Llegó a ser del conocimiento de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., un caso más de evidente corrupción, cometido por una señora Jueza de Distrito en Materia Penal, integrante y dependiente desde luego de nuestro Poder Judicial Federal. Este tema que estimo substancial para el deseable Estado de Derecho al que legítimamente aspira nuestro sufrido y atribulado País, obliga a la sociedad y a la propia autoridad a meditar alrededor del referido tópico que tanto trastoca a México.
Si en lo personal tuve el atrevimiento de utilizar el trepidante concepto de corrupción, es porque éste proviene etimológicamente del término del latín “CORRUPTIO”, que significa según el ilustre Jurista Juan Palomar: “vicio o abuso que se introduce en las palabras o vocablos o en la torcida interpretación de la ley”. Por tanto, la corrupción, no resulta sólo de la dádiva generosa o nó que prostituye la justicia, ni tampoco de la influencia extra juris.
Todos los abogados que a diario nos enfrentamos con la injusticia y la corrupción, sabemos de sobra que existen togas de Jueces, Fiscales, Magistrados y uno que otro Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentran corrompidas y prostituidas hasta la médula, como también conocemos de la existencia, de malos, pésimos o buenos, competentes y capaces algunos, ignorantes, estúpidos y zafios, otros, pero lo que enardece, altera, desquicia, afrenta, es que a sabiendas se viole la ley, se tildé de prostituta a la justicia con cinismo tal, que pone en riesgo a ésta Cuarta Transformación de la Republica.
La jueza de marras, desconocedora profunda del derecho y sobre todo de la materia penal -aunque no del conocimiento de lo que se estila en las casas de asignación- produjo un engendro jurídico de proporciones inadmisibles, a fin de poner en libertad a un delincuente clave en la desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapan, aunque al parecer dicho proyecto no puede ser de ella, por su notoria incapacidad conceptual, sino de su madrina una magistrada adscrita a un Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con quien mancomunadamente opera los asuntos de provecho económico en el juzgado emisor de ese mandato de libertad, en demerito de la amistad que une a la tal magistrada con el señor Ministro Pardo Revolledo, este sí, jurista a carta cabal. De aquellos que honran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El bastardo proyecto de libertad, sostiene contra las más elementales normas de decencia la procedencia de libertad de la delincuencia, previo pago de millonaria cantidad en dólares que se dice fueron entregados en unas oficinas del Poder Judicial Federal las cuales se encuentran ubicadas casi en frente de las oficinas del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de Toluca.
Violando con ello no sólo preceptos específicos de la legislación procesal penal, sino incluso abundante jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el particular, que dicha Jueza de Distrito estaba obligada a respetar y acatar sin pretextos, en razón a que ella juró respetar la ley al tomar posesión como servidora pública.
Para esa deleznable libertad, lo pertinente sería integrar una carpeta de investigación que pusiera en la cárcel a todos aquellos que prostituyen la justicia. Nuestros recintos no son casas de prostitución, no obstante, opine lo contrario la madame del juzgado y su encubierta madrina, a la cual muy pronto identificare con nombre y apellido.
Lic. Alberto Woolrich Ortiz
Presiente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..
