Lilia Arellano
“El perdón es mejor que la venganza”: Pitaco de Mytilene
• Abren caja de pandora
• Transparentarán los archivos de la antigua DFS y del CISEN
• “Nos vamos a horrorizar”, advierte el padre Solalinde Guerra
• Garantiza AMLO su gobierno no ejercerá persecución política
Ciudad de México, 2 de marzo de 2019.- La pestilente cloaca de los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de su siniestra antecesora, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), saldrán a la luz pública a partir del próximo lunes. Los registros concentran la sucia historia de los servicios de inteligencia de México y la actividad de oscuros personajes responsables de éstos: Fernando Gutiérrez Barrios, Javier García Paniagua, Miguel Nazar Haro y José Antonio Zorrilla, destacados sobre todo en la guerra sucia y el combate a la guerrilla y los opositores al régimen priísta. La apertura de estos archivos no tiene precedente y, sin duda, horrorizará aún más a los mexicanos.
Todo ese bagaje documental va a asombrar a la opinión pública mexicana, quien tendrá la oportunidad de conocer a un Estado, a un país, a un gobierno al desnudo. “Nos vamos a horrorizar”, adelantó el sacerdote y activista de los derechos humanos, Alejandro Solalinde Guerra. “México era un horror. El Papa dijo que era un terror, vamos a ir conociendo las entrañas de toda esta porquería que había, es un estímulo para que la gente despierte, para que no quiera volver a más de lo mismo. Estas personas que están haciendo partidos nuevos, están ofreciendo más de lo mismo, porque ya probaron el poder y no pueden vivir sin esos cotos de poder”, dijo.
Los archivos secretos de los servicios de inteligencia del gobierno mexicano saldrán por primera vez completamente a la luz, un antiguo reclamo de investigadores y de grupos de oposición y periodistas. La medida permitirá hacer públicos datos vitales y descifrar las claves de momentos sombríos de la historia reciente del país como la feroz represión gubernamental de los años 70 y 80. Dicha política se plasmó sobre todo en dos episodios fundamentales: la Matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968 y la Masacre del “Jueves de Corpus” del 10 de junio de 1971.
A lo largo de su historia, el aparato de seguridad actuó para aplastar a los disidentes, como los centenares de jóvenes ejecutados en la guerra sucia de los setenta. El estado mexicano es el autor de las desapariciones. En la DFS, totalmente al servicio de la CIA, algunos de los jefes de este grupo eran poco escrupulosos y abusaron del considerable poder que tuvieron, condujeron actividades ilegales, como el contrabando de narcóticos. Entre los agentes que trabajaron para la CIA en México en las décadas de los setentas y ochentas se encuentran Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, Fernando Gutiérrez Barrios, Miguel Nazar Haro, entre otros menos famosos, de acuerdo a diversos testimonios, entre éstos el de Pedro Aníbal Riera Escalante, integrante de la inteligencia cubana. La DFS y, luego, el Cisen prácticamente estaban bajo las órdenes de la inteligencia estadounidense.
Sólo Gustavo Díaz Ordaz asumió su responsabilidad histórica, pero ni Luis Echeverría Álvarez ni José López Portillo explicaron qué pasó realmente bajo sus mandatos. Tampoco lo han hecho los panista Vicente Fox y Felipe Calderón y, mucho menos, el priísta Enrique Peña Nieto. Gutiérrez Barrios, Nazar Haro y Javier García Paniagua construyeron su prestigio y poder sobre la falsa idea de haber derrotado organizaciones poderosas. Alcanzaron importantes cargos políticos. García Paniagua fue secretario de la Reforma Agraria y presidente del PRI en el sexenio de José López Portillo. Gutiérrez Barrios fue subsecretario de Gobernación, director de Caminos y Puentes Federales, gobernador de Veracruz y secretario de Gobernación. Los jefes de la DFS invocaron el fantasma de la revolución de izquierda e hicieron mitos, a pesar de que conocían bien el tamaño de los opositores. En esos años, la oposición de izquierda nunca representó una amenaza real.
