CAFÉ DE MÉXICO
Por José Luis Enríquez Ambell
Las fuentes más confiables en este asunto son el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), la SSA (Secretaría de Salud y Asistencia) y la CONAPO–SEGOB (Comisión Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación): un organismo autónomo y dos sectores del gobierno federal que permiten conocer y dimensionar que el embarazo infantil es un problema de gran magnitud en el país, con miles de niñas dando a luz cada año.
La radiografía a 2025 sobre este fenómeno advierte que se presenta principalmente en grupos vulnerables, con alta morbilidad materna en menores de 15 años y profundas brechas sociales en comunidades indígenas. Esto obliga a una atención urgente del sector gobierno en su conjunto, donde instancias como el DIF podrían jugar un papel relevante por su amplia cobertura territorial, al menos en estados como Veracruz.
Hace unos días, en Chiapas, una menor de entre 12 y 13 años fue reportada en estado grave tras dar a luz en San Cristóbal de las Casas, en el área de urgencias del Hospital de las Culturas. El caso no es menor: se habla de la presunción de violencia sexual contra la menor, y de que la persona que la llevó al hospital no proporcionó datos ni acreditó su identidad, abandonando a Daisy “N”. Esto va mucho más allá de la figura de la maternidad infantil.
Casos como este muestran que el embarazo infantil no es maternidad, sino un símbolo de violencia. Y que NO debe normalizarse ni entenderse como una elección personal plenamente consciente. Representa una ruptura en los mecanismos de protección de niñas, niños y adolescentes, y evidencia que los entornos que deberían ser seguros han fallado en garantizar su pleno bienestar e integridad. O sea, “NO deben existir silencios cómplices en estructuras familiares y comunitarias frente a abusos, violencia sexual o incluso pederastia”.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) reportó que tan solo en 2023 se registraron 9 802 casos de niñas, niños y adolescentes de 1 a 17 años atendidos en hospitales por violencia sexual, de los cuales el 92 % correspondían a mujeres. Al iniciar 2026, el caso de Daisy “N” no debería verse como un hecho aislado.
Información del INEGI coloca a Chiapas como la entidad con el primer lugar nacional en nacimientos registrados en niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años. Tan solo en 2024 se documentaron 19.4 nacimientos por cada 100 000 habitantes en este grupo etario. Existen además registros de violaciones contra niñas y adolescentes que ocurren principalmente en el seno familiar: el 60 % de estos delitos presenta un vínculo familiar o afectivo entre la víctima y su agresor.
Durante 2025, el sector salud informó que 269 niñas de entre 10 y 14 años sufrieron complicaciones de salud extremadamente graves durante el embarazo, parto o etapa de posparto. Se estima que diariamente nacen aproximadamente 21 bebés de niñas menores de 15 años, aunque cifras de 2024 reportaron cerca de 8 000 nacimientos en este rango. Las niñas menores de 15 años constituyen el quinto grupo de edad con mayor riesgo, con 9.4 casos por cada 100 nacidos vivos de morbilidad materna extremadamente grave.
Esta situación se agrava en el contexto de la vulnerabilidad indígena: adolescentes hablantes de lenguas indígenas presentan tasas de embarazo casi en el doble del promedio nacional, con 9 de cada 100 adolescentes indígenas siendo madres, según datos del INEGI 2025 derivados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID).
Además de Chiapas, estados como Yucatán, Jalisco y el Estado de México registran cifras alarmantes, encabezando a las tasas de morbilidad materna asociadas al embarazo infantil.
“El embarazo infantil en México persiste como una emergencia de salud pública y de derechos humanos”, afectando de manera desproporcionada a niñas indígenas y adolescentes. Los datos de 2025 y 2026 subrayan la gravedad de las complicaciones y la necesidad de reforzar estrategias como la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), coordinada por la CONAPO.
¿ Y en Veracruz como andaremos en estos temas ?
DE SOBREMESA
Durante el reciente fin de semana fue visto el ingeniero Marco Antonio Beltrán Virgen retirando objetos personales de la oficina de la Subsecretaría de Infraestructura Carretera de la SIOP, ubicada en la colonia Badillo de Xalapa. Todo indica que estaría por ser relevado de ese cargo en las próximas horas.
Hace algunas semanas, aún en 2025, salió Samuel Sánchez de la Subsecretaría de Administración de la SIOP, arribando en su lugar Héctor Gustavo Ruiz Monjaráz, quien anteriormente laboró en PEMEX, en el estado de Tabasco. “El subejercicio reconocido en la SIOP y confirmado por la SEFIPLAN estaría detrás de estos movimientos en la estructura de la dependencia”, con el acuerdo de la Gobernadora Nahle.
Es previsible que en los días por venir continúen los cambios y ajustes en otros sectores del gabinete estatal en Veracruz.
¡ES CUANTO!
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