La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un desvío de 71 millones 543 mil pesos en dos contratos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para desarrollar la plataforma digital DIGIPRiS, de acuerdo con una investigación de Eme equis.
Los convenios fueron celebrados entre 2023 y 2024 y, según la revisión, reprodujeron un esquema similar al de la llamada “Estafa Maestra”: una dependencia contrató a una institución pública que posteriormente transfirió parte de los recursos a empresas subcontratadas, en lugar de realizar directamente los trabajos.
Se trata de los contratos COFEPRIS-AD-046-23 y COFEPRIS-AD-034-24, cada uno por 35 millones 771 mil 500 pesos. Ambos tenían como finalidad sostener la plataforma de digitalización de ensayos clínicos.
El primer convenio fue notificado a la ESIME Culhuacán el 4 de septiembre de 2023 y tuvo vigencia del 19 de septiembre al 31 de diciembre de ese año. La contratación se efectuó con base en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que permite celebrar convenios entre instituciones gubernamentales sin licitación pública.
Para cumplir con ese contrato, el IPN subcontrató a ACSI Acero Construcción y Seguridad Industrial e ICYA Desarrollo y Estructura. La ASF señaló que los giros y antecedentes de ambas compañías no correspondían plenamente con el desarrollo de plataformas digitales: ACSI está relacionada con estructuras de acero y concreto, mientras ICYA ofrece servicios y productos de ingeniería.
El Politécnico transfirió 7 millones 998 mil 500 pesos a ACSI y 9 millones 962 mil 200 pesos a ICYA. De acuerdo con la auditoría, la ESIME subcontrató más de 49 por ciento de los servicios comprometidos con Cofepris.
Sobre ACSI, los auditores indicaron que el IPN no realizó un estudio de mercado adecuado para comprobar la competencia de la empresa. También registraron que la compañía tenía únicamente dos trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y que no se solicitaron cartas de confidencialidad para el personal con acceso a información de ensayos clínicos.
La ASF documentó además que ACSI reportó la contratación de 34 prestadores de servicios, aunque los trabajos habrían sido realizados por 17 personas recomendadas por el propio IPN: 16 docentes o estudiantes vinculados con la institución y un trabajador interno. Asimismo, seis personas fueron señaladas con más de un perfil durante el mismo periodo, sin evidencia suficiente de esas actividades.
Según la auditoría, ACSI no acreditó experiencia en servicios similares ni la aplicación de retenciones en los pagos al personal. Durante una visita realizada el 11 de octubre de 2024, los auditores observaron que el domicilio registrado por la empresa correspondía a un edificio de departamentos de uso residencial, sin señalización ni logotipo visible.
La revisión derivó de la auditoría 76, correspondiente al programa federal G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios”. El 7 de octubre de 2024, la ASF solicitó a Cofepris documentación sobre la creación de DIGIPRiS.
Las personas e instituciones mencionadas en la investigación no respondieron a las solicitudes de comentarios de Eme equis. Entre ellas estuvieron autoridades de Cofepris, el director del IPN, la dirección de la ESIME Culhuacán y personal relacionado con el desarrollo y supervisión de la plataforma.
Cofepris presentó DIGIPRiS en 2022 como una herramienta para gestionar trámites y servicios de regulación sanitaria. En 2023, la Secretaría de Salud informó que la plataforma permitiría simplificar procesos para autorizar investigaciones y ensayos clínicos.
