José Luis Parra
A ver si ahora sí comparece el señor contraalmirante Fernando Farías Laguna. Porque este lunes 20 de octubre, el marino —con más amparos que méritos— deberá presentarse finalmente ante la justicia en Almoloya. Lugar muy adecuado, por cierto, para la dimensión de la red criminal en la que se le acusa de haber participado. Porque esto ya no es una trama. Es una narcoópera con escenografía institucional, coros militares y una partitura escrita con litros de gasolina robada.
¿El cargo? Nada menos que ser pieza clave de la red de huachicol fiscal más grande de este sexenio. Un entramado que incluye barcos, millones de litros, aduanas, militares, funcionarios y familiares muy bien conectados. El clásico combo de corrupción mexicana, pero versión premium: con uniforme, escudo nacional y seguro de gastos médicos mayores.
Fernando no actuaba solo. Compartía estelar con su hermano Manuel Roberto. Juntos eran conocidos dentro de la Marina como Los Primos, aunque más bien parecían los hijos políticos del almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el gobierno de López Obrador. Porque si bien la genética no se hereda por decreto, los ascensos exprés sí.
Según la investigación judicial, los Farías Laguna “consolidaron un control sistemático y sostenido sobre la ANAM”, valiéndoles madre la ley, pero mucho sus vínculos familiares. Y todo esto con la venia —presunta, claro— del tío Ojeda. Qué bonito es lo bonito: tráfico de influencias, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal… todo en familia.
Pero no sólo robaban. También blanqueaban con estilo. Casas, terrenos, coches de lujo, seguros de vida carísimos y créditos relámpago para simular operaciones legales. El manual del lavado de dinero, edición Marina 2024.
Lo mejor del caso es que, como buenos marinos, juraron lealtad a la patria. Claro, pero primero le cobraron impuestos a la bandera: 65 millones de pesos en gastos personales para Fernando, y otros 28 para Manuel Roberto. Todo con sueldos de cien mil pesos mensuales. Aquí la aritmética es sencilla: 100 mil entra, 3 millones de dólares salen. ¡Magia mexicana!
Y no. No estamos ante una excepción del sexenio. Estamos ante el reflejo de un sistema donde las Fuerzas Armadas fueron tratadas como un partido político aliado, con presupuesto, poder y cero supervisión. Un sistema donde se nos vendió la idea de que el uniforme blinda contra la corrupción. Error.
Esto es lo que pasa cuando militarizas las aduanas, las construcciones, la seguridad pública… y los negocios. Te sale caro el experimento y aún más cara la impunidad.
Ahora, que nadie se llame a sorpresa. En este país, la corrupción se hereda con la misma naturalidad que un apellido compuesto. La novedad aquí es que la juez que lleva el caso es la misma de la Estafa Maestra. Y eso quiere decir que por lo menos alguien ya aprendió a leer expedientes gruesos sin vomitar.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum dijo que iría a fondo. A fondo hay que ir, sí, pero con casco de buzo y tanque de oxígeno. Porque lo que hay debajo de esta red huele a podrido desde las primeras filtraciones.
Mientras tanto, veremos si Los Primos comparecen como soldados o como fugitivos de la verdad. En ambos casos, México vuelve a pagar el costo.
Y la gasolina… también.
