NO PASA NADA
Por Jesús Solano Lira
En el corazón de cualquier democracia saludable, la libertad de expresión y la participación ciudadana son los pilares que sostienen la justicia y la transparencia. Sin embargo, hoy estos pilares se ven gravemente amenazados por el uso cada vez más común de demandas o denuncias penales estratégicas para amedrentar o acallar a quienes se atreven a defender causas de interés público.
Estas demandas, conocidas como SLAPPs (Strategic Lawsuits Against Public Participation), están diseñadas no para ganar, sino para destruir la voluntad de las personas que alzan la voz en nombre del bien común.
En lugar de justicia, lo que buscan los entes poderosos con estas demandas es intimidar, promover el miedo y forzar la autocensura. Estas denuncias no son más que un arma disfrazada de procedimiento legal, cuyo objetivo es aplastar a los ciudadanos que se oponen a proyectos que ponen en riesgo sus derechos, comunidades o el medio ambiente.
No buscan la verdad ni resolver disputas, sino que están hechas para agotar emocional y financieramente a quienes defienden los intereses de la sociedad. Un ataque encubierto a la democracia El escenario es claro: los ciudadanos que se preocupan por temas de interés colectivo están siendo atacados a través de procesos legales interminables. Grandes intereses económicos y políticos utilizan estas demandas como un escudo para protegerse del escrutinio público y las críticas.
El mensaje que envían es aterrador: si te atreves a hablar, te enfrentarás a un litigio que podría destrozarte. Y lo que es peor, el desequilibrio entre los recursos de los demandantes y los demandados es abrumador. Mientras los poderosos pueden prolongar indefinidamente los procesos legales, los ciudadanos de a pie, con recursos limitados, se ven obligados a gastar tiempo, dinero y salud en defenderse.
No es solo una batalla legal, es un golpe directo a la esencia misma del acceso a la justicia. Procesos penales como herramienta de represión En los casos más extremos, estas demandas van más allá del ámbito civil y se transforman en denuncias penales que falsamente acusan a ciudadanos de delitos inexistentes. Esto no es solo intimidación: es represión judicial pura y simple.
Ciudadanos inocentes que luchan por proteger a sus comunidades o denunciar abusos, de repente, se ven envueltos en batallas legales por su libertad, enfrentando cargos penales inventados solo para silenciar sus voces. Es una estrategia cruel que no solo busca destruir a los activistas, sino que también infunde miedo en la sociedad, disuadiendo a otros de alzar la voz por temor a sufrir el mismo destino.
La necesidad de una respuesta contundente Permitir que las SLAPPs sigan su curso sin control no solo vulnera los derechos de quienes alzan la voz, sino que afecta a la sociedad en su conjunto. Cada denuncia injusta o demanda abusiva que se perpetúa deteriora la esencia de la democracia, transformando el debate público en un espacio de intimidación donde solo los poderosos pueden expresarse sin temor.
Si no se interviene para detener esta peligrosa práctica, la capacidad de crítica y la defensa de los derechos se verán gravemente socavadas. Es crucial implementar reformas que permitan detectar y desestimar de manera temprana estas acciones abusivas. De lo contrario, el sistema judicial seguirá siendo manipulado, favoreciendo a los intereses de quienes buscan silenciar a la sociedad. Esta no es solo una cuestión legal; es una lucha por la integridad del sistema democrático.
Si no protegemos el derecho de las personas a expresarse sin miedo a represalias, estaremos sentando las bases para una sociedad donde la censura y la opresión prevalezcan sobre la justicia y la libertad. El silencio forzado de quienes defienden el interés público Cabe preguntarse: ¿por qué tantas veces quienes defienden derechos colectivos o sociales se ven envueltos en demandas civiles o denuncias penales, siendo señalados como los “malos de la película”?
¿Por qué los que luchan por causas justas terminan enfrentándose a acusaciones que los retratan como villanos? Al final, lo más inquietante es cómo estas voces, que alguna vez representaron el clamor de la ciudadanía, de repente se apagan, se silencian… sin más.
Es el precio que la sociedad paga cuando los poderosos utilizan el sistema judicial para acallar la disidencia y proteger sus intereses a costa del bien común. No es necesario particularizar sobre uno u otro caso para entender la gravedad de este problema. Todos hemos escuchado historias que nos hacen reflexionar sobre la verdad detrás de esta realidad.
Los nombres y circunstancias pueden variar, pero el patrón es el mismo: quienes defienden el interés público terminan siendo silenciados por procesos legales diseñados para intimidar y sofocar la disidencia. Al final, la ciudadanía pierde su voz, y con ello, su poder para cuestionar y cambiar aquello que atenta contra el bien común. Aquí no aplica el NO PASA…NADA, recurrente de los poderosos.
