Lilia Arellano
“La violencia es como una mala hierba, no muere aún en la peor sequía”: Simon Wiesenthal
● A un paso del narcoterrorismo
● Presiona EU a López Obrador
● En Q.Roo, Burundanga caribeña
Ciudad de México, 20 de febrero de 2022.- La creciente ola de violencia resentida en todo el país aún no le ha pasado la factura completa al régimen de Andrés Manuel López Obrador. Por el contrario, en las pasadas elecciones hasta el propio mandatario le dio las gracias a las organizaciones criminales, las cuales, de acuerdo con la oposición, operaron para la gestión del tabasqueño, sobre todo en las entidades de la llamada ruta del narco: Guerrero, Michoacán, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas y Baja California. Sin embargo, eso puede cambiar pronto, en el ejercicio de revocación (tramposamente expuesto como confirmación) del mandato de AMLO en abril, o en las próximas elecciones locales en junio en Hidalgo, Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Quintana Roo y Aguascalientes, y, sin duda, en la elección federal de 2024.
Como aspirante presidencial, López Obrador prometió en enero de 2018, que si ganaba la elección federal pacificaría el país en tres años. Ese periodo ya transcurrió y los resultados son todo lo contrario. La administración del tabasqueño ya superó los 105 mil asesinatos, y suma más homicidios dolosos que los dos gobiernos anteriores de Felipe Calderón, con 39 mil 529 en la primera mitad de su periodo, y de Enrique Peña Nieto, con 49 mil 276, de acuerdo con los datos de Causa en Común, y de la organización Justice in México. Además el país se encuentra inmerso en una crisis de derechos humanos con altos índices de violencia e impunidad desde hace más de una década.
Con el incremento de personas desaparecidas y la incapacidad de los funcionarios para atender las miles de denuncias, el 2021 cerró como otro año con violencia incontenible, y este 2022 pinta para ser aún peor, como lo demuestran las ejecuciones de periodistas. A pesar de todo, el gobierno de López Obrador insiste en su propaganda aseverando ya disminuyó el número de víctimas, lo cual es totalmente falso. Las presiones por parte de la sociedad civil mexicana para solucionar el problema de la violencia se incrementan en diversos estados como Zacatecas, Michoacán o Quintana Roo, en donde se pega a todos los sectores, desde ciudadanos civiles de a pie, hasta políticos y periodistas y defensores de derechos humanos.
Mientras la presión de Estados Unidos sobre nuestro país se agudiza para combatir a los cárteles de la droga, sobre todo por la crisis social surgida por la muerte de cada vez más personas con el consumo de fentanilo. La semana pasada, en el Senado de la República, legisladores del PAN pidieron al Gobierno federal trabajar en una estrategia eficaz contra la delincuencia organizada para lograr frenar la fuerte escalada de violencia registrada en los últimos meses en el país la cual, aseguran, se ha salido de control.
La delincuencia organizada comienza a utilizar artefactos propios de acciones terroristas y esto debe ser frenado de inmediato. Al respecto, la senadora Kenia López Rabadán, destacó: “Esta acción de pisar una mina o de, digamos, tocar una mina y que esto explote pues pareciera era historia de otros países. Es increíble cómo en México la delincuencia está tomando desafortunadamente rutas terribles que ponen en entredicho la vida de los mexicanos”, La legisladora panista denunció que los municipios, colonias, alcaldías o poblados que son manipulados y controlados por los narcos y miembros de la delincuencia organizada aumentan a diario. “Por eso es que nosotros seguiremos exigiendo una estrategia clara de seguridad en este país. Hoy lamentablemente no la hay. Esa estrategia de “abrazos no balazos” no funcionó para México, no funciona para los mexicanos, pero si funciona para los delincuentes y eso es terrible”.
El propio gobierno federal confirmó la existencia de más de 250 artefactos explosivos improvisados, sembrados como minas antipersonales por el Cártel Nueva Generación (CNG) en caminos de terracería, casas y bodegas abandonadas de Aguililla, Tepalcatepec y Coalcomán, de los cuales aseguran han sido desactivados hasta el momento por Fuerzas Especiales del Ejército. Desde finales de enero pasado, los militares desplegados en dichas localidades detectaron los primeros artefactos enterrados a 10 centímetros de profundidad, los cuales ya provocaron la muerte de un campesino y heridas de gravedad a su hijo, en El Aguaje. De acuerdo con las autoridades, el grupo criminal liderado por Nemesio Oceguera, “El Mancho”, colocó los explosivos para evitar el ingreso de rivales con quienes disputa el territorio.
