La inseguridad que hay en la frontera sur ha inhibido la llegada de trabajadores de Guatemala para trabajar en el campo, la construcción y el sector de servicios en México. Datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) muestran que, por primera vez en más de dos décadas, las solicitudes de tarjetas de visitantes regionales, con las que miles de guatemaltecos entran a laborar de manera legal a Chiapas, han caído 25 por ciento.
Lo que antes era un corredor tradicional de trabajadores guatemaltecos que cada año cruzaban la frontera para trabajar en las fincas de café, caña y plátano del Soconusco, hoy se ve truncada a causa de la violencia generada por los grupos del crimen organizado que se disputan el control de esa zona.
La violencia ha alterado la vida cotidiana y comercial de los municipios serranos, como Frontera Comalapa, además alterar el equilibrio laboral en la región, afectando tanto a los trabajadores guatemaltecos como a los productores mexicanos que dependen de su fuerza de trabajo.
Datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) confirman una fuerte reducción en el flujo de personas por la frontera sur. Por ejemplo, en la delegación de Tecún Umán, una de las que tradicionalmente ha registrado mayor número de cruces fronterizos, en el año 2023 se atendieron 180 mil 787 cruces, mientras que en 2024 sólo fueron 50 mil 234, lo que representa una caída de 72.2 por ciento; y de enero al 15 de junio pasado, sólo se han gestionado 20 mil 482 salidas.
De acuerdo a la información de la corresponsal Roxana González del periódico Diario del Sur, en otras regiones como Tecún Umán II, orientada al comercio con México y Centroamérica, se registraron 179 mil 264 trámites en 2023, pero en 2024 sólo se contabilizaron 19 mil 69, lo que significó una caída de 89.3 por ciento, y en El Carmen, la reducción fue de 70.2 por ciento al pasar de 139 mil 849 salidas en 2023 a 41 mil 657 en 2024. Hasta el 15 de enero pasado, se habían gestionado 16 mil 548 salidas.
Además, por primera vez en más de dos décadas, las solicitudes de tarjetas de visitantes regionales, con las que miles de guatemaltecos entran a laborar de manera legal, han caído 25 por ciento. Así, mientras en el primer semestre de 2023 había una demanda de 350 mil tarjetas, en 2024 no llegaron a cien mil y en este año la cifra no supera las 87 mil 500.
Según el IGM, los trabajadores guatemaltecos tienen miedo de cruzar ante la violencia que se ha reportado en estados como Chiapas, Tabasco y Campeche, por lo que prefieron quedarse a trabajar en su país, aunque ganen menos.
La oficina del gobernador de San Marcos, Rolando López Crisóstomo, confirmó a la periodista del Diario del Sur que ha habido una disminución del flujo de personas hacia México por los pasos fronterizos y aduaneros e incluso señaló que hace unos tres meses sucedió que un grupo de guatemaltecos no pudo asistir a un taller de serigrafía maya en el Museo de Tapachula, porque “se les exigió el pago de un impuesto ilegal”.
“Tienen miedo de ser secuestrados, de quedar en medio de un enfrentamiento o peor aún, de no regresar a Guatemala”, señaló la oficina, vía correo electrónico, destacó la nota del diario.
La frontera sur de México ya no solo es punto de tránsito migratorio ni escenario de crisis humanitaria: se ha convertido en un campo de batalla estratégico para los grupos del crimen organizado. Ante esta creciente disputa territorial entre cárteles, el gobierno mexicano ha comenzado a desplegar una estrategia para recuperar el control de esta importante región donde, incluso, se pretende crear un polo de desarrollo industrial.
En los últimos años, informes de inteligencia federal han confirmado que cárteles mexicanos, maras centroamericanos y grupos armados locales se disputan rutas, cobros de piso, tráfico de personas y contrabando de armas y drogas en la frontera con Guatemala. El vacío institucional y la débil presencia del Estado han permitido que estos grupos consoliden redes de control territorial, muchas veces camufladas como transportistas, vigilantes comunitarios o coyotes.
Ante esta situación, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, inició su gobierno con la prioridad de restablecer la paz y la seguridad en la entidad, creando la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, además de mejorar el salario, el armamento y los vehículos de la policía estatal que ahora, con la aprobación del Congreso, se llama Guardia Estatal, “lo que da certeza jurídica para aplicar políticas públicas que contribuyan a la paz y el orden social, en coordinación con la Guardia Nacional”.
De igual manera, se ha anunciado la llegada de un helicóptero artillado, Black Hawk de tipo militar, para fortalecer las labores de seguridad en la zona fronteriza, principalmente en el área de Frontera Comalapa, que se mantiene como el municipio más peligroso de la entidad.
Y, como parte del “fortalecimiento integral de la estrategia de seguridad”, el gobernador Ramírez destacó la adquisición de la unidad móvil Kanan, un vehículo blindado, equipado con tecnología de vigilancia, comunicación satelital, sala de crisis, cocina, dormitorio, autonomía solar y drones artillados, con capacidad para 24 personas y para operar en zonas remotas. RDM