La Dirección Federal de Seguridad fue un cuerpo de élite que trabajó en el filo del espionaje, el crimen y la represión. Miguel Alemán Valdés, primer presidente civil del régimen de la Revolución Mexicana, a los dos meses de haber asumido el cargo, creó la DFS, integrada originalmente por egresados del Colegio Militar y formada después por elementos de diversas procedencia, como aquellos que formaron el Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada. Las tareas de la nueva corporación fueron mantener informado al presidente sobre la situación política y social del país, además de cuidar su seguridad personal. En los años sesenta y setenta, las actividades de la DFS estuvieron dirigidas principalmente al combate de las guerrillas que brotaron en el estado de Guerrero. Durante sus 38 años de existencia, la DFS realizó operaciones ilegales.
En este periodo destaca la creación de la Brigada Blanca, en junio de 1976, con un grupo de 240 elementos, entre policías capitalinos y mexiquenses; militares y personal de la DFS, así como de la Policía Judicial Federal, para “investigar y localizar por todos los medios a los miembros de la llamada Liga Comunista 23 de Septiembre”. Sus órdenes eran limitar las actividades de la liga y detener a los guerrilleros que actuaban en el Valle de México, de acuerdo a documentos obtenidos por la PGR. La Brigada Blanca contaba con instalaciones dentro del Campo Militar número Uno. En los años 60 y 70, en México actuaban más de 25 distintas organizaciones guerrilleras, entre ellas el Movimiento Acción Revolucionaria (MAR), las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, el Frente Urbano Zapatista y la Federación de Estudiantes Revolucionarios.
Ante las acciones guerrilleras, el gobierno respondió con la creación de la Brigada Blanca, la cual fue el instrumento para aplastar a las organizaciones armadas de esa época. Un caso emblemático fue la desaparición de Jesús Piedra Ibarra, acusado de pertenecer a la Liga Comunista 23 de Septiembre. Éste desapareció en 1974, cuando fue detenido por las autoridades tras el asesinato del policía Guillermo Villareal Valdez. A partir de entonces, su madre, Rosario Ibarra, inició un largo peregrinar en las instituciones gubernamentales demandando información acerca del paradero de su hijo, que hasta la fecha no se ha esclarecido. Jesús Piedra es considerado víctima de la desaparición forzada de personas que habría llevado a cabo el gobierno de México en las décadas de 1960 y 1970.
Dentro de la podredumbre de los archivos a revelarse, destacan los vínculos de la DFS con el narcotráfico, especialmente a partir de las charolas entregadas al capo Rafael Caro Quintero por Zorrilla. Pero los nexos de la policía política con el narcotráfico datan de la década de los cuarenta y se trabaron en los niveles más altos. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid surgió el mayor escándalo en el que se involucró a un ex director de la DFS, José Antonio Zorrilla, a quien se acusó y detuvo como presunto autor intelectual del asesinato del periodista Manuel Buendía, además de tener nexos con el narcotráfico. También salió a la luz que importantes narcotraficantes, como Caro Quintero y sus guardaespaldas, portaban credenciales de la DFS, firmadas por Zorrilla.
Tras comprobarse la corrupción y las arbitrariedades cometidas por sus directores, jefes y agentes, 38 años después desapareció, el 29 de noviembre de 1985. Un boletín emitido por la Secretaría de Gobernación informó: La DFS y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales se unen para da lugar a un nuevo organismo, el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen).
El mal uso de los servicios de inteligencia se puede repetir “si no se establecen controles… Si el Congreso y el Ejecutivo no entienden esta lección puede ser que en unos cuantos años enfrentemos un problema parecido al que ya tuvimos; nada nos garantiza que no pueda haber nuevo espionaje telefónico indiscriminado, sobre todo en un clima de paranoia y belicismo”, advierte el investigador Sergio Aguayo.
Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que su administración no ejercerá ningún tipo de persecución contra quienes piensen distinto de su gobierno, como lo hicieron sus antecesores. Por esto decidió transparentar los archivos de la antigua Dirección Federal de Seguridad (DFS) y del Centro Nacional de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Se trata de 90 años de archivos sobre persecuciones políticas, violaciones a derechos humanos y actos de corrupción, los cuales estarán abiertos al público a partir del próximo lunes.
Desde abril pasado, durante su campaña electoral, AMLO prometió que de ganar las elecciones desclasificaría los archivos secretos del Cisen y él mismo buscaría su expediente personal. La mañana del viernes, desde Palacio Nacional, AMLO pidió perdón a todos aquellos que han sido víctimas de persecución o espionaje por parte del Estado mexicano. “Perdón en nombre del Estado a quienes fueron víctimas de persecución. No vamos nosotros a callarnos, ni vamos a solapar actos autoritarios, represivos, todo esto se termina y es una forma de reconocer y homenajear a quienes fueron víctimas de la represión, del autoritarismo”, señaló. Y como parte de esa apertura en una primera etapa, hasta 1985, el Archivo General de la Nación dará a conocer la próxima semana el expediente sobre 40 años de espionaje al propio López Obrador, desde que inició su actividad política en Tabasco.
