José Luis Parra
Bastó la opinión de una abogada prácticamente desconocida para que el debate llegara hasta Palacio Nacional. Natalia Torres dijo en un podcast que valía la pena analizar algún mecanismo para que el ciudadano emitiera un voto mejor informado. No propuso cancelar elecciones, ni retirar credenciales, ni convertir el sufragio en privilegio de unos cuantos. Sin embargo, la reacción fue inmediata, como si hubiera atentado contra uno de los pilares de la democracia.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum respondió que en México todos los votos valen exactamente lo mismo, sin importar condición económica, nivel educativo o lugar de residencia. Y tiene razón. Así debe ser en cualquier democracia. El sufragio universal no admite categorías.
Pero una cosa es defender el derecho al voto y otra muy distinta negar que existe un serio problema con la forma en que millones de mexicanos ejercen ese derecho.
A ver, a ver, a ver…
Si el tema se analiza con la cabeza fría, lejos de filias y fobias políticas, resulta evidente que una parte importante del electorado llega a las urnas sin conocer propuestas, plataformas o trayectorias de quienes aparecen en la boleta. Muchos votan por simpatía, por tradición familiar o porque alguien les dijo por quién hacerlo. Otros, peor aún, lo hacen porque recibieron dinero, despensas, materiales de construcción, promesas de empleo o cualquier otra dádiva que, elección tras elección, sigue siendo una vergonzosa realidad.
También existen regiones donde el voto ni siquiera es completamente libre. Ahí están las denuncias de intimidaciones, amenazas y presiones criminales, particularmente en estados como Sinaloa, donde la violencia terminó por convertirse en otro actor electoral.
¿De verdad discutir un voto informado resulta más escandaloso que la compra de votos o la coacción de los ciudadanos?
El problema es que el sistema difícilmente cambiará mientras quienes tendrían que modificar las reglas sean precisamente quienes más se benefician de ellas. Los partidos políticos administran el modelo electoral y sobreviven gracias a multimillonarias prerrogativas financiadas con dinero público. Mientras exista ese caudal de recursos, seguirán las estructuras clientelares, los operadores territoriales y la descarada compra de voluntades disfrazada de movilización ciudadana.
Tampoco ayuda un árbitro electoral cada vez más limitado. El INE parece tener poco margen incluso para frenar campañas anticipadas que todo el país observa y que, sin embargo, terminan resolviéndose entre tecnicismos y sanciones que rara vez modifican la conducta de los infractores.
Por eso el debate no debería centrarse en crucificar a Natalia Torres. Ella misma reconoció que no expresó de la mejor manera su planteamiento y aclaró que nunca habló de restringir derechos, sino de fortalecer la información que recibe el ciudadano antes de votar.
La verdadera pregunta es otra.
¿Por qué resulta intocable hablar de la calidad del voto, pero parece normal convivir con la compra de sufragios, el uso electoral de los programas públicos, las intimidaciones y el enorme financiamiento que sostiene a los partidos?
Quizá porque cuestionar eso sí pondría en riesgo un sistema que, para muchos, funciona exactamente como fue diseñado.
Y mientras nadie se atreva a tocar esas estructuras, seguiremos presumiendo una democracia donde todos los votos valen lo mismo… aunque no todos nazcan de la misma libertad ni de la misma conciencia.
