El corte de caja en materia de seguridad nacional, luego del primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, es sin más explicaciones: Peor, imposible.
Estamos peor que al inicio de la administración panista de Felipe Calderón. Y todo en principio –se vale señalar lo contrario–, porque en este país no se respeta el Estado de derecho o se aplica de forma diferenciada.
En los primeros días de la gestión federal de Calderón, se puso en marcha el Operativo Conjunto Michoacán con el objetivo primordial de llevar a esa entidad –de donde es oriundo Calderón–, la paz social. Más en lugar de ser ese el camino para el restablecimiento del orden en esa entidad, fue más bien la antesala de la después llamada “guerra contra el narcotráfico” y años después rebautizada como “lucha en contra del crimen organizado”, para no aceptar en teoría, el grave error de mandar a las fuerzas armadas a enfrentarse sin estrategia ante las mafias delincuenciales y no admitir tampoco los decesos en miles de la población civil, llamados por Calderón: “Daños colaterales”.
Pero el saldo fue negativo, ya sea de la guerra o la lucha –lo mismo da en términos prácticos, de resultados y violencia- del sexenio pasado, pese a los golpes espectaculares a los grupos delincuenciales a través de la captura y hasta la muerte de líderes, tesoreros e incluso familiares ligados a los cárteles de la droga y grupos delincuenciales de altos vuelos.
Al arribo de Peña Nieto al Ejecutivo federal, la agenda nacional puesta sobre la mesa, si bien no obvio el tema de la seguridad nacional y de la estrategia para minar a los grupos criminales ligados a la droga sobre todo, si cumplió el objetivo de ubicarlo en segundo o tercer plano; pero en la realidad del terreno, la delincuencia organizada seguía operando como antaño, tanto que incluso el emblemático Michoacán como cuna de arranque pare hacer frente con todos los recursos federales al crimen organizado, hoy está peor que nunca, pues no sólo hay que combatir a las mafias criminales, sino también controlar y desmantelar a las llamadas autodefensas con quienes todo indica; el Gobierno ha pactado al menos con uno de sus máximos líderes y de lo que me atrevo a sospechar, trataron de desaparecerlo con suscitado accidente aéreo, del cual si bien no salio ileso, sí vivo y ahora deja al descubierto que ya desde Gobernación se pactaba y se cubría a las autodefensas, que dizque porque su tarea fue al final combatir a los criminales.
Así o más clara la violación del Estado de derecho o las complicidades a modo.
No hay explicación creíble a la protección que ahora da el Gobierno federal desde distintas instancias al líder de las autodefensas michoacanas, José Manuel Mireles, y entre más intenten peor será el enredo.
Fausto Vallejo, el gobernador de Michoacán, también pacto con el poder federal, pero en condiciones menos favorables que el doctor Mireles. Y ahí vamos al siguiente gran tropezón nacional con el ahora signado Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán.
Acta Divina… El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, firmaron el lunes de esta semana, el Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad en dicha, mientras tanto, en la capital Morelia, fue instrumentado un operativo para garantizar la seguridad de los funcionarios federales.
Para advertir… Poco falta para que en otras entidades se hable del “efecto cucaracha”, tras los operativos en Michoacán por no advertir que el paìs todo, sigue incendiándose.
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