• El incendio provocado por Murillo cunde
• La represión no deberá ser la respuesta
En la mira de la gran prensa internacional, que un día lo presentó como la salvación de México, y ahora lo ve con lupa y lo estigmatiza por estar envuelto en la crisis política más dramática de la historia, después del masacrado Movimiento Estudiantil del 68, Enrique Peña Nieto se apresta a concluir su gira por el Extremo Oriente, y retornar a un país que, no es exagerado, comenzó a arder en un piloto en llamas llamado Estado de Guerrero.
La chispa incendiaria la prendió el procurador general de la república, Jesús Murillo Karma, con su fallida conferencia de prensa, en la cual no sólo deslizó la posibilidad de que los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos a la fuerza el 26 de septiembre pasado, estuvieran ya hechos polvo y ceniza, sino que hizo el gran ridículo de manifestarse “cansado”, con lo que provocó la ira y el escarnio de los indignados.
Murillo Karam prácticamente presentó el caso Ayotzinapa como lo que en el lenguaje jurídico estadounidense se denomina cold case, caso cerrado, cuando anunció que enviaría las cenizas y restos humanos, “hallados” en el río de Cocula, para que fueran analizados por expertos de una de las mejores universidades de la alpina Innsbruck, en Austria.
Pero mientras los expertos austriacos concluyen el análisis de los restos humanos, lo que se llevará harto tiempo, lo único que podrán hacer los investigadores del procurador para seguir buscando a los estudiantes con vida es guardar las formas, pues es seguro que jamás serán encontrados con vida, aunque pudieran estar vivos en cualquier mazmorra mexicana.
El estado de Guerrero arde de indignación y crepita en llamas, llamas físicas, desde que Murillo Karam prendió la mecha de esta manifestación masiva de coraje de miles de ciudadanos. La indignación de los estudiantes normalistas es supina ante la impotencia de poder estrechar de nuevo a sus condiscípulos secuestrados, en el acto violatorio de los derechos más dramático y vergonzoso desde la Matanza de Tlatelolco, hace ya casi medio siglo.
No le queda más al gobierno de Peña Nieto que apechugar ante la reacción de los indignados. Aplicar el estado de derecho en estas circunstancias no es reprimir la manifestación del dolor y el llanto de mucha gente, especialmente los padres, las madres, los hermanos y la parentela de los muchachos normalistas desaparecidos.
Pareciera que lo está entendiendo, aunque sea tímidamente – ojalá no me equivoque -, pues este jueves, uno de los ideólogos del Grupo Atlacomulco, el veterano secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, advirtió que “la violencia no debe usarse para combatir a la violencia, (porque) el derecho no existe contra el derecho”.
Mientras tanto, la manifestación de la indignación cunde. Los indignados no tienen otra opción más que salir a las calles para manifestar su indignación, ante la posibilidad de que se confirme que los normalistas secuestrados están muertos.
La demanda tendrá que encontrar una respuesta, una solución satisfactoria de parte del gobierno federal, lo cual está en chino. Pero el presidente tendrá que afrontar la realidad hablando con la verdad, porque la liga está ya muy estirada, a pesar de que los economistas del señor Luis Videgaray aseguren que la economía está recuperándose.
Hace ya varias entregas, la sugerencia planteada en este espacio era que el presidente diera un golpe de timón, que rectificara el rumbo, y que cambiara de raíz el modelo de política económica y social dictado por los ideólogos, porque el problema es la ideología inventada por los filósofos de la “libertad” propuesta por el neoliberalismo económico, que así se llama ahora la tradicional filosofía de la Casa Blanca, del Departamento del Tesoro, inspirada en el pensamiento de los muchachos de Chicago de Friedman.
Deberá el presidente de hacer una limpia en su gabinete, comenzando con el “cansado” procurador, y siguiendo con el fallido secretario de hacienda.
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