La elección judicial de 2025 dejó fuera a casi 60 por ciento de los juzgadores locales capacitados para implementar el nuevo sistema de justicia civil y familiar, afirmó el senador Javier Corral.
Durante la firma de un convenio de colaboración entre la Comisión de Justicia del Senado y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Corral relacionó esa reducción con el proyecto para posponer nuevamente la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
“Y, sin duda, en el proceso que tiene que ver con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que, como ustedes saben, pues, en el mediano plazo tiene el proyecto de volverse a posponer su entrada en vigor, entre otros casos o entre otras circunstancias, porque la elección judicial del 25 nos ha hecho perder a casi el 60 por 100 de los juzgadores locales que ya estaban capacitados y formados en ese proceso”, señaló.
El presidente de la Comisión de Justicia sostuvo que el acuerdo con el Inacipe debe repercutir en los trabajos legislativos y no quedarse únicamente como un acto protocolario.
“Un convenio de estos a veces parece que son cuestiones como de trámite o sólo para ocupar el espacio mediático de un evento protocolario, pero nosotros queremos fundar en este acto un acto que nos compromete a ambos, porque luego el Senado de la República escucha pero no le hace caso a nadie”, expresó.
Corral señaló que la Comisión de Justicia busca impulsar procesos de deliberación en los que las opiniones de expertos y especialistas sean tomadas en cuenta durante las discusiones legislativas.
“Lo que nosotros necesitamos empezar a experimentar son procesos de deliberación que nos comprometan, porque escuchar tiene la responsabilidad de hacerle caso a quienes se escucha, sobre todo si son expertos, especialistas”, agregó.
El senador también habló sobre las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y la discusión en torno a la figura de los llamados “jueces sin rostro”.
De acuerdo con Corral, tras las discusiones sobre esa propuesta se planteó al Poder Ejecutivo detener la iniciativa o, al menos, excluir la incorporación de esa figura, y aprovechar el proceso para llevar a cabo una reforma integral al Código Nacional de Procedimientos Penales.
