JDBL y Compañía, cuyos socios son Juan Domingo Beckmann Legorreta y Mauricio Garduño González Elizondo, fue constituida durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con facultades para invertir en puertos y participar en el suministro de combustibles.
Documentos consultados por EL UNIVERSAL indican que la sociedad se creó el 17 de julio de 2020, tiene domicilio en la Ciudad de México y una duración establecida de 99 años.
La empresa cobró relevancia después de que Beckmann y Garduño sostuvieron una reunión privada con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente. El encuentro tuvo lugar en el restaurante Magazzino, ubicado en la colonia Condesa, y fue revelado mediante videos difundidos por el columnista Héctor de Mauleón.
De acuerdo con el acta constitutiva inscrita en el Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía, el objeto social de la compañía permite realizar inversiones directas o indirectas en la administración y gestión de puertos, su construcción y el desarrollo de infraestructura en general.
El documento también contempla la participación en el suministro de combustibles y lubricantes en zonas portuarias, actividad conocida en el sector marítimo como avituallamiento o bunkering.
Beckmann Legorreta es el accionista mayoritario, con 99 mil 999 acciones, mientras que Garduño González Elizondo posee una. Los apoderados legales de la sociedad son Vianney Ramos Rosales, Alexander Gijs Van Tienhoven, José Alfredo García López Gala y Victoria Isabel Cortés Iturralde.
Una revisión de EL UNIVERSAL señala que, hasta ahora, JDBL y Compañía no aparece con permisos operativos de comercialización de hidrocarburos ante la Comisión Reguladora de Energía. Para importar, transportar, almacenar o comercializar combustibles se requiere un permiso vigente de la CRE o de la Secretaría de Energía.
Los documentos registrales describen a la empresa como una estructura para inyectar capital en proyectos de terceros, aunque también le permiten solicitar autorizaciones para intervenir directamente en negocios de hidrocarburos e infraestructura portuaria.
La reunión ocurrió mientras la Fiscalía General de la República y agencias de seguridad de Estados Unidos, entre ellas el FBI, investigan una presunta red de contrabando de combustibles vinculada con puertos y aduanas fronterizas de Tamaulipas.
La empresa relacionada públicamente con López Beltrán es Portacelis Gas and Oil, de Jorge Amílcar Olán, investigada por el SAT y la Secretaría de Hacienda por un presunto impago de 834 millones de pesos derivado de 139 pedimentos fraudulentos de importación de combustibles.
En su columna “Huachicol: la cadena del delito”, la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, señaló que el huachicol fiscal comenzó en México en 2018 mediante la clasificación arancelaria incorrecta de hidrocarburos importados y exportados.
