Redacción, MX Político.- En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se reveló, por primera ocasión en lo que va del sexenio, la conformación de una nueva mayoría que encajó con el deseo presidencial de realizar una consulta popular de manera simultánea a las elecciones intermedias de 2021.
La constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador planteó al máximo tribunal del país, fue la primera votación que gana la nueva mayoría en el pleno de la Corte, un bloque que nadie anticipaba hasta el jueves 1.
La construcción de un bloque de ministros favorable al mandatario no es ajena al debate que se ha iniciado en el Congreso de la Unión para aprobar una nueva reforma judicial, discusión que puede significar más presiones para el Poder Judicial de la Federación (PJF) y que, además, carece del consenso de los propios jueces y magistrados federales (Proceso 2290).
Además, López Obrador aprovechó la conferencia matutina de los días previos a la sesión para enviar varios mensajes a los ministros.
Incluso, horas antes de la votación, el presidente solicitó al pleno del alto tribunal que no fuera a desechar la consulta por ser inconstitucional, rechazó que el motivo de la misma fuera violatorio de los derechos humanos y recordó que la Corte se negó a avalar una consulta popular sobre la reforma energética.
Dos bloques
La constitucionalidad del tema de la consulta fue aprobada en una cerradísima votación de seis ministros contra cinco, aunque al modificarse la pregunta de forma radical, la votación se volvió más contundente. Ocho ministros aprobaron la nueva pregunta, mientras que tres sostuvieron el rechazo absoluto sobre la misma.
La consulta seguirá siendo sobre la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, pero ahora la pregunta no tendrá sus nombres ni tampoco la palabra juicio.
La propuesta del gobierno de López Obrador era: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos de los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Sin embargo, la pregunta final es un esbozo de lo que pretendía el mandatario: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas?”.
Los seis ministros que votaron en favor del ejercicio planteado por López Obrador fueron el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carranca, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Ese fue el nuevo bloque de ministros que aprobaron la constitucionalidad de la consulta y que no habían votado de manera conjunta en debates anteriores del pleno.
Los ministros que se pronunciaron por declarar la inconstitucionalidad de la consulta fueron Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, José Fernando Franco González, Javier Laynez Potisek y el autor del proyecto que proponía desecharla, Luis María Aguilar Morales.
La nueva mayoría
El bloque que mostró su afinidad con la propuesta presidencial está integrado por cuatro ministros de los que se podía anticipar su votación y dos que dieron un giro sorpresivo en comparación con su desempeño anterior.
Entre los votos en favor de la consulta se encuentran tres integrantes de la Corte que llegaron al cargo a propuesta de López Obrador desde que rindió protesta como presidente de la República: las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Ana Margarita Ríos Farjat, así como el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca.
El voto del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea, también era predecible y se cumplió: al inicio de la sesión del 1 de octubre solicitó a sus correligionarios votar en favor de la constitucionalidad de la consulta, argumentando que el alto tribunal estaba obligado a “abrir las puertas de la vida institucional a quienes históricamente han estado excluidos de ella”.
Por el contrario, los votos de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán en favor de la consulta fueron totalmente inesperados.
Uno de los votos clave de la nueva mayoría afín al lopezobradorismo es la ministra Margarita Ríos Farjat, quien debe su llegada al pleno de la Suprema Corte a la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda revelara que investigaba sus cuentas bancarias.
La cercanía de Ríos Farjat con el actual mandatario no es un misterio: hasta diciembre de 2019 fungió como directora general del Servicio de Administración Tributaria (SAT) del gobierno de López Obrador. En enero de 2020, una vez que libró la aduana legislativa, rindió protesta como ministra de la Suprema Corte.
Por lo que se refiere al ministro Juan Luis González Alcántara, su cercanía con el mandatario proviene de su desempeño como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) entre 2000 y 2003, justo cuando el actual titular del Poder Ejecutivo se desempeñaba como jefe de Gobierno capitalino.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa también había ocupado cargos de relevancia en la justicia capitalina, como presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de su Sala Superior y de su Junta de Gobierno. Exmagistrada de un tribunal agrario, su ingreso al Tribunal de lo Contencioso capitalino se dio a propuesta del entonces jefe de Gobierno y actual canciller, Marcelo Ebrard.
En los procesos de selección de las ministras y el ministro, la afinidad de cada uno de ellos con el gobierno de López Obrador nunca fue un secreto. Aún así, los legisladores de oposición no lograron un acuerdo para bloquear o echar abajo las tres designaciones.
Viraje
Apenas en mayo de 2019 el ministro Alberto Pérez Dayán formó parte de la mayoría que dio un primer revés al gobierno de Andrés Manuel López Obrador al invalidar el tope salarial contemplado en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
A propuesta del ministro Pérez Dayán también se invalidó el tope previsto en la norma, por considerar que era discrecional y no estaba debidamente justificado.
“El pleno invalidó los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III y IV, incisos b y c, párrafo último, y 7, párrafo primero, fracción I, inciso a, II y IV de la ley por considerar que permiten el establecimiento discrecional de remuneraciones”, señala la tarjeta informativa de la sesión del 20 de mayo de 2019.
Pese a que la propuesta del ministro Pérez Dayán era invalidar la totalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con el argumento de que hubo graves violaciones y omisiones al procedimiento legislativo, no se logró la mayoría calificada de ocho votos para declarar la inconstitucionalidad de la norma.
En el debate, el proyecto de resolución del ministro Pérez Dayán alcanzó siete votos, por lo que el asunto fue desestimado y la norma quedó vigente en ese momento. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena también votó por invalidar la totalidad de la norma, por lo que fue parte del mismo bloque que Pérez Dayán.
Más aún, Gutiérrez Ortiz Mena es el autor del proyecto que en junio de 2019 decidió confirmar una suspensión al Instituto Federal de Telecomunicaciones para evitar que los salarios de sus altos funcionarios se vieran reducidos para ajustarse a la propia Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
La resolución aprobada por la Primera Sala de la Corte para restituir los salarios de los mandos del instituto contó con los votos en favor de los ministros Pérez Dayán y Gutiérrez Ortiz Mena, con lo que confirmaron el revés al gobierno de López Obrador en materia de topes salariales para los altos funcionarios.
Hoy, ambos ministros forman parte de la nueva mayoría que votó en favor de la constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, un giro sorpresivo que contrasta con sus votaciones anteriores.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán tienen otra coincidencia: ambos ministros rindieron protesta el 1 de diciembre de 2012, por lo que se trata de dos integrantes de la Corte que propuso el expresidente Felipe Calderón.
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