Astrolabio Político
Por: Luis Ramírez Baqueiro
“La fortaleza va creciendo en proporción a la carga”. – Thomas W. Higginson.
Durante décadas, los gobiernos en México reaccionaron tarde frente a la violencia contra las mujeres. La política pública solía aparecer después del crimen, del escándalo mediático o de la indignación social. Veracruz, históricamente golpeado por cifras alarmantes de violencia familiar y de género, parecía condenado a repetir ese ciclo interminable de burocracia, indiferencia y simulación. Sin embargo, algo comenzó a cambiar con la implementación de la estrategia “Veracruzana Protegida”, una política que hoy se consolida como uno de los programas más innovadores y humanos del actual gobierno estatal.
La estrategia impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García no solo representa una campaña institucional más. Su alcance va mucho más allá del discurso oficial. Los propios datos difundidos por el Gobierno del Estado muestran que desde el 8 de marzo de 2025 más de 3 mil mujeres veracruzanas han recibido apoyo institucional, principalmente en casos de violencia familiar, mediante herramientas legales, atención psicológica, acompañamiento y mecanismos de protección temprana.
Ese es quizá el aspecto más importante del programa: el cambio de visión. “Veracruzana Protegida” no espera a que el daño sea irreversible; busca prevenir, acercar servicios y colocar al Estado donde antes había abandono. La decisión de llevar ahora las jornadas a cada región de Veracruz confirma que no se trata de un proyecto centralista ni elitista, sino de una estrategia territorial que pretende alcanzar colonias, comunidades y municipios históricamente olvidados.
El caso de Coatzacoalcos resulta ejemplar. Ahí, las jornadas ofrecerán atención psicológica, jurídica y de trabajo social, además de orientación en salud mental, prevención de adicciones, servicios médicos y talleres informativos. En otras palabras: el gobierno entendió que la violencia no se combate únicamente con patrullas y carpetas de investigación, sino también reconstruyendo tejido social y atendiendo las causas profundas de la descomposición familiar y comunitaria.
Mención especial merece la labor de la Fiscal General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien desde su paso por el Poder Judicial impulsó la construcción de este modelo de atención integral. Hoy, desde la Fiscalía, no solo se suma a la estrategia, sino que fortalece mecanismos de protección temprana, asesoría jurídica y seguimiento de carpetas de investigación, llevando a la institución ministerial a un terreno más cercano y sensible con las víctimas.
La coordinación entre el Gobierno del Estado y la Fiscalía evidencia que cuando las instituciones trabajan con objetivos comunes, los resultados comienzan a sentirse en la población. No es casualidad que otras entidades y hasta la propia federación comiencen a mirar hacia Veracruz para replicar esquemas similares. Ya ocurrió con “Veracruz está de Moda”, después con las “Camionetitas de la Salud”, y ahora sucede con “Veracruzana Protegida”.
La innovación gubernamental no siempre nace en la Ciudad de México. A veces surge desde los estados cuando existe voluntad política, sensibilidad social y funcionarios capaces de entender que gobernar no es administrar oficinas, sino transformar realidades humanas.
Y en Veracruz, al menos en esta materia, parece que el gobierno decidió dejar de llegar tarde.
Al tiempo.
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