Durante décadas, Greenpeace International se ha posicionado como una de las voces más influyentes del activismo ambiental global. Su capacidad de movilización es real y su presencia mediática es innegable. Pero su historial público también incluye episodios documentados en los que la organización corrigió información, reconoció errores operativos, enfrentó sanciones o fue cuestionada por inconsistencias entre sus campañas públicas y algunas prácticas internas.
Lo que sigue no parte de acusaciones anónimas. Se trata de casos registrados en comunicados, auditorías, coberturas de medios internacionales, resoluciones judiciales y admisiones públicas de la propia organización.
Cuando los datos eran incorrectos y ellos mismos lo reconocieron
Uno de los casos más citados ocurrió en 1995, durante la campaña contra la plataforma petrolera Brent Spar, de Shell, en el Mar del Norte. Greenpeace afirmó públicamente que la instalación contenía alrededor de 5,500 toneladas de petróleo residual.
La cifra se convirtió en uno de los ejes de una campaña que presionó a Shell para cancelar el hundimiento planificado de la estructura y que derivó en boicots contra la compañía en varios países europeos.
Meses después, Greenpeace reconoció que su cifra era incorrecta. El 5 de septiembre de 1995, la organización admitió que sus afirmaciones sobre el volumen de petróleo en la Brent Spar eran inexactas y ofreció una disculpa a Shell. Posteriormente, la auditoría independiente de Det Norske Veritas concluyó que el volumen de hidrocarburos era muy inferior al señalado por Greenpeace, en un rango reportado públicamente de alrededor de 75 a 100 toneladas, cercano a las estimaciones originales de Shell.
La campaña influyó en una discusión ambiental que terminó modificando el destino de la plataforma, pero uno de sus datos centrales fue posteriormente reconocido como incorrecto. Esa diferencia importa porque las consecuencias reputacionales y económicas para terceros ocurrieron antes de que llegara la corrección.
El Arroz Dorado y el debate científico que sigue abierto
Otro episodio relevante se encuentra en la oposición de Greenpeace a los cultivos genéticamente modificados y, en particular, al Arroz Dorado, una variedad desarrollada para producir betacaroteno, precursor de la vitamina A.
En 2016, 107 premios Nobel firmaron una carta abierta en la que pidieron a Greenpeace y a sus simpatizantes abandonar su campaña contra los organismos genéticamente modificados y contra el Arroz Dorado en particular.
La carta sostuvo que la oposición a esa tecnología debía revisarse a la luz de la evidencia científica y de los posibles beneficios nutricionales para poblaciones con deficiencia de vitamina A.
Greenpeace, por su parte, ha defendido que sus objeciones se relacionan con preocupaciones sobre seguridad, modelo agrícola, dependencia tecnológica y alternativas alimentarias.
En 2024, el debate volvió a tomar fuerza después de que un tribunal filipino frenara el cultivo comercial del Arroz Dorado, decisión celebrada por sectores opositores a los transgénicos y criticada por científicos que consideran que la medida puede limitar una herramienta potencial contra la deficiencia de vitamina A.
El caso no admite una lectura simple.
Existe un debate científico, regulatorio y social alrededor de los transgénicos. Sin embargo, también muestra cómo una organización ambiental puede influir en decisiones públicas de alto impacto incluso cuando parte importante de la comunidad científica cuestiona sus argumentos.
La pérdida financiera que obligó a Greenpeace a disculparse con sus donantes
En junio de 2014, Greenpeace International reconoció públicamente una pérdida de 3.8 millones de euros, aproximadamente 5.2 millones de dólares, derivada de operaciones cambiarias realizadas por un empleado fuera de sus límites de autoridad. La organización informó que el trabajador fue despedido, que no hubo beneficio personal y que encargaría una auditoría independiente. También ofreció disculpas a sus simpatizantes y donantes.
El episodio fue especialmente delicado porque Greenpeace se financia en gran medida a través de pequeñas contribuciones individuales. Aunque la organización sostuvo que la pérdida no afectaría directamente fondos destinados a campañas ambientales, el caso abrió una discusión interna y pública sobre controles financieros, supervisión y responsabilidad frente a sus donantes.
Ese mismo año, medios internacionales reportaron que Pascal Husting, entonces Director de Programa Internacional de Greenpeace International, realizaba vuelos frecuentes entre Luxemburgo y Ámsterdam.
La información generó críticas porque la organización ha sostenido campañas contra el crecimiento de la aviación comercial y ha promovido restricciones internas para vuelos cortos por su huella de carbono. Husting se disculpó públicamente y Greenpeace reconoció que el caso había dañado la confianza de algunos simpatizantes.
Ambos casos no tienen la misma naturaleza, pero sí apuntan a una tensión común: la distancia entre el estándar que una organización exige públicamente y los controles que logra aplicar dentro de su propia operación.
