Luis Farías Mackey
En El País, Salvador Camarena hace una autopsia de la oposición mexicana (16 viii 25) y, como siempre, es insuperable. De ella quiero aprovechar una vertiente que creo oportuna ahora que el sistema democrático que mal construimos está en su último estertor, y ésta es el tema del financiamiento público a los partidos.
Salvador habla de la generación hoy en las dirigencias partidistas apoltronada en el paraíso de las prerrogativas económicas, excepción hecha por razones etarias de la del PT, aunque no por ello también y más que apoltronada.
A nadie puede sorprender que sea el dinero y el apoltronamiento (Ley de Michel) lo que hoy esgrime Morena para acabar con todo el sistema electoral mexicano, del que medró y medra como ningún otro, sí, más en numerario y en cinismo que el propio PRI.
Las plurinominales y las prerrogativas públicas, siendo originalmente reformas necesarias y correctas fueron depravadamente torturadas por los partidos, así como sucedió con el IFE-INE y el Tribunal Electoral que, evangelizando por unas instituciones republicanas modestas y moderadas, terminaron en desmesuras protagónicas y burocracias doradas. Partidocracia y elitismo electorero existen y ofenden, pero por ellos y en su nombre habremos de enterrar nuestro desarrollo político y libertades ciudadanas.
Imposible no admitir lo ofensivo del financiamiento público de los partidos, pero el tema tiene raigambres de mayor profundidad que lo escandaloso de las cifras que se ponen en circulación de manera, lícita e ilícita, en tiempos de campañas.
Salvador señala una, la más grave y perniciosa, la de los “mantenidos de la transición”, clubes, les llama, distanciados de sus militancias, reducidas éstas a meros padrones en donde hacen gala, exponenciados, todos los vicios que en su momento acusaron del ciudadano a cargo hoy del INE y también con fecha próxima de sepelio.
En 96 se alertó de ello, pero el cebo en el anzuelo del dinero acalló todas las voces que entonces señalamos que el financiamiento público liberaba a las dirigencias partidistas de sus obligaciones para sus militantes. Hoy, la consecuencia no sólo se da en los clubes de mantenidos y apoltronados, sino en la esterilidad partidista para producir en su seno candidaturas, convertidos todos los partidos en agencias de caza candidatos ajenos, empresas recicladoras de desechos políticos, negocios de espectáculos y ridículos.
Hasta el 96, el mismísimo PRI tenía que atender, responder, promover, defender, consentir y reproducir permanentemente a sus militantes, importaba más sus aportaciones en especie, su trabajo en territorio, organización y pronta respuesta, su participación y efectividad, que los publicistas, los encuestadores y los estrategas electorales, digitales y musicales, también “mantenidos de la transición”. A partir del financiamiento público los partidos dejaron de depender de sus militancias, los votos ya no se trabajan pacientemente a lo largo del tiempo y ancho del territorio, sino se capturan con trucos publicitarios, cancioncitas tontas o simplemente se compran.
El daño al sistema de partidos, como bien lo plasma Camarena, es irreversible y terminó por hacer metástasis en la democracia toda.
Pero veamos otros impactos de aquella bien intencionada medida. Se trataba, primero, de darle dinero al PRI por arriba de la mesa, en cada elección era menos ocultable su dispendio y huellas; por eso Zedillo dijo aquello de que su elección había sido legal, más no legítima. Pero aquello era imposible sin salpicar, de suerte que se generalizó el financiamiento a todos los partidos, no sólo al PRI.
Lo segundo fue que con el financiamiento público los partidos estarían a salvo del dinero sucio, principalmente del crimen organizado, pero también empresarial, que ya para entonces apostaba fuerte por hacerse del poder a trasmano. Pero también en eso fallamos al creer que la voracidad de los profesionales de partido tenía límites autoimpuestos y que, al abrirles las arcas del gobierno, no iban a comer también de otros poderes en muchos casos más ricos, más poderosos y más presentes y cercanos que el propio Estado.
Arriba hablo de la dependencia de la “militancia” y no de militantes, habida cuenta que se puede ser militante y no militar. Tal es el caso hoy en todos los partidos en México, tras regístrate en cualquiera de ellos, no existen espacios efectivos para militar más allá, en el caso de Morena, de llenar las plazas y las urnas.
Un pecado no menor que, de suyo y por sí mismo, pinta a nuestros partidos de cuerpo entero, fue llevar la fórmula para calcular el financiamiento público a la Constitución. En técnica legislativa, lo único que debió entrar a la Carta Magna fue el derecho de los partidos al financiamiento público, conforme lo dispusiera las leyes de la materia. En lugar de ello, se legisló el método, los porcentajes, la fórmula y su ruta incremental en la propia Constitución, de suerte que prácticamente fuese imposible quitarlo. Jamás pensaron que en lo que devinieron las izquierdas nacionales llegaría a robarse la sobrerrepresentación para mandar al diablo el financiamiento de los demás partidos y a los partidos mismos. No dudo que Morena deje en la Constitución un financiamiento público hegemonizado por ella y con cláusula incremental, como dice Pablo Gómez, para hacer valer su mayoría.
Otro grave error, lleno de ternura y romanticismo, fue destinar un financiamiento público específico para tareas de desarrollo político, investigación, formación democrática y tareas de difusión a cargo de los partidos. Baste ver a los dirigentes de todos los partidos sin excepción para conocer los grandes frutos de semejante esfuerzo.
Hoy tenemos partidos, más no ciudadanos ni vías abiertas de participación ciudadana; partidos que tienen que salir a pepenar candidatos, inventarlos o disfrazarlos de tales; partidos de campañas en cruces vehiculares de gran tráfico, porque no reúnen ni a media docena en día de quincena; no existe la educación cívica, no hay cultura política, menos de la legalidad; no hay vocación democrática, la hay partidocrática; no hay capacidad efectiva ciudadana y pronto no habrá libertades ni derechos políticos en México.
El dinero en lo electoral no hizo más que dirigentes ricos con miserias electorales y miserables comportamientos.
Si el financiamiento público hubiese tenido otro contexto, puede que no hubiese sido tan pernicioso como resultó, pero en el fondo aquello fue un pacto político entre mafias habidas de poder político y económico. Lo suyo nunca fue el desarrollo político ni la madurez ciudadana.
Además de fiscalizar a partidos, debimos regular detalladamente el financiamiento público y sancionar draconianamente el privado ilegal; en lugar de ello creamos burocracias en partidos, INE y tribunales para hacer que hacemos transparencia, regulación y justicia, mientras los mantenidos se hacen cada vez más pequeños en número -clubes- y en tamaño política.
Dice el dicho que en arca abierta el santo peca. Y nuestros partidos nunca han sido santos.
Un elemento añadiría a la autopsia del buen Salvador, que lo magistralmente por él desarrollado es por igual imputable a los mantenidos y apoltronados de Morena. Claro, ellos no están listados en el orden de paredón del día, pero que se hayan hecho del poder no los salva de la metástasis del oro en la democracia mexicana.
