Sería lo óptimo que la Primera Magistrada de la Nación, durante lo que resta de su mandato, tomara conciencia de que uno de los ideales primordiales de la democracia y del Estado de Derecho lo es el de la sumisión de su poder a las exigencias que se encuentran establecidas en la Carta de Carranza.
El gran problema de su gobernanza en tópicos de justicia, radica en el hecho que sus estrategias cognitivas evitan un esfuerzo para depurar, de tanta corrupción, el entorno de procuración e impartición de justicia, con la esperanza de evitar un fracaso que lesione su autoestima. Dicho problema tiene una gran historia en anteriores gobernantes.
Durante largas décadas el problema substancial de la democracia en México, ha sido y seguirá siendo prevenir que se eviten actos de corrupción en la esfera de justicia, ya que en ese entorno radica el principal sostén de la soberanía del Estado. La abogacía independiente de la Nación, desde su atalaya de observación se ha venido percatando de la inexistencia de un actuar para evitar y sancionar ese malsano poder de corrupción.
Para el Poder Ejecutivo Federal, del antes y del hoy, han existido y existen cuestiones de carácter político para no depurar el medio de procuración e impartición de justicia, dado ello, aquellas decisiones de malos gobernantes los ha convertido en cómplices de ese fenómeno.
Para esa caterva política, los procedimientos de control y de responsabilidad no los quieren iniciar, ya que en su concepto no existen presunciones de que la procuración e impartición de justicia no funcione.
Para esa errónea forma de pensar y gobernar, les importa más la crítica que puedan atraer, ignorando con ello que el Código Penal Federal, de manera simple condiciona la obtención de justicia que México requiere.
En nuestros ordenamientos jurídicos patrios, los cuales la abogacía independiente conoce y maneja a la perfección, existe la instancia que auxilia una pronta depuración de la justicia. Por ello, se sabe que la única forma de gobernar sana y eficazmente es garantizando al justiciable que el Poder Ejecutivo actúe apoyado en nuestro Estado Derecho.
Los argumentos que siempre han manejado los gobernantes están sometidos a la crítica que puedan recibir de sus adeptos y de la oposición; resulta imposible para México seguir manteniendo esa forma de pensar y gobernar hasta el infinito.
México necesita estar libre del fenómeno de corrupción.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
