Lilia Arellano
“La peor de las democracias es mil veces preferible a la mejor de las dictaduras”: Ruy Barbosa
● Abogados internacionales demandan freno a los ataques a la SCJN
● Abiertamente se lanzan contra juzgadores de Palma y Abarca
● Crítica a las narcoseries alcanza al publicista de cabecera
● O sí o si nombrarán senadores al consejero faltante del INAI
Ciudad de México, 16 de mayo de 2023.- El incesante ataque de la autodenominada Cuarta Transformación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo tiene por objeto anular la división de poderes y los contrapesos al poder presidencial. Dentro y fuera del país se encienden las luces de alarma por el intento de imponer un régimen unipersonal, autocrático y autoritario, con el cual se anule al actual sistema democrático y se imponga un gobierno unipersonal, tal como sucedió en Cuba, Venezuela o Nicaragua, con las negativas consecuencias para la población de esas naciones, ubicadas ahora entre las más reprimidas y pobres del continente.
Desde hace varios días, se están promoviendo desde Palacio Nacional continuos ataques contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de diversos actores políticos relevantes de la 4T. Desde las conferencias matutinas del presidente López Obrador se señala, sin prueba alguna, a los integrantes de la Corte acusándolos de formar parte de una mafia. La presentación del reporte Cero Impunidad, le permitió a Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, exhibir a los jueces otorgantes de la libertad al “Güero” y a José Luis Abarca.
El primero integrante de un cártel del narcotráfico y el segundo acusado por el caso Ayotzinapa. Mencionaron a la magistrada María Dolores Olarte Ruvalcaba, presidente del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito de Zapopan quien dictó la resolución de liberación el pasado 8 de mayo. La memoria no se pierde tan rápido, por lo tanto se recuerda apenas le decretaron la libertad a Palma cuando surgió, sacado de la chistera del mago, la acusación de un asesinato cometido hace más de dos décadas.
¿Quién juega sucio en realidad? Porque ante las críticas de la acusación, surgidas no por considerar “alma de Dios” a Palma, sino por el manejo desaseado de la ley, emprendieron los ataques como forma de defensa. El caso de Abarca es similar y con este personaje, el Ejecutivo federal tuvo cercanía.
Tuerto o derecho, el gobierno utiliza medios públicos (radio, televisión, redes sociales) para difundir los considerados “privilegios” de los jueces. En el fondo se trata realmente de debilitar al Poder Judicial y someterlo al criterio del Presidente de la República, con lo cual se anula el sistema democrático nacional.
Además de AMLO, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, han amagado con poner en marcha un “Plan C” en el cual incluyen obtener los votos suficientes en las próximas elecciones federales para poder controlar el Congreso de la Unión; así, ya con la mayoría parlamentaria, se buscará hacer una profunda reforma al Poder Judicial, incluyendo en ella la reconfiguración de la Corte y la posibilidad de llevar a los ministros a juicio político.
La única vía para detener la implementación de una dictadura en México es el voto en contra de los candidatos de Morena y sus aliados, es decir, de los representantes del régimen de la 4T, a fin de hacer prevalecer el régimen democrático con división de poderes. Dos reformas constitucionales aparecen en la agenda del primer mandatario y son igual de peligrosas: la disolución de la Corte y la readscripción de la Guardia Nacional a la Sedena. El llamado de López Obrador a votar por su movimiento es una clara violación a lo señalado en la Constitución. Se menciona la no intervención del presidente en tuno en el proceso electoral pero, cuando prevalece el concepto: “no me vengan con que la ley es la ley” no hay mucho por hacer.
Además del llamado al voto por morenistas, se viola la ley utilizando los programas sociales, condicionando además su aplicación a emitir el sufragio a favor del candidato de Morena, ya sea a nivel presidencial o estatal, municipal, como diputado o senador. Una vez colocada en la presidencia del INE una fiel seguidora del partido de don Andrés, están todos ciertos no recibirán amonestaciones por violaciones a leyes electorales y a esta pieza clave se le suma Agustín Ortíz Pinchetti el Fiscal para Delitos Electorales, otro amlovista de primera.
López Obrador espera lograr que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos a través del voto popular, lo cual, de entrada, politizaría la justicia. Juristas de la talla de José Ramón Cossio Díaz consideran se busca la subordinación de los juzgadores en los procesos políticos en general y al encabezado por el presidente. “Cuando los jueces son designados mediante el voto popular, su origen y legitimidad son los mismos que los de los representantes populares.
Ello no sólo borra su condición contra mayoritaria, sino que le asigna una condición meramente funcional a lo decidido en las urnas. Bajo estas bases, los jueces no tendrían por qué ordenar los fenómenos sociales con la finalidad de preservar a las minorías, respaldar las diferencias o distinguir las competencias. Su papel sería el de asumirse como uno más de los realizadores del programa mayoritario respaldado por los comicios electorales. Los juzgadores así designados terminarían por ser parte del movimiento político hecho gobierno. En modo alguno podrían llegar a ser freno o contrapeso a las dinámicas mayoritarias”.
