Lilia Arellano.
“No hay camino para la paz; la paz es el camino”: Ghandi
• !No! a la militarización
• Invalidar Ley de Seguridad Interna, exige la oposición
• Abusos de autoridades en impunidad, denuncia HRW
• Europa: preocupa a diputados los ataques a activistas
• PRI lanza convocatorias para candidatos al Congreso
Ciudad de México, 18 de enero de 2018.- Invalidar toda la Ley de Seguridad Interior, la cual regula la actividad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y combate al crimen organizado, pidieron diputados del PAN, PRD, Morena y MC a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reunieron 188 firmas, de 167necesarias, para presentar una acción de inconstitucionalidad de dicho ordenamiento. En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó la ejecución de 4 personas (un mexicano y tres estadounidenses) a manos de elementos de la Secretaría de Marina. La impunidad ante violaciones graves a derechos humanos dominan el apartado sobre México del Informe Mundial 2018 de Human Rights Watch.
La aprobación de la Ley de Seguridad Interior es en los hechos el primer paso para implementar un régimen militar en México. Fue posible gracias al mayoriteo del PRI y sus aliados en el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Organizaciones No Gubernamentales, académicos e investigadores, universidades del país y otros especialistas alertaron sobre los peligros de la implementación de dicho ordenamiento. Ahora los cuatro partidos presentaron una acción de inconstitucionalidad con 21 conceptos de invalidez de dicha ley. A la Corte acudieron el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, el líder de la bancada del PAN, Marko Cortés, y el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez. Los legisladores federales pidieron a la Corte admitir el recurso, analizarlo y emitir una sentencia en la cual se invalide toda la ley.
De entrada, plantearon a la Corte se determine si el Congreso de la Unión, a partir de una facultad que expresamente tiene el Presidente de la República, puede expedir la Ley de Seguridad Interior. Dentro del documento de 145 páginas, se fundamentan los diversos conceptos en los cuales los legisladores consideran se violan preceptos de la Constitución. Entre otros, argumentan que la Ley de Seguridad Interior es violatoria del principio de legalidad, contenido en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución, debido a que el Congreso no tiene la facultad para legislar en el tema.
También, dicha ley viola la garantía de salvaguarda federal, contenida en el primer párrafo del artículo 119 constitucional, respecto al protección que debe otorgar la Federación a las entidades. Por oficio, el Ejecutivo federal no podría hacer una declaratoria de intervención, por lo cual debe prevalecer la solicitud de un Congreso local o de su Ejecutivo, para recurrir a las fuerzas armadas.
Asimismo, exponen: las acciones para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior no pueden ser de carácter permanente y tampoco requieren de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. La acción de inconstitucionalidad aborda también la disposición de que las fuerzas armadas puedan intervenir en protestas sociales, en caso de que éstas se salgan de los preceptos constitucionales.
Además, se advierte que la Ley de Seguridad Interior carece de constitucionalidad al dar facultades en materia de inteligencia a las fuerzas armadas. No se señala en qué consisten tales facultades ni se establece de manera específica los procedimientos e instancias que deben participar en ellas, lo cual es contrario a lo previsto en el articulo 16 constitucional.
PREVALECE IMPUNIDAD ANTE ABUSOS
El Informe Mundial 2018 de Human Rights Watch destaca la impunidad prevaleciente en México ante violaciones graves a derechos humanos y los pendientes en la implementación de reformas las cuales podrían combatirla. El resumen sobre nuestro país destaca: durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, las fuerzas de seguridad han estado implicadas en graves y reiteradas violaciones a derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. “El gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el ex presidente Felipe Calderón comenzó en 2005 la “guerra contra el narcotráfico” en México”, destaca el balance global titulado “Luchar por los derechos ofrece resultados exitosos”.
Entre 2006 y 2016 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió casi 10 mil denuncias de abusos de militares, resalta el informe presentado en París, Francia, por el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth. En Tlatlaya, por ejemplo, al menos 12 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, pero nadie ha sido condenado, pues la Procuraduría General de la República (PGR) apeló una sentencia que le ordenaba investigar a profundidad la cadena de mando. Tampoco hay imputados en el caso de la ejecución arbitraria de 22 personas en Tanhuato, Michoacán, a manos de la Policía Federal. La PGR tenía 4 mil 390 investigaciones en curso sobre presuntos casos de tortura, hasta abril de 2017, advierte la organización internacional.
Recientemente, la CNDH acreditó que elementos de la Secretaría de Mariana Armada de México (Semar) y del Grupo Táctico Operativo Hércules Matamoros detuvieron de manera arbitraria a 4 personas (un mexicano y tres estadounidenses), las desaparecieron forzadamente y los ejecutaron de manera extraoficial en Matamoros, Tamaulipas, en octubre de 2014. Por esa razón la CNDH emitió una recomendación al titular de la Semar, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; y al presidente municipal de Matamoros, Jesús de la Garza Díaz del Guante.
