Juan Luis Parra
Hace meses escribí que México se había convertido en el Silicon Valley del crimen. Aquí se incuban nuevas franquicias criminales, se prueban modelos de control territorial y se financian startups del narco con capital político. Los narcopolíticos funcionan como incubadoras. El resultado es un laboratorio criminal de élite cuyos métodos después se exportan al resto del mundo.
Esta retórica incómoda se reafirma tras escuchar y leer dos entrevistas recientes al activista Miguel Alfonso Meza: una con Luis Chaparro en YouTube y otra publicada en Letras Libres. Dos formatos distintos, pero la misma conclusión: el crimen organizado dejó de infiltrarse en la política mexicana. Ahora la administra.
Meza es cofundador de Narcopolíticos.com, una plataforma digital lanzada en agosto de 2025 que busca algo que el Estado mexicano rara vez hace: documentar y exhibir a políticos, funcionarios, empresarios y militares que presuntamente han tenido vínculos con el crimen organizado.
Por esta página web, un tribunal electoral ordenó a Meza borrar publicaciones y pedir disculpas públicas a una jueza vinculada profesionalmente con la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán. El argumento jurídico es ya familiar: “violencia política de género”. El por desgracia ya clásico recurso para demandar en México. Lo suficientemente noble para no cuestionarla. Lo suficientemente flexible para castigar a quien incomode.
Pero aquí aparece la primera contradicción.
El activista no insultó. No inventó. Subió un documental donde la propia abogada hablaba de su cercanía con el entorno del Chapo. Eso bastó para que el aparato electoral decidiera que el problema no era la cercanía con el narco, sino mencionarla.
El mensaje implícito es brutal:
el riesgo no es el narco. El riesgo es hablar del narco.
Y ahí empieza el verdadero tema.
Meza creó el proyecto Narcopolíticos para algo que el Estado mexicano aparentemente no quiere hacer: documentar políticos con vínculos criminales. Hasta ahora han identificado decenas. Gobernadores, alcaldes, legisladores. De todos los partidos.
Por ejemplo, el caso del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, detenido por operar una red criminal desde el propio ayuntamiento. Según documentos de la fiscalía, el municipio funcionaba como una estructura de extorsión al servicio del Cártel Jalisco. Había cuotas para empresarios, comerciantes y hasta artesanos. Golpes, secuestros, amenazas. Un gobierno municipal convertido en oficina de cobro del narco.
¿La sorpresa? Ninguna. Pura innovación del crimen.
Las denuncias existían desde años antes. El alcalde incluso había secuestrado a competidores políticos para quedarse con la candidatura. Aun así volvió a competir y ganó.
¿Dónde estaba el INE?
¿Dónde estaban las autoridades?
Todos sabían algo. Nadie hizo nada.
Los partidos tienen tolerancia al narco porque sólo hacen cálculos simples.
Si el personaje trae dinero, estructura y votos, se queda. Si el escándalo explota demasiado, entonces se sacrifica. No antes.
La lógica aparece también en otro caso de un senador mencionado en la entrevista, señalado por informes de inteligencia por vínculos con redes de huachicol, fotografías con líderes criminales, y relación política con el entorno del “Toñín”.
¿Consecuencias? Ninguna.
El político simplemente cambió de partido.
La impunidad es transpartidista.
La entrevista en Letras Libres empuja el análisis un paso más allá y plantea la pregunta incómoda:
¿vive México en un narcoestado?
La respuesta de Meza es prudente pero inquietante.
Antes, durante el viejo régimen, el crimen organizado estaba subordinado al poder político. Era corrupción, sí, pero con jerarquía. Hoy la relación parece haberse invertido en varios lugares: territorios donde los grupos criminales determinan quién gobierna, quién compite y quién gana.
El problema no es solo que existan narcopolíticos. El problema es que el sistema político ya aprendió a convivir con ellos. A administrarlos. A integrarlos.
Incluso el aparato de inteligencia parece resignado.
En la entrevista con Chaparro aparece otro dato inquietante: reportes de inteligencia militar que ya señalaban posibles vínculos criminales de candidatos antes de elecciones importantes. Aún así, las candidaturas siguieron adelante.
Entonces surge una pregunta inevitable.
¿Para qué sirve la inteligencia del Estado si no se usa para evitar que el crimen capture el poder?
Tal vez porque en muchos casos el sistema político necesita esa relación. El narco financia campañas, moviliza votantes, controla territorios. Es una maquinaria electoral paralela.
Y mientras funcione, nadie quiere desmontarla.
Por eso la censura contra Meza es tan reveladora. No es un pleito jurídico menor. Es un síntoma.
El sistema puede tolerar muchas cosas: corrupción, violencia, impunidad.
Lo que no tolera es que alguien empiece a documentarlo con nombres y apellidos.
Mientras el Estado discute si un activista debe disculparse por mencionar a una jueza, hay municipios enteros que funcionan como empresas criminales. Alcaldías que cobran extorsiones. Senadores señalados por redes de huachicol. Gobernadores bajo sospecha permanente.
Pero el problema, aparentemente, es un documental y un portal de internet.
