Cuando se habla de extorsión, normalmente se piensa en llamadas telefónicas, amenazas directas o cobros de piso. Pero el concepto legal es más amplio. La Ley General en materia de Extorsión establece que incurre en este delito quien, sin derecho, obliga a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo para obtener un beneficio o causarle un perjuicio.
La definición es importante porque amplía nuestro entendimiento de uno de los fenómenos sociales que más costos le generan a nuestro país. Por ejemplo, casos como sindicatos que bloquean avenidas primarias para conseguir incrementos insostenibles o personas que toman propiedad privada e instalaciones industriales con el objetivo de obtener beneficios personales también son extorsión. Eso no significa que una manifestación, un bloqueo o una negociación sean automáticamente extorsión. Protestar, organizarse y exigir derechos son actividades legítimas.
El problema aparece cuando la presión comienza a utilizarse como una herramienta para incrementar el costo de un conflicto hasta conseguir algo a cambio.
En México existen distintos ejemplos de organizaciones que han utilizado bloqueos, plantones o movilizaciones como parte de sus negociaciones.
La CNTE, por ejemplo, ha mantenido plantones y bloqueos mientras negocia demandas laborales y pensionarias con el Gobierno federal. En mayo de 2025, mientras continuaban las movilizaciones, organizaciones de comerciantes estimaron pérdidas por alrededor de 15 mil millones de pesos asociadas a cierres, afectaciones comerciales y ventas no realizadas en la Ciudad de México.
Eso no convierte a la CNTE en una organización extorsionadora. Sí muestra una dinámica sencilla: la presión genera un costo y ese costo puede fortalecer una posición de negociación.
Antorcha Campesina también ha recurrido a movilizaciones y bloqueos para exigir apoyos o decisiones de autoridades. En 2018, por ejemplo, integrantes de la organización bloquearon el Paso Exprés de Cuernavaca para exigir la entrega de fertilizantes y señalaron que no retirarían la protesta hasta obtener una respuesta de la autoridad.
En otros casos, Antorcha ha enfrentado señalamientos más delicados. En Puebla, representantes de distintas rutas de transporte denunciaron en 2017 ante la Fiscalía estatal presuntas amenazas y cobros de cuotas atribuidos a integrantes de la organización. La existencia de una denuncia no equivale a una sentencia, pero sí muestra cómo una estructura de presión puede ser cuestionada cuando aparecen cobros o beneficios económicos de por medio.
Un caso todavía más extremo es el de Pueblos Unidos de Michoacán. En 2022, autoridades detuvieron a 164 presuntos integrantes del grupo y aseguraron 142 fusiles, 44 armas cortas y 28 vehículos.
Las detenciones ocurrieron en el contexto de bloqueos carreteros y operativos de seguridad. Distintos medios también documentaron señalamientos sobre presuntos cobros de piso y extorsiones vinculados al grupo.
Los tres casos son diferentes y no deben equipararse jurídicamente. Pero permiten observar una misma pregunta: ¿en qué momento la presión deja de ser únicamente una forma de protesta y comienza a convertirse en un mecanismo para obtener beneficios?
La clave está en lo que ocurre después.
Si una organización plantea una demanda, recibe una respuesta y el conflicto termina, existe un proceso de negociación.
Pero si cada acuerdo es seguido por una nueva condición, un nuevo bloqueo o una nueva exigencia para retirar la presión, entonces surge una duda legítima sobre los incentivos para que el conflicto realmente termine.
Porque existe una diferencia entre defender una causa y necesitar mantener vivo el conflicto para conservar capacidad de presión.
Y ahí aparece la pregunta de fondo:
Cuando ya se obtiene aquello que se exigía, ¿la presión termina… o simplemente aparece una nueva condición?
Fuentes de referencia
• El Universal, 29 de mayo de 2025: Pérdidas estimadas por el paro y bloqueos de la CNTE.
• El Financiero, 5 de junio de 2018: Bloqueo de Antorcha Campesina en el Paso Exprés de Cuernavaca por la entrega de fertilizantes.
• El País / Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, 14 de agosto de 2022: Detención de 164 personas vinculadas a Pueblos Unidos y aseguramiento de armas y vehículos.
• La Jornada, 14 de agosto de 2022: Operativo contra Pueblos Unidos y bloqueos en Michoacán.