Ese intento lopezobradorista, lejos de ser democrático, es demagógico, señaló Diego Valadés Ríos, ex procurador general de Justicia e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sostiene la necesidad de una reforma judicial en México, pero no para debilitarla, como se pretende, sino para alcanzar una mejor justicia constitucional. En este sentido, subrayó habría de revisarse, por ejemplo, la regla de que al menos ocho de los 11 ministros deben votar a favor para que una reforma pueda ser declarada inconstitucional.
También defendió al máximo tribunal del país de los embates desde los poderes Ejecutivo y Legislativo. Subrayó “no hay motivo para que el Congreso de la Unión emprenda un juicio político contra los ministros que votaron en favor de invalidar la primera parte del “Plan B”, porque lejos de cometer faltas graves a la Constitución Política, lo único que hicieron fue aplicar lo que dice la Carta Magna”. En el plano global, la organización internacional de abogados más importante del mundo exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador detener sus ataques contra la SCJN y el resto del Poder Judicial.
“La internacional Bar Association (IBA) externó su inquietud por la interferencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la independencia judicial, tras la profusión de graves y repetidos comentarios que afectan la integridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ”, afirmó la abogada española Almudena Arpón de Mendivil Aldama, presidenta de la IBA, fundada en 1947, con sede en Londres, en donde se agrupan más de 190 barras y asociaciones de 170 países.
A través de un comunicado reclaman “al presidente López Obrador que respete la independencia y la integridad del Poder Judicial conforme al Estado de derecho y las obligaciones internacionales de México. La IBA solicita al Presidente que trabaje con el Poder Judicial y la profesión legal para abordar cualesquiera de las inquietudes sobre su funcionamiento con el objetivo de fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de derecho en el País”.
El comunicado emitido a petición de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados, relata las reacciones de López Obrador ante sentencias adversas recientes en la Corte, entre ellas, la que canceló el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y la que anuló la primera parte del llamado “Plan B” de reformas electorales.
“En este contexto, las declaraciones injuriosas del Presidente López Obrador contra la Suprema Corte adquieren una mayor importancia. Estos comentarios debilitan la confianza pública en el Poder Judicial, son un agravio al Estado de derecho y afectan la democracia de México. Constituyen una violación de los principios y normas del derecho internacional. Las acusaciones del Presidente de México no sólo afectan directamente el respeto por el Poder Judicial, sino también intimidan a los jueces y les impiden que desempeñen sus funciones en forma independiente. Crean un clima de miedo que tiene un efecto paralizador sobre la capacidad de los jueces de limitar los abusos de poder del Ejecutivo. Si existieran acusaciones fundadas de conductas inapropiadas y corrupción, deben seguirse las rutas legales institucionales de responsabilidad, en lugar de formular acusaciones directas no fundamentadas en la esfera pública”.
No omitieron mencionar: “Las reformas propuestas detenidas por la Suprema Corte también son causa de inquietud para la IBA. Parecen avanzar en dirección de desmantelar algunos de los controles que son clave para garantizar que el Ejecutivo no actúe fuera de los límites constitucionales. La reforma que se intentó promulgar sobre el INE, una de las instituciones más respetadas del país, reduciría su presupuesto de tal forma que debilitaría significativamente su capacidad de organizar y supervisar las elecciones.
De esta forma se limitaría la autoridad de supervisión del instituto. La mayor autoridad que el Presidente López Obrador pretende otorgar al Ejército es igualmente problemática. Presenta el riesgo de crear distorsiones en los límites entre las esfera civil y militar al evitar los controles estándar sobre las nuevas actividades a desarrollar por el Ejército. Estas reformas, de ser aprobadas, sumadas a otras maniobras para centralizar el poder y militarizar al país, determinan una caída de la democracia en México”.
Como puede observarse, la visión en el extranjero sobre lo acontecido en nuestro país es de preocupación por la instalación de un régimen diferente al llevado a cabo en México y no porque fuese perfecto, sino porque unos son los puntos a componer, a reformar y otros los de la destrucción y la imposición. Y, si a los abusos y violaciones a la ley le sumamos los comentarios sobre los premios recibidos por la ministra presidente de la SCJN Norma Lucía Piña, ya sabremos cual es el calificativo aplicado a nuestro presidente en el extranjero y dentro de agrupaciones con reconocimiento mundial.
DE LOS PASILLOS
Al escribir estas líneas, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue habilitada para promover el nombramiento de uno de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). A partir de la ampliación de la demanda por parte de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa no será necesario esperar el siguiente periodo ordinario, el cual inicia en septiembre. Será posible nombrar a un comisionado del Inai desde las decisiones que tome la Comisión Permanente, informó el senador Miguel Mancera (PRD)… La Guardia Nacional presumió el decomiso de 29 mil pastillas y 330 ampolletas de fentanilo, con lo cual contradice al presidente en su aseveración de que tal narcótico ni se aparece por este suelo… Fuertes críticas lanzó el presidente en contra de las narcoseries, seguramente se le olvidó el más prolifero productor de éstas es su consejero publicitario y deudor de todos los mexicanos Epigmenio Ibarra. Argos produjo El Señor de los Cielos, Señora Acero, El Chema y un bodrio sobre los bomberos, entre muchos otros. Uno se pregunta ¿quién ha causado mayores daños, las narcoseries o doña Delfina y su sucesora al frente de la SEP? Estan unidos: todos deben, han tomado dinero del erario, y cada vez están peor.
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