Por Aurelio Contreras Moreno
El 10 de abril de 2018 deberá ser recordado como el día que las instituciones en México decidieron retroceder unos 30 años en la historia de este país. Y como una fecha de derrota para las luchas ciudadanas.
Por principio de cuentas, el fallo (en el más estricto sentido de la palabra) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que coloca en la boleta como candidato presidencial al gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, alias “El Bronco”, representa una puñalada trapera al proceso electoral en curso, pues avala “jurídicamente” el fraude como método para hacer política y participar en los comicios que se organizan en México.
En una decisión inaudita, los magistrados electorales Felipe Fuentes Barrera, José Luis Vargas, Indalfer Infante González y Mónica Aralí Soto, consideraron que el Instituto Nacional Electoral “violó” la garantía de audiencia de “El Bronco” al negarle el registro como candidato “independiente”, y que por ése solo hecho, merecía estar en la boleta el próximo 1 de julio.
Ello, a pesar de que 58 por ciento de las firmas que presentó este personaje –un millón 198 mil 892- fueran invalidadas por irregularidades diversas, entre las cuales, que por lo menos casi 159 mil fueron detectadas como completamente falsas. Además de que se notificaron anomalías en la fiscalización de más de 17 millones de pesos durante el periodo de recolección de las rúbricas, que fueron recabadas -por si todavía algo faltase- utilizando todos los recursos humanos, materiales y económicos del gobierno de Nuevo León. Es decir, desviando recursos públicos.
Para los magistrados del Tribunal Electoral federal este tramposo, a quien se le puede calificar sin asomo de duda como un verdadero delincuente electoral, tiene los merecimientos suficientes para buscar la Presidencia de México, lo cual sería correcto si sus parámetros se encuadran en el perfil de los últimos nueve mandatarios que ha tenido este país.
Pero en términos de legalidad y de confianza en las instituciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dinamitó un proceso electoral que ya entró en sus últimas fases, pues además de avalar la figura del fraude con una decisión política y no jurídica –pues los magistrados nunca entraron al fondo del asunto, que es que más de la mitad de las firmas de “El Bronco” no son válidas-, debilitó al árbitro de la contienda y sentó un pésimo precedente para una elección que será lo suficientemente cerrada como para ir a una segura impugnación, la cual le tocará resolver, junto con la calificación final del resultado, a estos mismos magistrados. Un escenario de terror.
Y como si el panorama no pudiera ser más desalentador, en el mismo día, en la Cámara de Diputados fue aprobada la nueva Ley de Comunicación Social que, desde ahora, ya fue motejada como la “Ley Chayote”, pues no cumple con los mínimos indispensables para evitar el derroche en el gasto oficial en medios de comunicación y perpetúa las peores prácticas en la relación gobierno-prensa, así como la arbitrariedad, la opacidad y el uso propagandístico de la publicidad oficial. Es, en términos coloquiales, la instauración a plenitud del “no pago para que me peguen”.
La clase política y la partidocracia le propinaron una bofetada en la cara a la ciudadanía de nuestro país, y con absoluto cinismo y desparpajo mandaron de un jalón y sin escalas no al diablo, sino a la chingada, a las instituciones que tanto ha costado construir a todos los mexicanos.
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