El titular del Ejecutivo federal resaltó que la actuación de las Fuerzas Armadas se ciñe a las ordenes del Presidente de la República, al mencionar que hay información de que en el caso del 68 la operación fue dirigida por el Estado Mayor Presidencial. Lo importante indicó, es decir: “vivimos durante décadas sometidos por un régimen autoritario que limitaba las libertades, que perseguía a luchadores sociales, que etiquetaba, que estigmatizaba a quienes no pensaban como lo decidía el régimen, y ese comportamiento fue creando una actitud y un ambiente autoritario, que llevó muchas veces a la represión. Eso es lo que está de por medio”.
Las personas u organizaciones que se sientan afectadas están en liberad de presentar una denuncia “si procede, si las pruebas son válidas, si se trata de actos vigentes, si no prescribe, pero ese es otro asunto”, destacó López Obrador, quien precisó la acción de transparentar los archivos “no se limita al terreno de lo personal, lo que no significa que no puedan ejercerse las libertades, pero no es lo personal, no es solo lo jurídico, es la memoria histórica, el que todos los mexicanos tengamos acceso a la información”. AMLO insistió: “si procede que se enjuicie, se castigue a responsables y si lo van a hacer los espiados, afectados, perseguidos, eso es otro capítulo. Tienen todas las libertades de hacerlo en el marco de la legalidad”.
López Obrador recordó que la actuación de las Fuerzas Armadas “se ceñía, y sigue de esta manera, a las órdenes recibidas del Presidente. Para que nos entendamos mejor, el mismo presidente Díaz Ordaz aceptó lo del 68, y hay testimonios de que antes del Ejército estuvo el Estado Mayor Presidencial, que la operación fue dirigida por el Estado Mayor Presidencial, entonces se tiene que saber todo, pero que nos sirva de punto de referencia el que se trata de un régimen presidencialista… El responsable es el Presidente, y por eso no va a costar limpiar al régimen, de que no haya corrupción, de que no se violen derechos humanos, de que se respeten las libertades, porque depende de la decisión que se tome arriba. No va a haber excepciones, es para todos”.
Por su parte, Carlos Enrique Ruíz Abreu, director del Archivo General de la Nación (AGN), informó que están clasificando archivos porque antes lo hacían “policías”. En afán de hacer efectivo el derecho a la memoria, “se realizará una apertura ordenada, con el apoyo de especialistas y la colaboración de jóvenes construyendo el futuro”. Los documentos con información del CISEN con los que cuenta el AGN deberán ser clasificados y acomodados por archivistas para que puedan ser consultados por el público general, reiteró el funcionario.
Tras el acuerdo firmado por el presidente, el AGN tendrá 28 días para dar lineamientos a instituciones públicas y 180 días para la coordinación con dichas instancias para la entrega de documentos que se revelarán. El archivo estará abierto desde el próximo lunes, para consultar información que, con las debidas reservas de datos personales, ya se tenga lista para su consulta.
DE LOS PASILLOS
Cifras divulgadas por el Banco de México revelan que las remesas enviadas el país, una de las principales fuentes de divisas, las cuales han contribuido a que el consumo privado en México se haya mantenido relativamente fuerte en años recientes, subieron en enero 6.5 por ciento a tasa interanual, marcando un nuevo récord para ese mes. Los capitales recibidos durante el primer mes del año sumaron 2 mil 414.94 millones de dólares. La mayor parte de los envíos de dinero provienen de Estados Unidos, donde viven unos 11 millones de mexicanos…
El presunto enlace de “Los Zetas” en Europa, Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “Mono Muñoz”, fue trasladado de España a Estados Unidos, donde lo reclama la justicia por blanqueo de capitales y organización criminal. Agentes estadounidenses lo recogieron esta semana en una de las pistas del Aeropuerto de Barajas, en Madrid, y lo condujeron hasta un avión rumbo a Texas. Su testimonio, en el supuesto de que colabore con las autoridades de Estados Unidos, podría poner en aprietos a una larga lista de políticos y funcionarios del Estado de Coahuila con las que el presunto narco mantenía relación.
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