Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
El caso de un “cártel inmobiliario” en Veracruz que explotó esta semana a nivel mediático es un espejo de la descomposición institucional que atraviesa al estado y cuyas aristas amenazan con hacer una brutal carambola entre la clase política de la entidad.
Lo que comenzó como denuncias de despojos de viviendas y terrenos mediante juicios fabricados, escrituras falsas y mutilación de registros públicos, se revela como algo mucho más amplio y grave: una red de complicidades que involucra a jueces, notarios, funcionarios del Registro Público de la Propiedad, abogados, “coyotes”, empresas inmobiliarias y operadores políticos.
Uno de los casos que captó la atención mediática fue el del desalojo de una familia de una residencia en el fraccionamiento Las Ánimas de Xalapa, valuada en ocho millones de pesos, pero que fue “vendida” en una operación irregular en la ridícula suma de 300 mil pesos. En este caso, se denunció que quien firmó las actuaciones judiciales y ordenó el desahucio de los legítimos dueños fue el entonces juez Leopoldo Toss Capistrán.
Se trata de un funcionario judicial cuyos antecedentes turbios no se limitan a ese caso. En su paso por el Juzgado Octavo de lo Familiar de Xalapa enfrentó denuncias por corrupción y violencia vicaria, concretamente por retener y hasta cobrar “moche” por las pensiones alimenticias de menores de edad. A tal grado llegaron las quejas, que el ahora extinto Consejo de la Judicatura ordenó una visita extraordinaria para supervisar su actuación. Pero lejos de ser sancionado, fue protegido y promovido durante la presidencia de Lisbeth Aurelia Jiménez en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEV), hoy flamante fiscal general de Veracruz.
Toss Capistrán ya no es juez. Ahora es magistrado del TSJEV, pues compitió en la malhadada elección judicial local de junio pasado y resulta que ganó, a pesar de todos esos señalamientos en su contra.
Quizás en ello haya influido otra pequeña ventaja: su hermano Adolfo Toss Capistrán es ni más ni menos que el director de Política Regional de la Secretaría de Gobierno de Veracruz, que encabeza Ricardo Ahued Bardahuil. Vínculo familiar y político que refuerza la percepción de que esa red de corrupción inmobiliaria no solo se sostiene en complicidades judiciales, sino también en “coberturas” desde la estructura gubernamental, lo que bien puede explicar la impunidad con la que se han ejecutado los despojos en Xalapa y otros municipios cercanos.
El “cártel inmobiliario” es pues un entramado que ha dejado víctimas concretas: familias despojadas de sus hogares, patrimonios pulverizados y la certeza de que instituciones que deberían garantizar justicia se transformaron en instrumentos de pillaje.
La respuesta oficial ha sido tibia. La gobernadora Rocío Nahle García reconoció la existencia de las denuncias de las familias afectadas y anunció que solicitó durante la pasada mesa de seguridad una lista de los notarios y jueces que estarían bajo sospecha de participar en estas irregularidades.
Podría empezar por preguntarle a Adolfo Toss, que trabaja para su administración. O a su jefe directo, el secretario de Gobierno Ricardo Ahued. Aunque lo distraiga un poco de su labor como “remodelador” de palacios.
El último clavo del ataúd de la autonomía de la UV
Tras el previsible rechazo de la “morenizada” Suprema Corte de Justicia de la Nación –la caricaturesca “Corte del acordeón”- para atraer el caso de la prórroga ilegal concedida a Martín Aguilar Sánchez en la rectoría de la Universidad Veracruzana, la última esperanza del movimiento que se opone a la burda imposición es la sesión del Consejo Universitario General, órgano máximo de dirección de la institución, programada para este lunes.
Sin embargo, se antoja improbable que este órgano se atreva a destituir al espurio y a disolver a la inmoral Junta de Gobierno. Parece más bien que el lunes solo se colocará el último clavo en el ataúd de la autonomía de la UV, cuya comunidad no hizo lo suficiente por defenderla de los pandilleros que la secuestraron.
Aunque vale la pena destacar que ningún órgano judicial determinó que la prórroga fuera legal. Únicamente se negaron a estudiar y pronunciarse sobre el fondo del asunto, con pretextos estúpidos como el del “autogobierno” de la Universidad, como si eso la volviera inmune a sanciones por violar la ley.
Una cosa es cierta. Aguilar es y será un “rector” ilegal e ilegítimo, que dio un golpe a la casa de estudios. El sello de la casa.
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