Astrolabio Político
Por: Luis Ramírez Baqueiro
“El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son”. – Tito Livio.
En México la violencia política municipal no es un accidente: es una operación deliberada que exhibe lo vulnerable que resulta una sociedad que, por costumbre, se deja manipular.
El reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, en Michoacán, se suma a una larga lista de agresiones contra autoridades locales que muestran cuán frágil es la brújula social frente al crimen, la impunidad y la indiferencia colectiva.
Los datos hablan con crudeza. En los últimos nueve años, según reportes recientes, han sido asesinados al menos 106 presidentes municipales en México. Este año, 2025, se han documentado al menos siete alcaldes asesinados hasta la fecha. Y otras fuentes elevan la cifra a 10 sólo en los últimos doce meses.
En el proceso electoral pasado, la violencia alcanzó a cientos de candidatos a cargos locales —por ejemplo, durante el proceso 2017-2018 fueron asesinados 48 precandidatos y candidatos— lo cual acentúa la sensación de que incluso quienes no toman protesta operan bajo amenaza constante.
Los estados más golpeados por esta lógica de violencia política municipal coinciden con los territorios donde el crimen organizado y la debilidad institucional convergen: entidades como Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz se han señalado como focos críticos de ataques contra alcaldes y exalcaldes.
Y si la impunidad es la norma —como apuntan diversas investigaciones— el mensaje para la ciudadanía es doble: no solo se mata a políticos municipales, sino que se socava el tejido de la gobernabilidad.
En este escenario la sociedad adquiere un perfil preocupante: se vuelve maleable. Cuando los medios, las autoridades y los discursos oficiales permiten que la violencia parezca “parte del paisaje”, la brújula colectiva se pierde.
Se acepta que un alcalde sea ejecutado en pleno evento público, como ocurrió con Manzo, sin que estalle una movilización profunda que cuestione el sistema.
Se repite el ritual del “condenamos el hecho” e “investigaremos”, mientras las cifras siguen subiendo.
La pérdida de respeto a las autoridades —que por definición deberían representar el pacto social, la protección pública, la integridad institucional— no es solo simbólica: es estructural. El asesinato de un alcalde no es un episodio aislado de violencia, es un golpe al contrato social: quienes gobiernan en nombre de la comunidad pueden ser blanco de la anarquía criminal. Si la sociedad sigue reaccionando como víctima pasiva, sin exigir rendición de cuentas, lo que se abre es un terreno fértil para la manipulación: por el miedo, la resignación o la distracción mediática.
El reto es devolverle a la autoridad —y a la sociedad— la brújula. Exigir que cada municipio tenga condiciones de seguridad y justicia. Que cada asesinato de un servidor público municipal deje de ser “otro dato más” para convertirse en un punto de inflexión. Mientras tanto, los reflejos de manipulación colectiva prevalecen: aceptamos que en México sea un “trabajo de alto riesgo” ser alcalde, y eso no solo es indignante, es peligroso para todos.
Al tiempo.
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