Ricardo Del Muro / Austral
Más de la mitad (52.4%) de los trámites burocraticos en México todavía se realizan en las oficinas de gobierno y aunque esta proporción disminuyó en la última década en casi 10 puntos del 62.5% registrado en 2013, todavía es bajo el uso del Internet (16.2%) para las gestiones administrativas.
En 2023, a nivel nacional, 16.3% de la población de 18 años y más de áreas urbanas realizó un trámite completamente en línea, desde su consulta hasta la solicitud o el pago de este, de acuerdo a las estadístcas publicadas por el Inegi con motivo del Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública, que se celebra el próximo 23 de junio.
La Ciudad de México, Puebla, Zacatecas y Querétaro fueron las entidades federativas que destacaron por tener porcentajes más altos de personas de 18 años y más que manifestaron haber realizado un trámite completo en línea, con porcentajes que van del 28% al 20.3%.
En contraste, las entidades donde la población hace un menor uso del Internet para los trámites administrativos fueron: Baja California Sur, Chiapas y Michoacán con 9.2% y en último lugar Guanajuato con 5.8 por ciento.
Al cierre de 2023, había un millón 620 mil 828 personas servidoras públicas que laboraban en la Administración Pública Federal y 2 millones 406 mil 436 en las administraciones públicas estatales.
En ese año, según las estadísticas del Inegi a nivel nacional, las personas de 18 años y más de áreas urbanas realizaron personalmente 402 millones 225 mil 102 trámites, un promedio de 9.4 trámites por persona.
Zacatecas, Querétaro, Sonora y Nuevo León fueron las entidades federativas que registraron los promedios más altos, superiores a 12 trámites por persona. En Chiapas el promedio fue de 9.1 trámites, mientras que Tlaxacala y Guerrero registraron 7.2 y el Estado de México sólo 6.3 trámites por persona.
La presidenta Claudia Shienbaum presentó al inicio de este año una iniciativa de ley para digitalizar el 80% de los trámites gubernamentales y reducir en 50% los tiempos de espera, en una estrategia que tiene como objetivo combatir la corrupción y agilizar los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía.
“Al eliminar los trámites burocráticos se elimina la corrupción”, aseguró la presidenta Sheinbaum al informar sobre el proyecto de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que fue el 28 de abril fue aprobado por la Cámara de Diputados.
José Antonio Peña Merino, titular de la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, señaló en ese momento que hay más de 7 mil trámites en el catálogo del gobierno federal y las autoridades locales y estatales. “En México, una persona en promedio durante su vida realiza 486 trámites”, comentó.
El funcionario, de acuerdo a la nota de El País, reconoció que la iniciativa requiere de una esfuerzo de coordinación con las representaciones locales para eliminar las trabas a la ciudadanía, al asegurar que cada estado tiene de media a más de 500 procedimientos. Merino agregó que el 85% de los trámites que realizan las personas son de indole local.
Uno de los aspectos de la ley que causó mayor controversia fue la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) que era la institución encargada de la protección de datos personales, además de proporcionar al público información de la administración federal y estatal.
En el proyecto de la nueva ley se hace notar que en México existen en promedio 523 trámites por entidad federativa y 144 a nivel municipal, lo que sugiere que a nivel nacional existen más de 350 mil trámites, un problema que afecta directamente a la población. Una persona, en su vida, en promedio realiza 486 trámites, de los cuales el 85 por ciento se hacen ante gobiernos locales, es decir con entidades federativas y municipios.
Uno de los principales desafíos que enfrentan los gobiernos de los tres órdenes – indica el documento – es acabar con los trámites complejos, largos y costosos, con requisitos redundantes o innecesarios que impactan negativamente en la vida de las personas, dificultan el acceso a derechos, a servicios públicos, a sus beneficios sociales, generan incertidumbre jurídica y espacios de discrecionalidad y corrupción. RDM
