Por Alejandra Del Río
El 25 y 26 de junio de 2025, se soltó una bomba que ha cimbrado fuerte a la opinión pública mexicana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a través de su red de control de delitos financieros a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, esta última propiedad de Alfonso Romo, quien fue el honorable jefe de la Oficina de Presidencia bajo el Presidente López Obrador— por haber facilitado el lavado de dinero para cárteles como el de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación, el del Golfo y el cartel de los Beltrán Leyva. Se les atribuye haber gestionado decenas de millones de dólares, incluyendo transferencias a China para adquirir precursores del fentanilo, y la operación de sobornos a figuras como Genaro García Luna el villano al que aún ella, achaca todas las culpas de la escalada del narco en nuestro país.
Como reacción, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, intervino de forma temporal a CIBanco, Intercam y Vector para proteger a clientes, mientras que el gobierno exigió pruebas y cuando decimos que exigio… pueden revisar el video de Loret en Latinus donde en cosa de 5 minutos, la Presidenta Claudia Sheinbaum exigio 23 veces pruebas al gobierno americano, además de decirle a la Fiscal General de Estados Unidos Pamela Bondy que estaba desinformada, comentario que debe haber caido bastante mal en Washington, habría que preguntarle a la Presidenta por que si como afirmó no presentaron pruebas la CNBV intervino a los tres bancos.
Dichas instituciones financieras, evidentemente rechazaron las acusaciones, señalando que no han recibido “evidencia concreta” de Estados Unidos y que solo se detectaron “faltas administrativas” en investigaciones locales.
Estas acusaciones generan graves implicaciones para la relación México–Estados Unidos:
La postura oficial de México fué que estas sanciones, impuestas sin pruebas públicas, afectan nuestra soberanía financiera. La presidenta Sheinbaum criticó la medida como infundada y señaló enérgicamente que “México no es piñata de nadie” hablando directo pero con una analogía bastante charra, de que EE. UU. no debe pegarle a la reputación del país y demandó que México debe ser tratado con respeto e igualdad, cosa que extraña bastante ya que en ningun momento el gobierno americano acusó al gobierno mexicano de nada, solo sanciono a 3 instituciones financieras “privadas” por lavado de dinero y vinculos con los narcos, así que realmente lo que está sucediendo desde la más alta esfera del gobierno es que literalmente nos estamos (utilizando otra analogía como la de la Presidenta) “poniendo el saco”.
EE. UU. desplegó una nueva herramienta legal —el “Fentanyl Sanctions Act” y FEND Off Fentanyl Act— para golpear no solo al tráfico de estupefacientes, sino a las estructuras financieras que lo soportan. Esto refuerza su estrategia integral de presión sobre México en temas de seguridad y narcotrafico.
Aunque los bancos en cuestión no son grandes (menos del 1 % del total de activos bancarios), su desconexión del sistema interbancario en EE. UU. representa un golpe reputacional serio. Expertos dicen que quedar aislados de operaciones en dólares puede ser “un golpe de muerte” para estas entidades.
El gobierno mexicano además de Intervenir dichos bancos para proteger a sus usuarios y de pedir reiteradamente las pruebas de los pecados cometidos, advirtió al resto de las entidades financieras nacionalers para que refuercen sus controles antilavado; entre tanto la Asociación Nacional de Bancos señaló que la situación no representa un riesgo sistémico y que el sistema financiero mexicano sigue siendo sólido.
Sin embargo, analistas advierten que esto podría desencadenar una ola de auditorías, mayor obligación a la transparencia y posibles cambios regulatorios estrictos —una reacción inevitable ante la presión externa y el daño reputacional.
Esta acción se enmarca en una estrategia estadounidense más agresiva para desmantelar la cadena financiera del fentanilo, que ya causó casi 50 000 muertes por sobredosis en 2024. Es parte de una presión acumulada que incluye desde designaciones de cárteles como organizaciones terroristas hasta imposiciónes arancelarias.
El golpe de hoy sin duda cobra importancia al mencionarse al ex-jefe de la oficina del Presidente López Obrador ya que vuelve a poner en la agenda nacional la imperante necesidad de investigar, acusar y castigar a aquellos políticos que realmente tienen nexos con el narcotráfico; el que la oficina adyacente a la de la presidenta aún conserve el olor a lavado de dinero, pone en jaque a su gobierno y a ella en la disyuntiva de o seguir defendiendo al indefendible ex-mandatario, al encargado de la lavandería del palacio, Alfonso Romo, a los a todas luces corruptos juniors del bienestar, entre ellos el ahora líder del partido que la llevo al poder, a los creadores del fraude de SEGALMEX y tantas otras joyitas heredadas por su mentor y caudillo, o de una vez por todas empezar a cortar cabezas, (en sentido figuarado) sacar a los lastres transexenales de su gabinete, correr a los lideres de su partido en el congreso que han estado operando en su contra, entregarle a los americanos a los narco-políticos, perseguir sin cuartel a los corruptos sean o no de su partido y convertirse en la Presidenta que todo México ha estado esperando, preparada, desvinculada con su terrorífica herencia de corrupción y amiguismo con los narcos y lista para llevar al país al siguiente nivel.
