Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
La escalada de las últimas semanas para censurar (con todas sus letras) cualquier crítica y señalamiento contra quienes hoy ostentan el poder en México avanza ante la indiferencia de la mayoría.
En una entrega anterior de la Rúbrica, “Los déspotas iletrados”, se mencionó el uso faccioso de tribunales y órganos electorales para acallar a medios y periodistas usando el arma de censura de moda, el tipo penal de la violencia política de género, así como al Poder Legislativo para sacar adelante reformas legales que amenacen el ejercicio de la libertad de expresión, como ha sucedido en Veracruz, Campeche y Puebla.
Esos “déspotas iletrados” comienzan a brotar por todas partes, animados por la absoluta impunidad con la que pueden abusar del poder a través de instituciones que hace no tanto tiempo fueron un baluarte democrático, pero que han sido cooptadas, colonizadas y demolidas por un régimen cuyo elevado y feroz autoritarismo solo es comparable con el desparpajado cinismo que le asoma para jurar que “no hay censura” en el país. “Hay la mayor libertad de expresión de la historia, no se censura a nadie. Ahora todos traen censura, censura, y nadie los censura, pero hablan de censura”, dijo, sin asomo de vergüenza, la presidenta con “A” para defender a los impresentables y autoritarios gobernadores de Puebla y Campeche.
Pero no les basta arremeter e intimidar solo a los comunicadores profesionales. El régimen de la restauración antidemocrática ha comenzado a perseguir ciudadanos. Como el activista Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización civil Defensorxs, quien fue denunciado por “violencia política de género” ¡por otro hombre!, el exdirector de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, Luis Castañeda Palacios, quien acaba de ser candidato a juez laboral en la Ciudad de México y se sintió “violentado” por la publicación de una investigación en la que se mostró que está acusado por al menos 36 mujeres por acoso sexual y amenazas.
Pero la denuncia no fue lo más disparatado, sino que el Instituto Nacional Electoral le dio entrada e inició un proceso contra el activista, del que después de que éste lo denunció públicamente, se desistió. O al menos, eso le dijo en un comunicado. Miguel Alfonso Meza y la organización que encabeza fueron parte de las asociaciones civiles y ciudadanos que impugnaron la ilegal e ilegítima elección judicial.
Lo que sucedió en Sonora fue más grotesco. Una usuaria de redes sin cargos ni credenciales públicas fue verdaderamente arrinconada por el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le impuso una sentencia desproporcionada, más bien una suerte de “escarmiento” público: tomar cursos sobre violencia, pagar una multa y pedir disculpas públicas durante 30 días seguidos en su perfil de X, además de inscribirla el registro de personas sancionadas por violencia política durante 18 meses. Humillarla, además de afectarla económicamente.
Su “grave delito” fue mencionar la influencia de un diputado federal de Morena para hacer candidata a su esposa al Congreso de ese estado. El legislador aludido no es otro que el infame Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados que cada seis años se “acuerda” que nació en Veracruz –donde nadie lo conoce- para buscar la gubernatura.
Junto con el abuso de poder y el uso faccioso de las instituciones para censurar y cercenar la libertad de expresión, comienza a quedar en evidencia el efecto más pernicioso del asalto del morenato a los organismos antes autónomos y hoy sometidos, y del golpe de Estado perpetrado contra el Poder Judicial: la ciudadanía está completamente desvalida, vulnerable, indefensa ante la ola autocrática que se abalanza sobre México para imponer un control absoluto, lo cual solo es posible sometiendo a una sociedad que, por migajas, le entregó gustosa todo el poder a un régimen que profesa un autoritarismo ramplón, vulgar, pedestre, pero cada vez más represivo y violento.
Era solo cuestión de tiempo para que también comenzara a perseguir ciudadanos de a pie. ¿Ya le podemos llamar fascismo, o todavía no?
Estado militarizado
A lo anterior, súmele las nuevas y amplísimas facultades que les entregarán a los militares para espiar ciudadanos de manera “legal” y para buscar, prácticamente sin mayor restricción, cargos de elección popular.
Si todavía no hay dictadura, ¡cómo se va pareciendo a una!
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