Col. Candelero
Por Abraham Mohamed Z.
Mientras Estados Unidos no presenten las pruebas contundentes de que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya mantenía vínculos con el Cartel de Sinaloa, el gobierno de México no lo entregará a los gringos.
Y esto lo sostiene la Presidenta Sheinbaum apoyándose en el principio de que las Leyes deben respetarse, ¿y sabes que?…eso es aprovechado por sus opositores políticos para acusarla de proteger no solo al desprestigiado Rocha Moya y a los demás funcionarios requeridos igual que él por la justicia americana (dos decidieron entregarse), sino también a estos otros gobernadores de Morena: Américo Villarreal de Tamaulipas, Alfonso Durazo de Sonora y Marina del Pilar Avila de Baja California a quienes ya les endilgaron el mote de “narcos” sin prueba alguna y que, según publicaciones sin fundamento, pronto el Departamento de Justicia de EU enviará a México la solicitud de detención con fines de extradición.
Ahora, tengo que decirte que los posibles delitos que las autoridades de Estados Unidos
estuvieran investigando para acusar a funcionarios mexicanos y que pueden llevarse buen tiempo son, con sus penalidades, los siguientes:
1.- Conspiración para traficar narcóticos o colaborar con un Cártel para introducir drogas a EU aunque el acusado no transporte personalmente la droga.
La pena puede ser prisión de muchos años hasta cadena perpetua.
2.- Conspiración para importar Fentanilo, Cocaína, Metanfetamina, Heroína, Mariguana, o
facilitar y proteger el envío de drogas hacia territorio estadounidense.
El castigo es igual, decenas de años de prisión o cadena perpetua, según el caso.
3.- Lavado de dinero. Ocultar o mover recursos provenientes del narcotráfico mediante empresas, bienes o cuentas bancarias.
Por éste delito se decomisan bienes de todo tipo, se aplican multas elevadas y son varios años de prisión.
4.- Asociación delictuosa (Racketeering/RICO es un delito que se tipifica por participar en una organización criminal mediante actos reiterados de corrupción, sobornos o protección institucional.
Se castiga con prisión hasta de 20 años por cada cargo, además del decomiso de bienes.
5.- Cohecho y corrupción son delitos por recibir pagos o beneficios de organizaciones criminales a cambio de protección o información.
En estos casos se realizan procesos penales y se confiscan activos si existe jurisdicción estadounidense.
6.- Obstrucción de la justicia, es el delito de impedir investigaciones, destruir pruebas o alertar a miembros de un Cártel sobre operativos.
Esto genera nuevos cargos penales y aumento de las penas.
Regresemos al Caso
Rocha Moya y demás.
A ver: El Departamento de Justicia de EU ha solicitado la detención provisional de Rocha Moya y luego puede formalizar una solicitud de extradición presentando las pruebas que tiene en su contra. Por supuesto, el rechaza las acusaciones.
El senador Enrique Inzunza Cázarez enfrenta señalamientos similares relacionados con presunta protección al Cártel de Sinaloa. También niega los cargos.
Con relación a los gobernadores Alfonso Durazo (Sonora), Américo Villarreal (Tamaulipas) y Marina del Pilar Avila (Baja California) aunque hay publicaciones que revelan investigaciones estadounidenses, la realidad es que no se han hecho públicos delitos ni solicitudes de extradición para ellos.
Suponiendo sin conceder qué si el Departamento de Justicia de EU considera que cuenta con pruebas suficientes, el procedimiento a seguir sería presentar una acusación formal (Indictment) ante una Corte Federal de EU, solicitar una orden de arresto y pedir a México la detención provisional con fines de extradición.
Si México concediera la extradición, el acusado sería juzgado en una Corte Federal estadounidense.
Que quede bien claro: la extradición no es automática. México puede solicitar las pruebas, como lo ha hecho, verificar que el Tratado de Extradición sea aplicable y resolver el caso conforme a su legislación antes de entregar a cualquier persona requerida.
Te adelanto: aunque el Departamento de Justicia de EU no ha difundido que haya presentado cargos penales, órdenes de arresto ni menos solicitudes de extradición, ocurre que con el afán de dañar a los cuadros políticos de Morena y de la estructura presidencial, se ha publicado en algunos medios que están siendo investigados por la DEA, FBI, CIA, etc. etc. los gobernadores y gobernadoras Layda Sansores (Campeche), Rocío Nahle (Veracruz), Margarita González Saravia (Morelos), Clara Brugada (Ciudad de México),
Salomón Jara (Oaxaca) y Manolo Jiménez (Coahuila).
Insisto: El único caso en que el gobierno de Estados Unidos ha hecho una petición formal para aplicar la justicia, es con Rocha Moya y sus 9 funcionarios y nada más.
Las autoridades gringas suelen mantener en reserva las investigaciones hasta que presentan acusaciones formales o solicitan órdenes judiciales.
Por eso no han hecho pública hasta ahora, una lista oficial de gobernadores o políticos mexicanos contra quienes vaya a proceder penalmente.
ADENDUM:
Yo creo que las autoridades estadounidenses que están empeñadas en frenar la entrada de drogas a su país, que diezman a su población, si aportaran todas las pruebas que demuestren plenamente la protección que políticos y gobernantes mexicanos les brindan a los narcos, y nuestro gobierno federal, sea el actual u otro, no cumpliera con el combate efectivo y el Tratado de Extradición vigente, entonces sí podría desatarse la furia del Tío Sam con consecuencias inimaginables.
Así que….cuidado….mucho cuidado.
