Para Contar
Arturo Zárate Vite
En el 2012 el juez Eduardo Torres Carrillo violó el artículo 19 de la Constitución al no resolver la situación jurídica del detenido en el plazo de las 72 horas establecido por la ley y fue perdonado por el Consejo de la Judicatura Federal que entonces presidía el ahora ministro en retiro Luis María Aguilar.
Ya como magistrado, compitió en las elecciones de 1 de junio pasado para mantenerse con el cargo en el cuarto tribunal colegiado en materia de trabajo con sede en Monterrey. Ganó, pero, el Consejo General del INE descubrió en una primera revisión de sus estudios académicos que no tenía promedio mínimo de 8 en licenciatura ni el promedio de 9 en las materias relacionadas con su especialidad.
Lo salvó el hecho de que estuviera en funciones como magistrado porque la reforma judicial estableció que, para estos casos, el pase era automático para participar en la elección, sin necesidad de examinarse en el respectivo comité de evaluación de ninguno de los distintos poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
Por lo tanto, de no suceder nada extraordinario, a partir del 1 de septiembre, una vez que rinda protesta ante el Senado, como lo harán los candidatos y candidatas que obtuvieron su constancia de mayoría, seguirá laborando en Monterrey en el cuarto tribunal colegiado.
De cualquier manera, Torres Carrillo, por sus antecedentes, estaría en la mira del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que reemplazará al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en la vigilancia del desempeño de todos los juzgadores.
Si bien el CJF lo exoneró de haber violado la Constitución, la Recomendación 27/2013 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que es un documento público, exhibe su incumplimiento.
Textualmente la Recomendación dice: “es de señalarse, que de la información y las constancias recabadas, se advirtió que hubo un exceso del término de las 72 horas para que las autoridades judiciales resolvieran la situación jurídica del detenido, por lo cual, se dará vista respectiva ante el Consejo de la Judicatura Federal a fin de que en el ámbito de su competencia determine lo procedente”.
Lo que el consejo determinó es que dicho juez no era culpable, con el argumento de que físicamente estaba impedido para cumplir con la ley. El juzgador estaba en la ciudad de México y el detenido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano en el estado de México, a 90 kilómetros de la CDMX.
En otras palabras, en tres días no pudo realizar su trabajo en un sitio que estaba a menos de una hora (transportación por carretera) de su juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales.
La situación tuvo un agravante más porque en ese lapso (cinco días en penal de máxima seguridad) el detenido fue torturado como consta en la misma Recomendación de la CNDH.
Además, hasta la fecha todavía no se explica porqué el periodista y defensor de los derechos humanos, acusado de un delito menor fue llevado a la prisión que se supone es exclusiva para delincuentes de alta peligrosidad.
Luego, al desarrollarse el juicio, el juez Eduardo Torres Carrillo sólo participó en dos de un total de 22 audiencias.
Quien hizo prácticamente todo el trabajo, de escuchar a las partes involucradas y a los testigos fue el secretario Alejandro Martínez Moraza.
Con ese conocimiento, el secretario elaboró un proyecto de sentencia absolutoria, nada más que el juez le ordenó, por consigna, que tenía que ser condenatoria.
Esta es la historia del juez deshonesto, que está a punto de prolongar su estancia en el colegiado de Monterrey.
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