Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
Martín Aguilar Sánchez está logrando algo histórico, insólito en la Universidad Veracruzana: ha logrado unir a toda la comunidad universitaria… en su contra.
Su ambición desbordada por mantenerse otros cuatro años al frente de la casa de estudios lo ha hecho perder todo signo de cordura, pues no solo ha desoído todo llamado que le han hecho para no violentar la legalidad universitaria. Ya provocó un conflicto al interior de la UV, que con cada vez mayor estridencia está expresando su rechazo a la, a todas luces ilegítima pero también ilegal, pretensión de Aguilar de que sus cuates en la Junta de Gobierno prorroguen cuatro años su rectorado.
Ilegítima, porque pretende negarle a la comunidad universitaria el derecho de evaluar lo que ha hecho en el periodo para el que fue designado –de cuatro, no de ocho años- y de esa manera, “cachetonamente”, quedarse para un segundo periodo de facto, obstruyendo además las aspiraciones más que legítimas de otros académicos que proponen llevar a la Universidad por otro rumbo.
Lo anterior también vuelve ilegal la intentona golpista de Aguilar Sánchez, que pretende borrar casi 30 años de procesos sucesorios en la Universidad Veracruzana autónoma, acomodándose la normatividad universitaria a su antojo y conveniencia para evitar rendir cuentas. Y para eludir un tema clave en esta tragicomedia: que es inelegible.
La Ley Orgánica establece que al momento de asumir el cargo, el rector de la UV debe tener un máximo de 65 años de edad, requisito que Aguilar cumplía hace cuatro años. Pero ya no. Y como lo tiene perfectamente claro, intentó sacar adelante una reforma a la norma para borrar ese “candado”. Pero por razones que no están claras, eso no prosperó, a pesar de que la iniciativa ya estaba en el Congreso del Estado, presentada por él personalmente. A los pocos días y de manera vergonzosa, la retiró, dejando la sensación de que “alguien” le habría pedido hacerlo. Oprobioso, indigno y ridículo.
Con la prórroga, Aguilar Sánchez pretende no un segundo término, sino una extensión del primero, con lo cual libraría el “candado” de la edad, pues para ése sí cumplía con el requisito. Una chicanada legaloide que pretende que avalen los principales órganos de decisión de la UV: la Junta de Gobierno y el Consejo Universitario General (CUG).
Varias voces dentro de la Universidad denuncian que se está presionando e incluso intimidando a los integrantes de estos organismos que se oponen a lo que hay que llamar por su nombre: una vulgar imposición. Lo cual también violenta la legalidad interna, pues Aguilar Sánchez pretende que en su sesión de este viernes, el CUG se pronuncie por su permanencia, lo cual está fuera de sus atribuciones legales, como lo explicaron los exrectores Sara Ladrón de Guevara y Raúl Arias Lovillo en la entrevista que le concedieron a La Clave el pasado miércoles, en la que ambos coincidieron que lo que está en riesgo es la misma autonomía universitaria.
No hay que olvidar la ya inocultada adscripción política e ideológica de Martín Aguilar al régimen de la mal llamada “cuarta transformación”, que precisamente busca desaparecer la autonomía de todos los organismos e instituciones públicas para someterlos por completo. Ya lo hicieron con los órganos reguladores y con los garantes de la transparencia, así como con el Poder Judicial, como atestiguamos este domingo. El siguiente objetivo son las universidades públicas. Y la UV está en la mira.
A la violación a la legalidad, al autoritarismo descarado que encierra esta intentona, hay que añadir los resultados de estos cuatro años de rectorado de Aguilar Sánchez: la nada. La grisura sin matices. Así como la baja competencia institucional, la pobreza de logros sustantivos y una gestión caracterizada por la ausencia de visión estratégica. Nada más por eso, Martín Aguilar debería, si tuviese un gramo de vergüenza, irse para su casa.
Pero en su lugar, ha decidido incendiar la UV. Juristas, consejeros alumnos, exintegrantes de la Junta de Gobierno, miembros de centros de investigación, egresados, investigadores, han manifestado su rechazo a la pretensión de Martín Aguilar de consumar una imposición. Y convocaron a una manifestación de protesta para este lunes, para exigirles al rector y a la Junta de Gobierno que cumplan con la legalidad.
La Junta de Gobierno inició el trámite de la solicitud de Aguilar y abrió un bizarro mecanismo de supuesta “consulta” a la comunidad universitaria sobre si está o no de acuerdo con que se prorrogue el periodo rectoral. Pero, ¿desde cuándo la ley se somete a consulta? Más parece una simulación –al estilo del asambleísmo aborregado del morenato- para hacer como que “escuchan” a los universitarios y con eso “lavarse las manos” al anunciar una decisión que ya tendrían tomada.
A estas alturas y por “mérito” propio, Martín Aguilar Sánchez ya puede ser considerado como el peor rector de la historia de la Universidad Veracruzana. Pero pareciera que quiere ser recordado como aquel que la hizo arder.
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