José Luis Parra
En política no existen los movimientos inocentes. Mucho menos cuando se trata de una posición estratégica como la Auditoría Superior de la Federación. Ahí donde se revisan cuentas… y también se ajustan.
La decisión de impulsar a Aureliano Hernández no fue improvisada. Se cocinó en silencio, hace un par de semanas, en una reunión mínima donde Carlos Augusto Morales puso el nombre sobre la mesa. Dos criterios bastaron para inclinar la balanza: lealtad absoluta al grupo compacto de Claudia Sheinbaum y la necesidad de equilibrar influencias dentro del propio régimen.
Traducido al castellano político: cerrar filas.
Porque en el tablero interno de la 4T hay piezas que pesan más de lo que aparentan. Una de ellas es Raquel Buenrostro, referencia política que muchos ubican más cerca de Palenque que de Palacio Nacional. Y el tema de la corrupción —ese viejo fantasma que todos dicen combatir— es demasiado delicado como para dejarlo en manos ajenas.
Así que la operación fue quirúrgica.
Mientras algunos en Morena discutían la reforma electoral y sus aliados mostraban reticencias, el gobierno aprovechó el ruido para avanzar por otro carril. El mensaje fue simple, casi brutal en su lógica: se pueden tolerar diferencias sobre la reforma… pero no que la mayoría oficialista sea incapaz de votar a su propio auditor.
La advertencia surtió efecto.
Otros aspirantes que contaban con padrinos de peso —Adán Augusto López, Ricardo Monreal e incluso Andy López Beltrán— quedaron fuera de la jugada. El nombre de Hernández se mantuvo bajo reserva mientras el gobierno dejaba correr versiones sobre supuestas favoritas: María Luz Mijangos o Juan José Serrano.
El viejo truco del prestidigitador: mirar la mano equivocada.
Cuando llegó el momento, el factor sorpresa hizo el resto.
Para el gobierno federal era indispensable una victoria de este tipo, sobre todo cuando todo apunta a que la reforma electoral naufragará en el Congreso. En Palacio Nacional lo minimizan: dicen que la presidenta ya cumplió con presentar la iniciativa prometida en campaña.
Pero la realidad política suele hablar en voz baja.
La Auditoría Superior de la Federación es mucho más que un órgano técnico. Es el archivo vivo de los acuerdos políticos del sexenio pasado. Allí descansan compromisos, concesiones y arreglos que Andrés Manuel López Obrador tejió con gobernadores y exgobernadores.
Por eso la jugada tiene lecturas más profundas.
Con la llegada de Hernández, esos entendimientos cambian de ventanilla. Ya no pasarán por la misma terminal.
Dicho de otra manera: el poder empieza a mudarse de domicilio.
Sheinbaum lo sabe. Por eso su agenda de este martes retrata con claridad sus prioridades: economía, seguridad y control político. Reunión con empresarios escandinavos para apuntalar la narrativa de crecimiento. Encuentro con alcaldes de todo el país para reforzar la estrategia de seguridad.
Y, mientras tanto, consolidar posiciones dentro de Morena.
Porque el verdadero reto no es ganar elecciones. Es gobernar al propio movimiento.
La historia política mexicana tiene una constante: los presidentes que intentan conservar el poder más allá de su sexenio suelen descubrir que el sistema tiene mecanismos de autodefensa. No siempre visibles, pero sí eficaces.
La designación en la Auditoría podría ser una señal temprana de ese reacomodo.
Tal vez todavía no estemos ante una ruptura abierta entre la presidenta y su antecesor. Pero sí ante algo que en política suele preceder a los divorcios: la construcción de un poder propio.
Y en estos casos, las auditorías también pueden revisar herencias.
La historia, como siempre, tomará nota. Algo que en política suele ocurrir con puntualidad quirúrgica. Como bien apunta una de las columnas base de este estilo, la historia siempre juzga, para bien o para mal .
Y cuando llega ese momento, ya no hay auditor que pueda maquillar las cuentas.
