Lilia Arellano
“La mejor arma de una dictadura es el secreto; la mejor arma de un democracia es la apertura”: Edward Taller
● A “ya la perdimos”, le sigue “nada nos va a doblar”
● López Obrador pretende eliminar las limitaciones del Poder Ejecutivo
● Envalentonados intentan comprar Banamex si se raja el Grupo México
Ciudad de México, 23 de mayo de 2023.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la última trinchera para contener el autoritarismo del presidente, quien enfila todas las baterías del régimen y sus grupos parlamentarios contra los ministros del máximo tribunal del país. La Corte es un poder equilibrador de los excesos salidos de Palacio Nacional, muchos de ellos al margen de la ley y la Constitución, y de las cámaras de Senadores y Diputados, y demuestra su capacidad para hacer respetar la ley, lo cual enloquece al tabasqueño y ordena a sus seguidores y simpatizantes utilizar todos los instrumentos del Estado para debilitarla, lo que se ha cristalizado en ataques, sin ton, ni son, contra los togados encabezados por Norma Piña, quienes resisten la metralla.
Día a día, la confrontación del presidente López Obrador contra la SCJN sube de nivel. El titular del Ejecutivo federal llegó al extremo de no acatar las resoluciones de la Suprema Corte obligandolo a transparentar las obras insignias de su administración, con la expedición de otro decreto similar, además de multiplicar las descalificaciones contra los ministros. Los ataques son diarios con la orden a los integrantes del gobierno federal de sacar todo lo posible contra los ministros del Poder Judicial. Así, Pablo Gómez, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, hizo pública información oficial para golpear a funcionarios judiciales; Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, difunde las envidiables prestaciones de los ministros; Alejandro Armenta, presidente del Senado, presenta iniciativa para debilitar a la Corte y exhibe conversaciones privadas con la ministra Norma Piña; Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presentó iniciativas para eliminar a toda la actual Corte y elegirla por consulta popular; y Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, organizó una procesión funeraria para amedrentar a los ministros y, el colmo, es felicitado por ello por López Obrador.
Toda la 4T está atacando por instrucciones “superiores”, y esto es solo el principio de las acciones de quien no concibe se interpongan a sus deseos y caprichos. Al reiniciarse las labores del Congreso es casi seguro sean presentadas muchas iniciativas para debilitar al Poder Judicial Federal y su presupuesto de 78 mil millones de pesos, así como sus fideicomisos con más de 20 mil millones de pesos. Para ese efecto, Morena y sus aliados del PT y PVEM cuentan con los votos necesarios en el Congreso de la Unión. Las agresiones se derivan del impecable trabajo de los ministros del Pleno de la SCJN, quienes en menos de un mes han fallado en tres ocasiones al hilo en contra del Poder Ejecutivo. Las declaraciones de inconstitucionalidad desde el máximo órgano del Poder Judicial de actuaciones del Ejecutivo y el Legislativo para favorecer el proyecto de la 4T, elevaron las tensiones entre AMLO y la Suprema Corte. El presidente enfureció y arreció sus ataques e, incluso, decidió pasar por alto una resolución del máximo tribunal obligandolo a transparentar costos, permisos, etcétera.
Durante la conferencia mañanera de este martes, el presidente aseguró: a la Suprema Corte de Justicia de la Nación “ya la perdimos” porque de manera descarada está al servicio de “los potentados”. También minimizó la decisión del máximo tribunal de dar efectos generales a su sentencia invalidando el decreto presidencial de 2021 en el cual se clasificaba de seguridad nacional las obras emblemáticas de la 4T. AMLO dijo: “nos adelantamos porque ya sabíamos que en la Corte había la intención de frenar las obras que estamos realizando en el sureste del Tren Maya, el Istmo y otras obras importantes de beneficio para la gente y la Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados, de la minoría”, la apuesta, demostrado está, es la opacidad en la construcción de infraestructura nacional.
