Eduardo Sadot
Hay que reconocer que el grito desde Palacio no fue desafinado como algunos de Zedillo, aunque tampoco como los bien entonados de Díaz Ordaz o López Mateos.
Incluyó a la Corregidora, sin el apellido de su esposo, y a otras mujeres de la Independencia. Después de conocer la ignorancia que campea en el morenismo, hasta podríamos sospechar que la inclusión de don Guadalupe Victoria obedeció a la confusión de que fuera mujer.
Cada grito queda en la memoria histórica. Por eso llama la atención el “¡Viva la democracia!”, cuando las instituciones creadas para garantizar la equidad y legalidad electoral han sido objeto de transformaciones y cuestionamientos.
El proceso electoral federal 2026-2027 comenzó formalmente el 10 de septiembre, pero desde antes hubo controversias por actos anticipados, promoción política y uso de recursos y programas públicos. El propio debate dentro del INE ya ha dejado constancia.
Un ejemplo está en el nuevo partido que originalmente se presentó como “Somos México”. El INE aprobó su registro, pero ordenó modificar denominación, emblema y colores. La decisión fue impugnada y la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la resolución del INE, aunque por razones distintas.
Podrá decirse que todo está dentro de las facultades legales y que las resoluciones fueron sometidas al control jurisdiccional. Es cierto. Pero las decisiones electorales deben observarse con rigor, porque de ellas depende la confianza ciudadana.
Una parte de la sociedad beneficiada por programas de asistencia social continúa respaldando a MORENA; otra parte no. El grito, como muchos mensajes de la presidenta, se dirige al pueblo, pero da la impresión de que no siempre al pueblo en general, sino fundamentalmente al que respalda a MORENA y su proyecto.
En el informe presidencial se presumió la cobertura de las ayudas económicas como uno de los grandes logros. Pero cuando un gobierno presume como éxito ampliar los programas asistenciales, también debería preguntarse qué ocurre con las condiciones económicas que hacen necesaria esa asistencia.
Hemos señalado que buena parte de la política pública de la llamada Cuarta Transformación parece regirse por un criterio electorero, más que por una visión de Estado que privilegie desarrollo, productividad, empleo y autonomía económica sobre la conservación del gobierno en el poder.
No se trata de negar el apoyo a quienes menos tienen. Se trata de preguntar si una política social debe perpetuar la dependencia de la ayuda o crear condiciones para que más mexicanos vivan dignamente sin necesitarla.
Ese es el debate que debería acompañar cualquier “¡Viva la democracia!”. La democracia se construye con instituciones independientes, elecciones equitativas, autoridades imparciales y ciudadanos capaces de decidir libremente.
Esta etapa formará parte de la historia de México. Será la historia, no los aplausos de Palacio, la que determine cómo habrá de recordarse.
Por mi parte, he denominado esta etapa “DESPOTISMO CRIMINAL”, concepto con el que identifico, a mi juicio, la sustitución de límites institucionales por la concentración del poder.
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