La presidenta Claudia Sheinbaum propondrá al Congreso un sistema para rastrear el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de los combustibles, como parte de las medidas contra el llamado huachicol fiscal.
Durante su conferencia matutina del jueves, señaló que la iniciativa será una de las prioridades del Paquete Económico de 2027, que el Gobierno enviará a la Cámara de Diputados la próxima semana. La propuesta busca contribuir a frenar la evasión vinculada con la importación de hidrocarburos.
“Queremos que el IEPS a los combustibles tenga trazabilidad, eso nos va a ayudar mucho con el huachicol fiscal”, declaró Sheinbaum.
La mandataria explicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) trabaja en la implementación del mecanismo, cuya aplicación dependería de la autorización del Congreso. El objetivo es monitorear el impuesto pagado al importar los combustibles durante su distribución y hasta la venta en las gasolineras.
El huachicol fiscal consiste en importar hidrocarburos bajo la etiqueta de otros productos para evadir el pago del IEPS. De acuerdo con la información citada, esta práctica suele estar acompañada por redes de complicidad entre autoridades aduanales y empresas importadoras.
El Gobierno de Sheinbaum ha dedicado los últimos dos años a desarticular redes de contrabando de combustibles en puertos y aduanas. Las investigaciones del último año también detectaron estructuras en las que participaron altos mandos de la Secretaría de Marina en los puertos.
En 2025, la Secretaría de Hacienda estimó que las pérdidas tributarias ocasionadas por el huachicol fiscal ascendieron a unos 16 mil millones de dólares. Sheinbaum adelantó que el combate a la evasión fiscal será la prioridad del Paquete Económico de 2027 para aumentar la recaudación.
“Lamentablemente, todavía sigue habiendo problemas de evasión fiscal, ha disminuido, pero de factureras y de evasión al fisco. Entonces lo que queremos a través de distintos mecanismos es garantizar que no haya evasión”, afirmó.
El IEPS se implementó en 1980 para recaudar recursos sobre productos específicos y, en algunos casos, desalentar su consumo. Además de los combustibles, se aplica a bebidas azucaradas y tabaco. Aunque algunos legisladores han planteado incluir bebidas alcohólicas y alimentos altos en sodio, Sheinbaum negó que su administración tenga previsto agregar ese gravamen a las bebidas alcohólicas.
