• La recaudación tributaria, para redistribuir
• Lo justo: gravar al rico; desgravar al pobre
Una justa reforma fiscal sin adjetivos debería gravar más a quienes tienen más; gravar al máximo los artículos suntuarios; encarecer el aguardiente, el tabaco, las joyas finas, el vestido lujurioso; abatir la carga a la leche y el pan; ser benévola con las empresas que producen bienes y servicios de primera necesidad; liberar de los impuestos a los trabajadores, y ampliar la base gravable para obligar a aquellos pillos que evaden o eluden sus obligaciones fiscales a que cumplan so pena de severos castigos, entre estos muchos integrantes de la clase política.
De otra suerte, cualquier política fiscal sería antieconómica y mantenedora del estado de injusticia que impera en las relaciones capital – trabajo – Estado, pues el objetivo de la política económica social, como la que pregona el presidente Enrique Peña Nieto y opera el señor Luis Videgaray Caso, tendría que ser redistribuir la riqueza para combatir la pobreza, como lo pretende el Presidente; es decir, exigirle a cada quien según su capacidad y devolverle a cada quien según su necesidad.
Estos principios seguramente están siendo tomados en cuenta por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, cuyos integrantes están aún en el estudio y el debate de las propuestas inscritas en la iniciativa presidencial de reforma hacendaria que debe quedar aprobada por todo el Congreso, antes del próximo día 20 del presente mes de octubre, particularmente en los tópicos sensibles como la aplicación del Impuesto al Valor Agregado en la franja fronteriza norte, a las colegiaturas, a la vivienda, a las bebidas azucaradas, entre otros productos y servicios. Y si no los están considerando, maldita la hora en que fueron electos por los electores.
Y no porque lo traigan a la memoria los perredistas, el dato deja de tener valor y mover a la acción rectificadora.
Es la propia Secretaría de Hacienda la fuente de datos vergonzantes y vergonzosos, como el hecho de que, por ejemplo, en 2010, el Sistema de Administración Tributaria recaudó por impuestos al total de contribuyentes un billón 813 mil 811 millones 304 mil pesos, y devolvió, mayormente a las grandes empresas, 233 mil 261 millones 133 mil pesos, equivalentes casi al 13 por ciento de lo recaudado.
Un año después el SAT ingresó -también por el cobro de diversos impuestos, como Sobre la Renta (ISR), Valor Agregado (IVA), Empresarial a Tasa Única (IETU), Depósitos en Efectivo (IDE) y Comercio Exterior -, dos billones 49 mil 336 millones 73 mil pesos, de los cuales devolvió 283 mil 54 millones 619 mil pesos, esto es, casi el 14 por ciento. Siempre a las más poderosas personas morales. La diferencia entre un año y otro fue un aumento de 21.3 por ciento respecto a las cantidades absolutas que se devolvieron.
Pero no sólo eso, y esta lo recordó el diputado perredista, José Luis Muñoz Soria -: en 2010, el SAT devolvió 996 millones 983 mil pesos por concepto de contribuciones causadas en ejercicios anteriores pendientes de liquidación de pago, y en 2011 devolvió mil 480 millones por el mismo concepto. O sea, aparte de que tales contribuyentres pagaron tarde y poco, todavía se les premió con reintegros.
La suma de devoluciones por ambas cantidades de 2011 –lo devuelto por lo recaudado en ese año y lo devuelto por ejercicios anteriores- supera los 284 mil millones de pesos, 77 por ciento de los cuales (casi 220 mil millones de pesos) correspondió a los “grandes contribuyentes”. Las empresas beneficiadas fueron las que operan en los rubros de fabricación y ensamble de camiones, comercio en supermercados, alimentos, electrónica y telefonía; es decir, rubros donde imperan los monopolios.
El SAT no cobró 743 mil 784 millones de pesos en 2011 y, en el mejor de los casos, previó recuperar sólo 17 por ciento. Dicho de otro modo, entre lo que dejó de cobrar y lo que devolvió a los “grandes contribuyentes”, la hacienda pública perdió casi un billón de pesos.
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