Por Aurelio Contreras Moreno
De manera más que somera se ha abordado en los medios de comunicación locales un tema a todas luces preocupante por la gran carga de violencia que lleva implícita: el acoso en contra de estudiantes dentro de la Universidad Veracruzana.
A finales del mes de octubre, se llevó a cabo un acto denominado “Caravana contra el acoso escolar y el hostigamiento sexual” en el que se denunció esta situación de la que son víctimas, sobre todo, las alumnas de varias facultades de la casa de estudios por parte de académicos y de personal administrativo, aunque los hombres tampoco están excluidos, especialmente si expresan abiertamente tener preferencias homosexuales.
A través de pancartas colocadas en un tendedero en facultades como la Derecho, las estudiantes denunciaron la manera como están expuestas a agresiones verbales del tipo “eres un útero con patas”, “con ese escote me provocas” o “huelo la menstruación” por parte de sus propios maestros, que aprovechando su condición jerárquica de poder se comportan con impunidad, aun y cuando en algunos casos han sido denunciados ante las autoridades universitarias, las cuales, afirman las víctimas, terminan protegiendo al agresor y llamando a la “conciliación” de las partes. Incluso, obligándolas a continuar interactuando con éste en el mismo espacio.
La reacción a este acto, que buscó hacer visible dicho problema ante la comunidad universitaria, fue virulenta. Las organizadoras acusaron haber recibido amenazas de represalias por parte de maestros y maestras, y hasta se les exigió “disculparse” por exhibir la conducta de quienes, a través del hostigamiento sexual, “refuerzan” su “virilidad”.
No solo las estudiantes están expuestas a esta situación. También las académicas y las mujeres que desempeñan tareas administrativas o bien liberan su servicio social. Quien esto escribe conoció de un caso en un organismo en el que una joven fue acosada de manera atroz por un trabajador sindicalizado, pero que ante la dificultad para hacer que una denuncia prospere y el riesgo en el que se sentía, prefirió abandonar su labor.
A la ineficaz respuesta de las autoridades universitarias –a las que las agraviadas acusan de ser, por lo menos, omisas- también hay que añadir la presión que ejercen los sindicatos, tanto de académicos como de personal administrativo, para impedir que las denuncias logren su cometido de castigar la violencia que se ejerce, al parecer, sin ningún problema dentro de la institución universitaria, pues operan como verdaderas mafias que se protegen entre sí.
En cambio, las víctimas reciben una dosis doble de violencia: al ser acosadas y hostigadas, y al terminar en la indefensión personal y jurídica por la deficiente atención y la nula protección que reciben de parte de las autoridades universitarias.
No basta con que se denuncien los actos de violencia. Es necesario que a las víctimas se les dé acompañamiento, asesoría jurídica e incluso psicológica, y sobre todo, que se les brinden garantías sobre su integridad personal.
En un estado como Veracruz, que es el número uno del país en cuanto a feminicidios, denuncias de esta clase deberían ser materia de atención inmediata y prioritaria. Pero por desgracia, se acostumbra reaccionar hasta que el daño está hecho. Y generalmente, nadie paga por ello.
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