Militares del Grupo de Respuesta a Emergencias y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas peinan zonas de Aguililla y Tepalcatepec para localizar, retirar y destruir los artefactos elaborados con un tubo de metal relleno de pólvora y fragmentos metálicos. En la comunidad de Naranjo de Chila se encontraron la mayoría de los explosivos, a 150 metros de distancia entre uno y otro, según los reportes militares.
PRESIONA ESTADOS UNIDOS
Tras el reconocido fracaso de la “Iniciativa Mérida” o “Plan México”, por parte del gobierno de Estados Unidos y el de México, se firmó en octubre del año pasado un nuevo acuerdo binacional para combatir a los cárteles de la droga en territorio mexicano. Y a finales del 2021, Joe Biden firmó otros decretos para luchar contra organizaciones criminales trasnacionales y las redes de narcotráfico y sancionó a empresas chinas y a grupos del crimen organizado de Brasil, México y Colombia. El gobierno estadounidense ofreció 5 millones de dólares por información que lleve a la captura de los hijos de “El Chapo” Guzmán: Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa, acusados por su participación en el tráfico ilícito de drogas.
Biden está presionado por el agravamiento de la crisis de los opioides, provocadora de más de 100 mil muertes por sobredosis en su país hasta abril de 2021, un 28% más al contabilizado en el mismo periodo del año anterior, según datos de los Centros de Control de Enfermedades. Estados Unidos resiente la peor epidemia de drogas de su historia y culpan en parte a las organizaciones criminales trasnacionales, como las detectadas en México. El mandatario estadounidense quiere dar muestras de que su gobierno (ahora sí) tiene la intención de atacar el narcotráfico. Tras anunciar nuevas sanciones a narcotraficantes, creó el Consejo de Estados Unidos sobre el Crimen Organizado Trasnacional (USCTOC).
En uno de los dos decretos difundidos por la Casa Blanca se autoriza al Departamento del Tesoro para imponer nuevas sanciones a 25 objetivos, incluidas 10 personas y 15 entidades, en todo el mundo involucradas en actividades o transacciones que contribuyen a la proliferación internacional de drogas ilícitas. Entre esas medidas destacan el bloqueo de todos los bienes e intereses que los señalados tengan en territorio norteamericano.
IMPUNIDAD
En este régimen de la 4T la violencia sigue incrementándose debido a la alta impunidad. Justice in México subraya: “En todas las categorías de delitos, existe un grave problema de impunidad en México, lo que subraya la urgente necesidad de reformas y mayores recursos para fortalecer el sector de la justicia penal del país. De hecho, la gran mayoría de los delitos en México no se denuncian, no se investigan ni castigan, principalmente debido a falta de confianza en la integridad y eficacia de las autoridades gubernamentales”. Otro fenómeno impidiendo la reducción de la violencia, se detecta en nuevas acciones por parte de las bandas del crimen organizado y el narcotráfico, organizaciones en búsqueda constante de otras formas de negocios paralelos a las armas y drogas.
“El crimen violento es un problema de larga data en México que presenta una amenaza real para individuos, comunidades, empresas y la gobernabilidad. Si bien los delitos violentos se han asociado estrechamente con el tráfico de drogas durante varios años, cada vez más esos delitos son asociados a una amplia gama de otras actividades delictivas organizadas. Algunas de esas violencias se dirigen a funcionarios gubernamentales, candidatos, políticos y periodistas. Mientras tanto, otras formas de comportamiento violento, en particular domésticas, violencia sexual y relacionada con el género, también han tendido a aumentar junto con la violencia delictiva organizada”, señaló Justice in México.
DE LOS PASILLOS
La Auditoría Superior de la Federación entregó al Congreso de la Unión la Cuenta Pública 2020, donde destaca una revisión a las entonces ya ejecutadas mega obras de la 4T. Destacan las observaciones a usos discrecionales de recursos. Por ejemplo, en el caso del Aeropuerto, 12 mil 275 millones de pesos transitaron casi completamente por capítulos presupuestales que no debieron ser utilizados. Este desorden administrativo deberá ser explicado por el gobierno federal al auditor superior a efecto de que este determine si el gasto esta dentro del marco legal…En Quintana Roo el panorama pre electoral, con el registro de candidatos cuya etapa anterior ha sido todo un espetàculo gracias a los oficios de los lìderes de los partidos, principalmente de Mario Delgado y sus aberrantes e increìbles encuestaS tiene ahora otra etapa, la de las manifestaciones de apoyo en donde “Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabè, Bernabé le pegó a muchilanga le echó a Burundanga, les hinchan los pies…”Tan fácil la tenían y la dejaron ir.
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