Por José Alberto Sánchez Nava
“Cuando un Estado necesita recaudar sobre el plato del pobre, lo que está en crisis no son las finanzas, sino su falsa ética del bienestar.”
- El Estado contra sus propios viejos
En un país donde la impunidad política galopa a sus anchas, donde los grandes evasores siguen blindados por el poder y donde la corrupción se esconde bajo el disfraz de la austeridad republicana, el gobierno de México, por conducto del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha decidido irse por la presa más débil: los pensionados y jubilados. La reciente confirmación de que se realizarán visitas domiciliarias a pensionados para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no es solo una medida fiscal. Es una afrenta. Es un acto de violencia institucional contra quienes, después de décadas de trabajo y contribución, merecen paz, no persecución.
El argumento legal detrás de esta decisión se ampara en el artículo 42, fracción III del Código Fiscal de la Federación. Pero una cosa es lo legal y otra, muy distinta, lo legítimo. Porque lo que está en juego aquí no es una simple verificación de datos. Lo que se pone sobre la mesa es la posible amenaza a la pensión de miles de adultos mayores que, por ignorancia administrativa, errores involuntarios o simple burocracia, podrían ser castigados económicamente.
- Legal, pero profundamente ilegítimo
Aunque estas visitas están revestidas de legalidad, lo que se oculta tras ellas es una política de hostigamiento disfrazada de revisión administrativa. La capacidad de multar hasta por 28,490 pesos a un adulto mayor por no atender la visita o no subsanar errores —muchas veces generados por el propio sistema o por desinformación— es un acto que no resiste ningún análisis ético. ¿Qué tipo de justicia es esta que permite al Estado hurgar entre los papeles de los abuelos mientras ignora las cuentas bancarias opacas de los grandes capitales cuyo origen se deriva del desvió de recursos públicos?
- El mínimo vital: es un derecho no una concesión
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido categórica: la pensión es un componente esencial del derecho al mínimo vital y a la seguridad social. Su embargo, retención o reducción no puede, bajo ninguna circunstancia, ser arbitrario ni poner en riesgo la subsistencia del adulto mayor. Estamos hablando de un ingreso que no es un privilegio, sino una garantía para que una persona pueda comer, pagar sus medicamentos, sostener su vivienda y conservar un mínimo de dignidad.
En la jurisprudencia mexicana, el mínimo vital está protegido por la Constitución. No es un concepto abstracto ni un argumento moral. Es un derecho humano fundamental, respaldado por criterios claros de la SCJN, que reconoce que ninguna carga tributaria puede superar la barrera de la subsistencia.
Aplicar sanciones, multas o presiones fiscales a jubilados sin considerar el impacto directo sobre su capacidad de sobrevivencia viola flagrantemente ese derecho. Es, además, un acto de cobardía institucional: mientras el SAT mira hacia otro lado frente a las grandes fortunas que se ocultan tras estructuras fiscales sofisticadas, decide ahora abrir las puertas del infierno fiscal… a los abuelos.
- El SAT mira hacia abajo porque es más fácil
Resulta ofensivo que el SAT despliegue recursos, personal y presión política para verificar si un jubilado tiene bien llenado su RFC o si reportó correctamente una pensión raquítica, mientras ignora deliberadamente las redes de elusión de las grandes empresas, los desvíos de recursos públicos producto de cohecho o los outsourcing ilegales.
- Una emboscada disfrazada de visita
Estas visitas no son asesorías fiscales. Son operativos. Funcionarios del SAT llegan a revisar documentos, verificar domicilios, y en muchos casos, multar por errores administrativos. Y la desinformación abunda: muchos jubilados creen estar exentos, pero si reciben otra pensión por fuera del IMSS o ISSSTE, o si tuvieron actividad económica anterior sin cancelar el RFC, pueden ser considerados como omisos, aun si su única entrada es la pensión. ¿Dónde queda entonces la responsabilidad del Estado de informar, acompañar y proteger?
- Un sistema sin rostro humano
La tributación en México ha perdido el alma. Aplicar sanciones económicas sin ponderar el contexto social y económico del contribuyente convierte al SAT en un aparato desalmado. Lo que debería ser una política de acompañamiento, se ha transformado en un proceso inquisitorial. ¿Cuál es el límite ético para recaudar? ¿Hasta qué punto es válido hurgar en la vida de alguien que vive con lo justo, sólo porque es más fácil que enfrentar a los grandes evasores?
- ¿Qué país decide castigar al que ya lo dio todo?
El jubilado no es un evasor. No tiene testaferros ni estructuras off-shore. No tiene asesores fiscales. Tiene, con suerte, su credencial del INAPAM, un medicamento genérico, y la esperanza de no ser olvidado. ¿Qué clase de nación permite que el Estado se convierta en un ente fiscalizador de ancianos mientras los privilegios se mantienen intactos arriba? Si esta es la transformación prometida, es una que ha dejado al sentido común y la empatía fuera del presupuesto.
- Justicia tributaria con rostro humano o sin alma
Si el gobierno desea fortalecer la cultura fiscal, debe hacerlo con pedagogía, acompañamiento y responsabilidad institucional. Visitas domiciliarias sí, pero para ayudar, no para sancionar. Correcciones sí, pero sin poner en riesgo la subsistencia. El cumplimiento fiscal debe ser proporcional, informado y respetuoso de los derechos humanos. De lo contrario, se convierte en un acto de miseria moral.
- El mínimo vital no se inspecciona: se respeta
El Estado no puede inspeccionar, retener ni sancionar una pensión como si se tratara de un ingreso común. No es un beneficio sujeto a fiscalización, es un derecho humano que debe estar blindado. Las palabras “pensión” y “multas” jamás deberían estar en la misma oración. Si la autoridad no entiende esto, lo que se está poniendo en entredicho no es la fiscalización, sino la ética de todo un régimen.
- Conclusión: El Estado frente al espejo de su miseria moral
Las visitas domiciliarias del SAT a jubilados son mucho más que un operativo administrativo: son el síntoma de un gobierno que, en su obsesión por recaudar, ha perdido el rumbo de la justicia. Mientras los grandes empresarios siguen protegidos por la opacidad y el poder, los adultos mayores enfrentan al Estado con los pocos recursos que les quedan: su dignidad. Y eso, en un país que presume transformación, no es solo inaceptable. Es imperdonable.
“El mínimo vital no se inspecciona, se respeta.”