Nazca: una acción ambiental que terminó dañando patrimonio cultural
En diciembre de 2014, activistas de Greenpeace ingresaron a una zona de acceso restringido de las Líneas de Nazca, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en Perú, para desplegar un mensaje durante la COP20 de Lima.
Autoridades peruanas señalaron que los activistas dejaron huellas en una zona arqueológica extremadamente frágil y anunciaron acciones legales por el daño causado.
Greenpeace ofreció disculpas al pueblo peruano. Sin embargo, las autoridades culturales del país calificaron la acción como grave y señalaron que el acceso a esa zona estaba estrictamente prohibido. Fuentes públicas también registran que representantes peruanos consideraron insuficiente la disculpa, dada la importancia patrimonial del sitio y la dificultad de revertir el daño.
El episodio se convirtió en un ejemplo de cómo una acción diseñada para llamar la atención sobre el cambio climático puede terminar provocando un daño en otro ámbito: el patrimonio cultural. En este caso, el mensaje ambiental quedó opacado por el método utilizado.
El trigo experimental destruido en Australia
En julio de 2011, activistas de Greenpeace Australia ingresaron a una estación experimental del CSIRO, la agencia científica nacional australiana, y destruyeron un cultivo de trigo de bajo índice glucémico. Se trataba de un ensayo aprobado por el regulador nacional correspondiente.
El caso derivó en sanciones. Fuentes públicas reportan que Greenpeace fue obligada a pagar 280,000 dólares australianos en reparaciones al CSIRO, mientras que dos activistas recibieron sentencias suspendidas. Greenpeace defendió su acción señalando preocupaciones sobre organismos genéticamente modificados y la relación entre investigación pública e industria.
La controversia no solo giró alrededor del cultivo destruido, sino del método: una organización ambiental decidió intervenir físicamente un experimento científico regulado. Para sus críticos, fue una acción contra la investigación. Para Greenpeace, fue una protesta frente a un modelo tecnológico que considera riesgoso. El caso muestra nuevamente la tensión entre activismo, evidencia científica y límites legales.
El veredicto más costoso en su historia reciente
En marzo de 2025, un jurado en Dakota del Norte emitió un veredicto contra varias entidades de Greenpeace en una demanda presentada por Energy Transfer, operador del oleoducto Dakota Access. El monto inicial fue cercano a 667 millones de dólares.
Posteriormente, un juez redujo la cifra a 345 millones de dólares.
El caso se originó en las protestas contra el Dakota Access Pipeline, una movilización que involucró a grupos indígenas, ambientalistas y activistas preocupados por impactos ambientales y riesgos para fuentes de agua. Energy Transfer acusó a Greenpeace de difamación, interferencia con negocios, conspiración, molestias y otros actos vinculados a las protestas. Greenpeace ha negado las acusaciones y sostiene que su participación fue de apoyo no violento; también ha afirmado que el litigio busca inhibir la protesta ambiental y anunció que apelaría.
Por eso, este caso debe leerse con matices. El fallo existe, pero el litigio sigue siendo disputado por la organización y forma parte de un debate más amplio sobre protesta, libertad de expresión, responsabilidad civil y límites de las campañas de presión.
El patrón que dejan estos casos
Lo que emerge de este registro no es una acusación de corrupción institucional, sino una tensión recurrente entre eficacia de campaña y rigor evidencial. En varios de los casos documentados, Greenpeace corrigió información, ofreció disculpas, asumió responsabilidad o enfrentó sanciones. Esa secuencia importa porque las consecuencias reputacionales, económicas y políticas para terceros suelen ocurrir antes de que lleguen las correcciones.
Brent Spar mostró el costo de una cifra incorrecta convertida en campaña global. Nazca evidenció cómo una acción mediática puede vulnerar otro bien público. El caso del CSIRO abrió preguntas sobre los límites del activismo frente a investigación regulada. Las pérdidas financieras y los vuelos internos exhibieron problemas de coherencia y control institucional. Y el litigio de Dakota Access, todavía controvertido, muestra que las campañas ambientales de alto impacto pueden escalar hasta consecuencias judiciales multimillonarias.
La lección no es que toda causa ambiental sea ilegítima ni que toda organización internacional actúe de mala fe. La lección es más precisa: cuando una organización tiene capacidad de moldear opinión pública, presionar gobiernos y afectar proyectos económicos, su obligación de verificar información, corregir errores y transparentar métodos debe ser proporcional a su influencia.
En el activismo ambiental, la credibilidad es un recurso tan importante como la movilización. Y cuando los datos fallan, el costo no lo paga solo la organización que se equivoca.
También lo pagan comunidades, empresas, instituciones, donantes y debates públicos que quedan marcados por información incompleta, exagerada o corregida demasiado tarde.
