titulares administrativos, contralores internos y superior jerárquico, no hacerlo les llevaría a problemas. “Recordemos que en el último año del gobierno estatal pasado, se habló de 1,300 servidores públicos que incumplieron con la obligación en alguna de las declaraciones de Inicio, Modificación y Conclusión, y sin que al final del sexenio se supiera de sanción alguna”.
DE SOBREMESA
Las 4T (Transformar, Tolerar, Trasladar y Terminar) resultan ser pilares de la estrategia gubernamental desde la visión de Nahle en busca de optimizar el funcionamiento de la estructura del Poder Ejecutivo a través del decálogo.
Transformar: Fomentando la innovación y el desarrollo constante en cada área; Tolerar: respetando y valorando las capacidades del equipo, sin importar diferencias personales; Trasladar: Reubicando al personal en las funciones donde puedan ser más efectivos, y Terminar: Prescindiendo de quienes no aporten al bienestar de la población.
UN CAFÉ LECHERO LIGHT
El decálogo resalta la importancia de gestionar los recursos públicos con plena y cabal responsabilidad. De ahí que Rocío Nahle exhortó a los titulares de las dependencias a manejar el presupuesto con el mismo cuidado que si se tratara de su propio dinero, y con ello asegurando que cada gasto sea justificado; o sea, que haya un uso eficiente de los recursos públicos, pues “el apego a la ley no es asunto negociable”, enfatizó la gobernadora, dejando claro que todas las acciones deben realizarse bajo un marco de legalidad y transparencia. Y desde enero se los transmitió.
UN CAFÉ CON OLLA DE BARRO
Los incumplimientos a la declaración patrimonial de mayo, incluye a los titulares de despacho, pues les compete la supervisión para que los subordinados no dejen de cumplir con la Ley General de Responsabilidades Administrativas (art. 33).
UN CAFÉ CON PIQUETE
“Uno de los objetivos y principales génesis de las reformas constitucionales anticorrupción, es sobre la verificación a través de la evolución patrimonial de los servidores públicos en un ejercicio fiscal anterior”.
La Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) señala cuando un servidor público debe acompañar a la declaración de situación patrimonial e interés, su declaración anual fiscal, y cuando el ingreso sea mayor a 400 mil pesos anuales o tenga otros ingresos.
Con estos elementos los OIC tendrán la posibilidad de revisar y cotejar ambas declaraciones para verificar si existe o no consistencia; o sea, una evolución patrimonial.
El acuse de recibido de la declaración no es garantía de que todo está dentro de la norma.
¡ES CUANTO!
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