• El indulto a Patishtán, serio compromiso
• 8,500 indígenas pudriéndose en la cárcel
El indulto y la excarcelación de Alberto Patishtán Gómez es un mensaje claro en el sentido de que el actual gobierno, encabezado por el priísta Enrique Peña Nieto. se compromete a deshacer los históricos entuertos de este retorcido sistema de justicia penal, que corroe las fibras más íntimas de la vida de los mexicanos pobres.
No es un mérito; no, un acto heroico. Simplemente, justicia. Se resarce la ofensa pública en la persona de un mexicano, que los defensores de los derechos humanos nacionales y extranjeros convirtieron en un ícono de lucha por la libertad y el respeto a la dignidad humana.
Patishtán Gómez hay miles en las horrorosas cárceles mexicanas. Es la aplicación de la ley a conveniencia de los poderosos. Los de abajo no tienen derechos. Así ha ocurrido desde hace ya casi 500 años. Los jueces son cuadrados. “La justicia, ciega”.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Procuraduría General y la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, en el país hay poco más de 8.500 indígenas paupérrimos en prisión; la mayoría sufrió el mismo proceso que enfrentó el maestro de El Bosque: nunca tuvieron acceso a traductores y los jueces, fiscales y abogados defensores no conocían los usos, las costumbres, la cultura o el idioma de la población indígena. El caso del “parricida”, contado en la entrega del jueves.
El indulto a Patishtán Gómez sólo evidencia dos cosas – de acuerdo con el senador panista Jorge Luis Preciado -: la primera, que los tribunales no imparten justicia. Y el presidente puede indultar a uno, pero los tribunales siguen impartiendo (in) justicia. El asunto es más grave de lo que parece.
Preciado sabe de lo que habla. Dio su servicio social como abogado en un centro de “readaptación Social”. Ahí pudo cerciorarse de que la mayoría estaba presa porque no podía pagar un abogado, Y conoció un dato escalofriante: el 60 por ciento de la gente encarcelada, entre el estado de México y el Distrito Federal, está por delitos que valen menos de 500 pesos. Y muchos jamás supieron los detalles del juicio que enfrentaron, ni tampoco fueron informados de sus derechos. Hay muchos casos en que los inculpados no comprenden que cometieron algún delito, pues se comportan con base en sus usos y costumbres. Y ni qué hablar de los abusos de que son víctimas, porque no tienen dinero para pagar las cuotas que les exigen los carceleros y otros prisioneros para no hacerles daño.
El 75 por ciento de los indios detenidos se concentran en once de los 32 estados del país: Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Guerrero, Distrito Federal, Yucatán, Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí y el Estado de México. “Es el fracaso de la justicia mexicana”, de acuerdo con Daniel Zapico, representante de Amnistía Internacional en el país.
“No funciona adecuadamente; no tener recursos sociales, pertenecer a una comunidad indígena suponen una condena en muchísimos casos”. Así, el indulto presidencial a Patishtán puede ser útil. Otros pobres en la misma condición tienen la posibilidad de usar este recurso.
La Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados aprobó ya su opinión presupuestal para 2014, que estima 73 mil millones de pesos, en su mayor proporción para pagar fianzas de indígenas que están por salir de la cárcel, pero que no tienen dinero.
Y el clarísimo mensaje presidencial que apunta a una verdadera revolución en el mundo cruel de la justicia penal.
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