La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) presentó 517 denuncias penales por presuntos actos de corrupción durante los dos años del sexenio, pero sólo 53 derivaron en vinculaciones a proceso, informó su titular, Raquel Buenrostro.
Durante la conferencia mañanera, la funcionaria detalló que los expedientes involucran a mil 52 servidores públicos y 82 personas físicas o morales por posibles delitos como enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.
“En este periodo de dos años se han presentado 517 denuncias de servidores públicos, de los cuales 53 han sido vinculados”, reportó.
En materia administrativa, la dependencia contabiliza 4 mil 193 servidores públicos sancionados. De ellos, 3 mil 528 recibieron sanciones por faltas no graves y mil 737 expedientes por faltas graves fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
De estos últimos casos, 87 funcionarios ya fueron notificados como sancionados y mil 650, alrededor del 95 por ciento, continúan en proceso. La SABG integra los expedientes y corresponde al Tribunal determinar las sanciones.
Buenrostro señaló que las conductas detectadas incluyen pagos indebidos, sustracción de información bajo resguardo de funcionarios, pagos por bienes o servicios no entregados, compras innecesarias o injustificadas, ocultamiento de bienes, incrementos patrimoniales y falsificación de documentos.
Entre los casos expuestos está un contrato de la extinta Policía Federal por 130 millones de dólares, celebrado en 2015 para desarrollar un sistema. Posteriormente se añadieron 65 millones de dólares bajo el argumento de seguridad nacional.
Por ese expediente se impusieron inhabilitaciones de entre 15 y 20 años al titular de la división de inteligencia y al encargado administrativo. También se reclama una reparación del daño por 65 millones de dólares y se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Otro expediente corresponde a un contrato por 80 millones de pesos para servicios de producción y envasado. De ese monto se pagaron por adelantado alrededor de 73 millones de pesos, pese a que, de acuerdo con Buenrostro, el servicio nunca se prestó. En el caso están involucrados servidores públicos y un proveedor, por lo que se iniciaron procedimientos administrativos y se presentó una denuncia penal ante la FGR.
La secretaria también informó sobre una investigación iniciada en 2025 junto con la dirección médica del ISSSTE, luego de detectar que medicamentos, principalmente oncológicos, eran manipulados y etiquetados en un almacén privado con participación de servidores públicos y personas externas.
Por ese caso se presentó una denuncia penal contra servidores públicos y un particular. En febrero de 2026 también se integró un expediente por una falta administrativa grave relacionada con abuso de funciones y daño patrimonial.
Buenrostro explicó que, cuando las irregularidades administrativas pueden constituir delitos, la Secretaría presenta las denuncias correspondientes ante la FGR, además de los procedimientos que deben tramitarse ante el TFJA.
Respecto de los particulares, la dependencia reportó 286 personas inhabilitadas: 222 recibieron únicamente multas y 64 fueron sancionadas con inhabilitación y multa. Las sanciones económicas suman 147 millones de pesos.
Entre las irregularidades atribuidas a proveedores se encuentran la presentación de documentos falsos durante licitaciones, incumplimientos contractuales, simulación de experiencia técnica o capacidad económica y ocultamiento de conflictos de interés.
La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó las acciones preventivas de la SABG y señaló que las revisiones de licitaciones, contratos, obras y estructuras administrativas han evitado erogaciones por cerca de 83 mil millones de pesos durante los últimos dos años.
“Si ellos revisan, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, alguna licitación que no viene bien desde el principio, que tiene problemas, pues de inmediato la para y entonces se revisa quién hizo alguna afectación, se toman medidas cautelares, es decir, se mueve al servidor público que está en esa área por considerar que es posible que estuviera involucrado en algún acto de corrupción”, explicó la Presidenta.
