El especialista en energía Gonzalo Monroy advierte que todavía no existen elementos públicos suficientes para afirmar que los 59 millones de litros asegurados en Guanajuato sean huachicol.
Su principal argumento: el combustible fue localizado en una terminal formal, autorizada para almacenar grandes volúmenes y utilizada por distintos participantes del sector energético.
Para Monroy, antes de hablar de combustible ilegal, la investigación deberá esclarecer quién es su propietario, cuál es su origen y si puede acreditarse su trazabilidad.
El aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, mantiene abiertas preguntas importantes.
La FGR investiga el origen, propiedad y trazabilidad del producto y autoridades estatales han reconocido que todavía es prematuro determinar si se trata de huachicol.
En paralelo, especialistas del sector energético han cuestionado la interpretación inicial del hallazgo y advierten que existe un elemento central que debe considerarse: el combustible se encontraba dentro de una terminal formal y autorizada para almacenar hidrocarburos.
El especialista en energía Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC, ha explicado que las instalaciones ubicadas en la comunidad de La Fragua forman parte de una de las terminales privadas de almacenamiento y distribución más importantes del Bajío:
https://x.com/GMonroyEnergy/status/2101005690621792431?s=20
De acuerdo con Monroy, se trata de infraestructura vinculada a Grupo SIMSA que ha prestado servicios a empresas como Petróleos Mexicanos (Pemex), Valero y Mobil. La terminal, además, tuvo un papel relevante durante el desabasto de combustibles registrado en México en 2019.
Este contexto resulta fundamental para entender el caso: una terminal de almacenamiento no necesariamente es propietaria del combustible que resguarda. Su función puede ser recibir, almacenar y posteriormente entregar producto perteneciente a distintas empresas que utilizan esa infraestructura dentro de sus cadenas logísticas.
Información publicada posteriormente por especialistas del sector apunta precisamente en esa dirección: la terminal de San José Iturbide resguarda producto de terceros y funciona como infraestructura de depósito y almacenamiento, no necesariamente como compradora o comercializadora del combustible que permanece en sus tanques.
El volumen, por sí solo, no determina su ilegalidad
Uno de los principales cuestionamientos de Monroy se concentra en la dimensión del hallazgo.
Los aproximadamente 59 millones de litros fueron encontrados distribuidos en 10 tanques dentro de una instalación cuya capacidad autorizada ronda los 97.7 millones de litros de petrolíferos.
Por ello, la presencia de un volumen de esa magnitud dentro del complejo no sería, por sí misma, una anomalía. Se trata precisamente de infraestructura construida para recibir y almacenar grandes cantidades de gasolina, diésel y otros petrolíferos.
La pregunta relevante, entonces, no es únicamente cuánto combustible había, sino a quién pertenece, de dónde provino y si existe documentación que permita acreditar su trazabilidad.
Ese es también uno de los elementos que permanece bajo investigación de la Fiscalía General de la República.
¿Cómo habría llegado combustible ilegal hasta una terminal de estas dimensiones?
Monroy también plantea interrogantes sobre la hipótesis de que la totalidad del producto localizado pudiera corresponder a combustible introducido ilegalmente al país.
El especialista señala que parte de los combustibles que abastecen esta infraestructura llegan mediante ferrocarril, dentro de cadenas logísticas que atraviesan puntos de importación y distintos controles antes de alcanzar el centro del país.
Desde su perspectiva, si se comprobara que millones de litros ingresaron ilegalmente hasta una terminal de estas características, la investigación tendría que explicar cómo atravesaron esos controles y cuál fue la ruta seguida por el producto.
Por ello, considera que antes de caracterizar el caso como un decomiso histórico de huachicol es necesario reconstruir documentalmente la cadena de suministro.
La FGR mantiene abierta la investigación
La FGR informó que la investigación comenzó el pasado 3 de julio, después de que una persona fuera detenida mientras descargaba diésel de una pipa en una gasolinera de San Luis de la Paz sin poder acreditar, según la autoridad, la trazabilidad del producto.
Las diligencias posteriores llevaron a otros cateos hasta llegar a la terminal de San José Iturbide, donde fueron asegurados 33.5 millones de litros de gasolina Regular, 7.2 millones de Premium y 18.2 millones de diésel, además de vehículos y documentación contable.
La propia investigación deberá determinar ahora la propiedad, procedencia y trazabilidad de esos combustibles y establecer si existen irregularidades relacionadas con delitos en materia de hidrocarburos o de carácter fiscal.
Autoridades de Guanajuato también han pedido cautela. El secretario de Seguridad y Paz estatal, Juan Mauro González Martínez, señaló que aún no puede afirmarse que se trate de huachicol y que primero deberá determinarse la procedencia del producto y establecer si existió alguna conducta ilícita relacionada con su extracción, almacenamiento, transporte o comercialización.
Una diferencia clave: asegurar no significa acreditar ilegalidad
El debate alrededor del caso se concentra así en una distinción fundamental.
Los 59 millones de litros fueron asegurados por las autoridades y permanecen sujetos a investigación, pero hasta ahora la información pública no permite concluir que la totalidad del combustible sea de procedencia ilícita.
Para Monroy, las características de la terminal, sus clientes, su capacidad de almacenamiento y la manera en que opera la logística de combustibles en el Bajío son elementos que deben incorporarse al análisis antes de presentar el episodio como un caso de huachicol.
La investigación de la FGR tendrá que resolver precisamente esas interrogantes: quién es propietario del combustible, cuál es su origen, qué documentación respalda su entrada a la terminal y si existen inconsistencias entre los inventarios físicos y los registros fiscales, aduaneros y comerciales.
Hasta que esas diligencias concluyan, el caso mantiene abierta su pregunta central: ¿los 59 millones de litros son combustible de procedencia ilícita o corresponden a producto almacenado legalmente cuya trazabilidad todavía debe acreditarse ante la autoridad?
