La creciente tensión existente entre la justicia constitucional y la legitimidad democrática del segundo piso de la Cuarta Transformación de la Nación, es un tema de actualidad, como lo es el fenómeno mismo de la narco-política, ello comienza a causar tensiones internacionales como consecuencia del nulo combate a ese ignominioso fenómeno; lo expuesto plantea la imperiosa necesidad de grandes cambios en el sistema de justicia que difunde cotidianamente la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo a fin de finiquitar o al menos, atenuar la referida tirantez.
A partir de la errónea política de “abrazos y besos a la delincuencia” propagada por Andrés Manuel López Obrador, en México floreció la “justicia de impunidad”, relacionada ella con el narco-político más importante de la historia jurídica nacional, mismo que dio origen a que algunos medios internacionales de comunicación señalaran a México como un narco-estado.
Las autoridades de procuración de justicia del ayer y del hoy no han hecho nada para evitar lo antepuesto. Siguen permitiendo la permanencia del poder de la narco-política en nuestras instituciones del Estado, la cual se infiltró en la era del neoliberalismo y, que como consecuencia obtuvo un deleznable control de la ley, al permitir el crecimiento de ese despreciable y complejo sistema de “justicia selectiva”, en el que conviven la incorrecta interpretación del Código Penal, la corrupción y la impunidad para aquél infame funcionario público.
La tensión entre la verdadera justicia y la Primera Magistrada de la Nación, trae como consecuencia que un gobierno extranjero pretenda hacer valer la extraterritorialidad de su ley, dando lugar a un enfrentamiento mediático entre presidentes, ya que surgen distintas interrogantes respecto a la forma de brindar impunidad al único y verdadero creador del fenómeno de la narco-delincuencia-política y consecuentemente, se han anulado las leyes que se consideran constitucionales para enfrentar ese problema y, más aún, cuando las instituciones de procuración de justicia actúan tomando una actitud de pasividad y complicidad.
En un sistema democrático como el que debe de prevalecer en los Estados Unidos Mexicanos, podemos jurídicamente preguntarnos ¿cómo es posible que el Poder Ejecutivo Federal piense en tener una facultad para ser sumiso ante el poder de la corrupción propiciada por la narco-política?. ¿Cómo se explica que la voluntad de unos corruptos, como lo es el clan que dio inició a esa alianza del Estado con la delincuencia anule el Código Penal?.
Nuevamente hoy la respuesta la tiene la Presidenta Constitucional.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
