Por: José Murat
El resultado electoral en Colombia, con el apretado y cuestionado triunfo de Abelardo de la Espriella, apenas 0.5% de ventaja frente a Iván Cepeda, confirma que una ola ultraderechista, impulsada desde el exterior, no sólo ha desplazado a gobiernos orientados por una agenda social, sino que amenaza con destruir el andamiaje institucional, el sistema de partidos, los contrapesos del poder, las conquistas sociales y los derechos humanos del subcontinente latinoamericano.
A este resultado de sumó la igualmente cerrada victoria de la ultraderechista Keiko Fujimori en Perú, con apenas 40 mil votos de ventaja, quien llega al poder con la bandera del orden y la mano dura contra la inseguridad, sin mención alguna a la violación masiva de los derechos humanos en el gobierno de su padre, ni referencia alguna al fenómeno de la desigualdad y la pobreza extrema de amplios segmentos sociales de la población peruana.
Abelardo de la Espriella, en particular, es un personaje presuntamente defensor de personajes vinculados con el crimen y con los paramilitares, que irónicamente ostenta el discurso de Bukele de la demagogia seudo securitista y postula las premisas básicas de la contracultura reaccionaria de las nuevas derechas, esas que ven los derechos humanos fundamentales y los criterios mínimos de equidad no sólo como estorbos sino como afrentas con las que hay que terminar.
El común denominador de los nuevos gobiernos electos de Colombia y Perú, además del de Chile con José Antonio Katz admirador de Augusto Pinochet, de Argentina con Javier Milei emulo de las dictaduras de los ochenta, de El Salvador con el autoritario Nayib Bukele, de Ecuador con Daniel Noboa invasor de la embajada mexicana, de Bolivia, de Honduras y de otros más, es un discurso de mano firme, de desprecio por la ley, de repudio a los migrantes de países hermanos, de rechazo a los derechos sociales adquiridos y, sobre todo, de renuncia a la autodeterminación soberana, seducidos por un alineamiento continental con la derecha norteamericana.
La nueva ultraderecha latinoamericana es una derecha neofascista, muy diferente de la derecha ilustrada que había detentado en otros años el poder en el subcontinente, como Fernando Cardoso en Brasil, impulsor de políticas de libre mercado, y los conservadores Sebastián Piñera en Chile, Mauricio Macri en Argentina y el propio Uribe en Colombia, líderes de la derecha latinoamericana que respetaron las instituciones democráticas, los contrapesos republicanos y los procesos electorales.
Ahora, como dice Steven Levitsky, profesor de Gobernanza en la Universidad de Harvard, especialista en América Latina y autor del ensayo “Así mueren las democracias”, es una ultraderecha rupturista y contraria a las instituciones republicanas, “una derecha menos liberal, que ataca los derechos de las minorías y tiene en general una relación más precaria con la democracia”.
Todos emulando a Nayib Bukele, en su afán de construir megacárceles, en lugar de abrir fuentes de empleo. El Salvador es el último lugar como destino de la inversión extranjera. A pesar de eso, se prepara para su tercer mandato, luego de una controvertida reforma contraria a la tradición antirreeleccionista de ese país. El discurso de las megacárceles, por cierto, comienza a ser manejado en México de nueva cuenta por algunas voces de oposición, sin reparar en el fracaso monumental que esa propuesta tuvo en la pasada campaña presidencial.
En Colombia, concretamente, el fiel de la balanza, lo que inclinó la votación por un pequeño margen hacia la ultraderecha, fue la promesa de acabar con el crimen y con las organizaciones insurgentes de ese país, con las que el gobierno en funciones ya tenía una negociación avanzada, misma que ahora ha quedado interrumpida y sustituida por la amenaza de arrasar con los reductos territoriales en que esos grupos se desplazan.
“En mi Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, señaló el presidente electo, dando por muerta la política de paz total. El riesgo es el retroceso a los años de violencia fratricida, de confrontaciones abiertas, etapa que había sido superada.
Además, de la Espriella se comprometió en campaña a unirse al Escudo de las Américas, tomar medidas enérgicas contra el crimen, flexibilizar las regulaciones empresariales, bajar impuestos y allanar el camino para nuevos proyectos de gas y petróleo de corporativos internacionales detenidos bajo el Gobierno de Petro.
Las medidas de fuerza implementadas por la ultraderecha, además, no siempre son eficaces: en Ecuador, por ejemplo, los asesinatos se dispararon un 30% el año pasado, con el gobierno del presidente Noboa culpando la espiral de violencia a guerras territoriales entre pandillas fragmentadas que compiten por el control tras la captura o muerte de sus líderes.
Pero el recurso de la fuerza como principal insumo discursivo y como directriz de política pública de la ultraderecha es generalizado en el subcontinente latinoamericano. En todos los países en donde gobierna o va a gobernar esa corriente ideológica, valores como el estado de derecho, el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos, propios de las democracias republicanas, carecen de todo sentido, o son simplemente prescindibles.
En suma, todavía no se dimensiona el costo del asalto al poder de la ultraderecha en América Latina: no sólo pierden los gobiernos del espectro de centro-izquierda, pierden los valores democráticos, pierden las políticas sociales y pierden las instituciones republicanas.