Cuando la SCJN decidió invalidar la reforma legislativa mediante la cual se había establecido la adhesión de la Guardia Nacional al Ejército, López Obrador relanzó su planteamiento para lograr se elijan mediante voto directo de la ciudadanía y no por acuerdo del Senado los 11 integrantes de la Corte como hasta ahora ocurre. Alejandro Armenta Mier, presidente de la Mesa Directiva del Senado, presentó en abril pasado una iniciativa para añadir un párrafo al artículo 94 constitucional con el propósito de que la elección de magistrados y jueces se realice mediante sufragio popular directo. En la Cámara de Diputados, la bancada de Morena respaldo ese planteamiento. La amenaza es clara: abrir la elección de los ministros a la votación ciudadana y con ello obligar a que sean elegidos “democráticamente”.
Estas iniciativas pretenden eliminar el muro de contención al autoritarismo de la 4T en el que se ha convertido la SCJN. En semanas recientes, la mayoría de los ministros resolvieron declarar contrarios a la Constitución algunos de los ejes principales del programa de gobierno de la 4T, entre ellos la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la primera parte del “Plan B” electoral de AMLO y el decreto calificando como “asuntos de seguridad nacional” los proyectos prioritarios del gobierno federal.
Ante las amenazas de AMLO y dirigentes legislativos de Morena en el Congreso de la Unión, el ministro Alberto Pérez Dayán, aseguró: “estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos. En ese sentido, nada nos va a doblar, se lo he dicho a todos, el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea”. Tales expresiones surgieron en el evento de presentación del libro “La Defensa y Remediación de los derechos sociales”, del magistrado Isidro Muñoz Acevedo.
El ministro Pérez Dayán, quien elaboró el proyecto para anular la primera parte del llamado “Plan B” electoral –aprobado el pasado 8 de mayo- calificó como “ajena y anticlimática” la propuesta de la elección de integrantes del máximo tribunal como lo pretende el Ejecutivo federal. Sin descartar sea posible, aseguró que actualmente es “verdaderamente difícil alcanzar los ideales, objetivos y funciones de la judicatura a través de un sistema electoral”. Destacó se encuentran bien definidas las facultades de los poderes y, en ese sentido, si el Ejecutivo no las cumple existen los medios que lo “obliguen a hacerlo”, como el Judicial.
“Tenemos que ser sumamente cautelosos y prudentes, la política pública corre a cargo de quienes para eso llegaron a gobernar, esa es la administración, sus políticas públicas, pero si sus políticas públicas no son eficaces, si tenemos modo de apropiarnos de ellas y hacerlos que las cumplan, lo haremos”, apuntó el togado. El remate se dio este lunes cuando, por mayoría de seis votos, el Pleno de la Corte invalidó en su totalidad el llamado “decretazo” publicado por el presidente López Obrador con el cual blindaba la información pública de sus megaproyectos y las clasificaba como reservadas bajo el principio “interés público y seguridad nacional”. Tal resolución provocó otro “decretazo” similar al anulado, eliminando así el principio de equilibrio de poderes.
El presidente, además, se lanza a promover el voto de “carro completo” para Morena, utilizando las resoluciones en contra para presentar un escenario en el cual, de votarse en línea contaría con esa mayoría necesaria para llevar a cabo cambios en beneficio de ese pueblo conceptuado como bueno en algunas ocasiones, en otras se trata de mascotas. Esta insistencia junto con una nueva forma de elección de los ministros de la Corte, se harían presentes, de conseguirse la votación solicitada, cuando ya López Obrador no estaría en la presidencia entonces ¿cuál es realmente su pretensión? ¿Pretenderá se crea es para fortalecer la cuarta transformación cuando la mayoría no sabe en que consiste? No hay “gato encerrado”, hay una cada vez más cercana dictadura.
DE LOS PASILLOS
Luego de los aumentar los rumores señalando el retiro de la oferta de Grupo México para adquirir Banamex, por la expropiación realizada de los tramos ferroviarios de Ferrosur, el presidente López Obrador amagó con comprar ese grupo financiero. Ya encarrerado una vez cumplida la tarea de atacar a la Corte, el inquilino de Palacio Nacional informó sobre la posibilidad de adquirir el gobierno a este banco “no hay pierde” en ese sector. El primer mandatario aseguró encontrarse su gobierno en condiciones de adquirir la banca y sea esta para la Nación. Hizo números: en caso de que cueste 7 mil millones de dólares, el corporativo deberá dar 2 mil de impuestos, y el gobierno podría cubrir otra parte de dicha cantidad, para crear una asociación pública-privada… Eso sí solo se lo entendieron “los iniciados”.
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