En ese caso, la CNDH contó con elementos que permiten determinar las violaciones a los derechos humanos a la libertad, la integridad y seguridad personal, a la legalidad, a la seguridad jurídica y al derecho a la vida en perjuicio de las cuatro víctimas directas y del derecho a la verdad en agravio de sus familiares, como víctimas indirectas, así como para establecer la probable responsabilidad de los elementos navales y del denominado Grupo Hércules, por la detención arbitraria, desaparición forzada y ejecución arbitraria de estas personas. Estos hechos aún siguen siendo investigados y pendientes de determinar por el Ministerio Público Federal.
Por lo general, las autoridades no identifican restos humanos hallados en fosas clandestinas en diferentes partes del país, señala el informe de HRW sobre las desapariciones forzadas. Además, es habitual que los agentes del Ministerio Público no hagan las investigaciones básica y hasta pidan a los familiares de los desaparecidos que ellos mismos hagan las indagatorias. HRW recuerda no hay avances sustanciales en el caso Ayotzinapa, pues sólo un estudiante ha sido identificado, mientras que de los más de 100 acusados que hay ninguno es autoridad federal o estatal ni miembro de las fuerzas armadas.
Una unidad dedicada a la investigación de desapariciones se creó en 2013, la cual se convirtió en Fiscalía Especial en 2015, sin embargo, sus avances son limitados en la investigación y el juzgamiento de casos de desaparición forzadas. En tanto, la Ley General sobre Desaparición de Personas, promulgada en noviembre, todavía no ha sido implementada. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se ha pronunciado aún sobre la acción de inconstitucionalidad que la CNDH presentó contra reformas al Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Militares, los cuales otorgan, entre otras, facultades para allanar viviendas y edificios públicos e intervenir comunicaciones privadas.
PREOCUPA A EUROPA ATAQUES A DEFENSORES
El Parlamento Europeo expresó su preocupación por los agresiones a defensores de derechos humanos en México, mediante una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, al canciller Luis Videgaray, y al gobernador Héctor Astudillo. Un total de 35 parlamentarios refirieron un informe el cual señala: en el actual sexenio se han registrado106 asesinaos y 81 desapariciones de defensores en todo México.
Particularmente preocupados se manifestaron por los reportes recibidos sobre las situaciones registradas en Guerrero por parte de familiares de personas desaparecidas, las comunidades desplazadas forzadamente y los defensores de derechos humanos que acompañan estos caos. “La labor que desarrollan en ese contexto el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, así como el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, debe de ser valorada y protegida”, pidieron los europeos en una misiva fechada el 9 de enero.
Los representantes de países como Suecia, Reino Unido y Dinamarca hicieron un llamado al Estado mexicano para atender especialmente su situación, “y muy particularmente al gobernador del estado de Guerrero, el Sr. Héctor Astudillo, para que establezca garantías para su trabajo”. Asimismo, le pidieron establecer canales de participación en los cuales se establezcan compromisos con la sociedad civil para hacer frente a la situación de los derechos humanos en el Estado.
PRI LANZA CONVOCATORIA PARA CONGRESO
El PRI lanzó ya sus convocatorias para seleccionar a sus candidatos a diputados federales y senadores, por el principio de mayoría relativa. La mitad de los aspirantes serán electos por el método de Convención de Delegados y la otra mitad por la Comisión de Postulación de Candidaturas.
Los aspirantes deberán ganar los votos de los delegados quienes integran las convenciones distritales o estatales, en el primer caso. En el segundo, la decisión quedará en manos de la comisión encabezada por Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del PRI, e integrada por los líderes de lo sectores.
La Comisión de Postulación le permitirá al PRI realizar designaciones para cumplir con las cuotas de género y de jóvenes, establecidas en la ley, y en sus nuevos estatutos. La competencia interna no será exclusiva para los priístas, pues también podrán buscar un espacio los ciudadanos simpatizantes que no militen en el partido.
Respecto al Senado, la convocatoria establece se elegirá por Convención de Delegados a 26 candidatos y por Comisión de Postulación a 27. En el primer caso, los candidatos serán electos por los delegados en los estados de Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. En el segundo bloque, serán seleccionados por la Comisión los candidatos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Tabasco y Veracruz.
Un total de 125 aspirantes a diputados federales serán seleccionados a través de Convención de Delegados y 126 por la Comisión de Postulación. Para el caso de las senadurías y diputaciones de lista o plurinominales, los procedimientos de selección se realizarán hasta la segunda quincena de marzo, precisó Enrique Ochoa, dirigente nacional del PRI.
DE LOS PASILLOS
El presidente estadounidense Donald Trump volvió a arremeter contra México. Señaló a nuestro país como el más peligroso del mundo e insistió en la necesidad de un muro en la frontera sur de Estados Unidos. Además, condicionó la construcción del mismo con el cierre de un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)…
Tras las declaraciones de Trump al periódico The Wall Street Journal, la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió: México no pagará por el muro fronterizo y rechazó que el país sea el más peligroso. “Nuestro país no pagará, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, un muro o barrera física que se construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera con México”, indicó en un comunicado, en el cual agregó: “Aunque México tiene un problema significativo de violencia, es abiertamente falso que México sea el país más peligroso del mundo”… Sobre la violencia generada por el tráfico de drogas, armas y dinero, la SRE insistió se trata de un problema compartido el cual sólo terminará si se atiende la alta demanda de drogas en Estados Unidos y la oferta desde México y otros países…
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