Con todo y sus asegunes –que nunca faltan– habrá que felicitar al gobierno que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto por el acuerdo alcanzado con los grupos de autodefensa que desde hace casi un año combatieron a los delincuentes en Michocán.
La razón de esta inusual congratulación radica en el hecho de que, a diferencia de lo ocurrido en Colombia –país que en muchos aspectos, tanto delincuenciales como policiacos, ha sido ejemplo o exportadora de personajes y estrategias–, aquí no se recurrió a las Naciones Unidas ni, que se sepa, tampoco la Iglesia Católica para sentar a la mesa de negociaciones a los representantes de los gobiernos federal y estatal con quienes, alzados en armas, planteaban ya un desafío al Estado mexicano.
En Colombia, vale comparar, desmontar el aparato militar de las Autodefensas Unidas (AUC) se produjo en un contexto de negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, pero no con las FARC, lo que de inicio afectó la parte jurídica del proceso y las perspectivas de pacificación. Aquí, por lo visto, no intervinieron los movimientos armados subversivos que también actúan en la sierra michoacana.
A Colombia le llevó dos años desarmar a las Autodefensas Unidas. Aquí en cuestión de días, aparentemente, se ha conseguido.
El proceso del país sudamericano inició en agosto de 2002, cuando se produjo una reunificación de la mayoría de los grupos paramilitares, con el propósito de afrontar una negociación con el gobierno. En diciembre de aquel año, y con la mediación de la Iglesia Católica, las AUC declararon un cese unilateral de hostilidades y pidieron el acompañamiento de la ONU.
El gobierno colombiano, por su parte, nombró una comisión de seis personas para explorar el diálogo con varios de esos grupos, que se concretó en julio de 2003, con la firma del acuerdo de Santa Fe de Ralito entre el Gobierno Nacional y las AUC, y que se basó en los siguientes principios: 1) el logro de la paz nacional solo se logra a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado; 2) perspectiva del desarme y la desmovilización total de los miembros de las autodefensas; 3) compromiso con el cumplimiento del cese de hostilidades; 4) compromiso para el abandono de actividades ilícitas; 5) apertura a la participación de terceros; 6) rechazo a la violencia como mecanismo para dirimir las diferencias, y 7) aceptación y respeto de los términos de cualquier acuerdo al que se llegue.
La primera desmovilización se produjo en noviembre de 2003.
AQUÍ, SE INSTITUCIONALIZAN
Aquí fueron ocho y no siete los acuerdos firmados hace dos días por el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes; por parte del gobierno de la entidad, el mandatario estatal Fausto Vallejo, y por parte de los grupos organizados, los representantes de las comunidades de Churumuco de Morelos, Nueva Italia de Ruíz, La Huacana, Parácuaro, Tancítaro, Cualcomán de Vázquez Pallares, Aquila y Coahuayana de Hidalgo.
Estos ocho son más concretos y directos: 1) institucionalización de las autodefensas en cuerpos de defensa rural; 2) como policías municipales; 3) conservación de las armas, mediante registro ante la Sedena; 4) auditorías de los recursos públicos municipales; 5) rotación de ministerios públicos; 6) comunicación de autoridades federales con municipales; 7) facilidades a los detenidos por portación de armas de fuego en libertad provisional para que firmen cada semana en territorio michoacano, y 8) fincar responsabilidades a servidores públicos (sic) involucrados con el crimen.
Acuerdos mínimos, pues, que por supuesto no requerían la participación de mediadores enviados por la Organización de las Naciones Unidas, ¿no cree usted?
Vaya pues la felicitación a Peña Nieto por estos acuerdos que, imagino, son iniciales para restablecer, a partir de Michoacán –¿cómo dijeron los colombianos?, ¡ah, sí!–,el logro de la paz nacional, que sólo se logra a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado.
Índice Flamígero: De lo más plural, y en su papel, el presidente del Senado de la República Raúl Cervantes. Asistió a las plenarias de todas las fracciones parlamentarias, no sólo a la suya, la del PRI. + + + Y en la del PRD, el padre Alejandro Solalinde derramó el chocolate sobre la mesa del sol azteca: les dijo lo que todo el mundo político piensa de ese partido ya casi en extinción. + + + Una más de corrupción: ¿Cómo está eso de que el SAT va a instalarse en la conflictiva Plaza Galerías, cerca de las oficinas de Pemex y de la CFE? Sabrán que el edificio que alojará a miles de trabajadores de la dependencia a cargo de Aristóteles Núñez está desahuciado, a punto de venirse abajo? ¿Será verdad que por la firma de un comodato, el SAT lo va a reparar… aunque ya no tenga reparación? ¿Y que ya reparado, con cargo a los contribuyentes, por supuesto, lo van a rentar a precio de oro? ¿De quién es el bisnes?
¿Acaso hay que felicitar a alguien por cumplir mínimamente con su deber? Si es que lo hizo.
Para eso les pagamos, y mucho. Además que habrá que ver si el espectáculo de la firma de tanto acuerdo da algún resultado.