Más de 300 víctimas de esclavitud moderna en Ecuador celebraron su liberación tras una histórica sentencia que condena a la empresa japonesa Furukawa a indemnizarlas con 41 millones de dólares. Este fallo, emitido por la Corte Constitucional de Ecuador, reconoce las condiciones inhumanas en las que trabajaron durante décadas.
El grito de «¡Abacaleros libres!» resonó el pasado martes, mientras las víctimas compartían sus desgarradoras historias en una rueda de prensa en Quito.
Muchas de ellas vivieron en campamentos insalubres, sin acceso a agua potable ni electricidad, y algunas incluso dieron a luz en estas precarias condiciones. «Yo di a luz a todos mis hijos dentro de la empresa, no tuve un control médico», lamentó María Guerrero, una de las afectadas.
Los testimonios revelan un panorama sombrío: trabajadores mutilados en accidentes laborales, jornadas que comenzaban a las tres de la mañana y terminaban a las diez de la noche, y un sistema que los mantenía atemorizados y endeudados. «Ahí nunca hubo posibilidades de progreso», afirmó Susana Quiñones, quien describió su experiencia como «horrible».
La Corte determinó que Furukawa había mantenido a sus empleados en condiciones similares a la servidumbre de la gleba, aprovechándose de su vulnerabilidad. La empresa, que produce fibra de abacá, utilizó contratos engañosos para ocultar relaciones laborales formales.
La sentencia no solo obliga a Furukawa a pagar 120 mil dólares a cada víctima, sino que también le exige ofrecer disculpas públicas junto al gobierno ecuatoriano. Este reconocimiento es un paso importante hacia la reparación del daño causado por años de explotación laboral.
El abogado de las víctimas, Alejandro Morales, destacó que este fallo es un llamado a la acción para prevenir futuras violaciones de derechos laborales. «Esto tiene que sentar un precedente», afirmó.
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