Col. Candelero
Por Abraham Mohamed Z.
Es evidente que el gobierno de la Presidenta Sheinbaum al través de la Fiscalía General de la República intenta demostrar que sí está investigando el escandaloso caso de Sinaloa en el que aparecen como protagonistas principales el ahora gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el Senador Enrique Inzunza Cázares, ambos morenistas, para atenuar la presión de Estados Unidos que al través de su Departamento de Justicia los acusa –junto con otros ocho funcionarios- de varios delitos graves y de estar vinculados con el cartel de “Los Chapitos”.
Para eso la FGR los citó a declarar, hasta ahora sin ninguna imputación para mostrar que abrió una carpeta de investigación, que no está ignorando las acusaciones de los gringos y que mantiene absoluto control del caso.
Ya veremos que las comparecencias de éstos personajes serán extensas, muy técnicas y enfocadas en contactos políticos, cadenas de mando, operaciones de seguridad, de financiamiento político, de sus vínculos con funcionarios policíacos y ministeriales de Sinaloa ¿y también con quienes estuvieron al mando de la IX Zona Militar ubicada en Culiacán, capital del Estado?
Por supuesto que no habrá órdenes de aprehensión inmediatas, porque primero se tiene que construir el respectivo expediente con pruebas contundentes.
Es obvio que el caso de Rocha Moya es el más riesgoso de todos los acusados porque ya hubo señalamientos formales en Corte de EU que lo obligó a pedir licencia por lo que pudiera ser que si la FGR encuentra inconsistencias, contradicciones, o elementos financieros/patrimoniales ilegales, la investigación escalaría de entrevista a imputación contra cualquiera de los citados -hasta ahora- solamente a responder como testigos los interrogatorios de la Fiscalía.
Ah, pero también puede ser que la FGR administre políticamente el caso y lo mantenga largo tiempo en fase de investigación sin judicializarlo rápido para evitar una crisis mayor dentro de Morena y claro con afectación para el gobierno de la Presidenta Sheinbaum.
Hasta aquí, es lo que tengo sobre el Caso Sinaloa.
EL CASO DE MARU CAMPOS POR DILUIRSE
El otro caso, hasta ahora también álgido, con innegable fondo político más que narco policíaco, es el de Maru Campos, la gobernadora panista de Chihuahua acusada del inaudito delito de “traición a la Patria” dizque por haber autorizado ilegalmente que agentes de la CIA de EU participaran junto con policías estatales en un operativo contra los narcos destruyendo en la sierra tarahumara un enorme laboratorio de drogas sintéticas, muriendo después dos agentes gringos al desbarrancarse el automóvil en que regresaban a la capital del Estado, junto con Pedro Román Oseguera quien era el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
La gobernadora con todo y Fuero aceptó acudir a la cita de la FGR para someterse al que sin duda será aparatoso e intenso interrogatorio para integrar la carpeta de investigación en su contra.
Se aduce que legalmente se quiere clarificar quien autorizó la participación de los agentes de la CIA en operativos policíacos en nuestro territorio, confirmar si hubo o no violaciones a la Ley de Seguridad Nacional y cómo operó la cadena de mando estatal y federal.
Por supuesto que el PAN ya está protestando por esto presentándolo como una clara persecución política contra la gobernadora Campos.
Ella está firme en confrontar políticamente a Morena por lo que la FGR es posible que acote el caso y que “la patriótica acusación de traición a la Patria” en su contra, quede en simples responsabilidades administrativas y operativas y el conflicto se convierta en debate sobre soberanía y cooperación con las Agencias de inteligencia de EU.
Y colorín colorado, este show se ha acabado
EL SEN. INZUNZA CÁZAREZ, ES CLAVE EN CASO SINALOA
Personaje sui géneris es el Sen. Enrique Inzunza Cázarez porque fue operador político y jurídico muy cercano a Rocha Moya. El ya dijo que acudirá a la cita de la FGR y que no usará su inmunidad del Fuero que mantiene como legislador.
Es de entenderse que la Fiscalía puede utilizar su declaración para reconstruir decisiones del gobierno “rochista”, identificar relaciones entre autoridades y mandos policíacos o medir contradicciones entre los distintos comparecientes.
Finalmente creo que éstas comparecencias son un mecanismo de contención política interna ideadas también para evitar la mínima percepción de encubrimiento en el Caso de Sinaloa -Rocha Moya y caterva- lo cual pudiera tensar más la relación en seguridad con EU, al evidenciar con hechos que sí se investiga pero que todavía no hay culpables, ni imputaciones.
ADENDUM:
Me atrevo a adelantar que las comparecencias serán extraordinariamente mediáticas, que habrá filtraciones informativas, que escalará la guerra política entre Morena y PAN y que la FGR mantendrá una larga investigación antes de hacer judicializaciones formales.
Claro que el punto de quiebre sería si la Fiscalía solicitara medidas cautelares, judicializara carpetas de investigación o empezara a citar nuevamente a los inodados pero ya no como testigos, sino como indiciados.
¿Usted cree que eso vaya a ocurrir pronto?……
mohacan@prodigy.net.mx
