CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que hubo una detención arbitraria, imputación indebida de hechos, así como vulneración al debido proceso y a la debida diligencia fueron irregularidades en el caso de José Manuel del Río Virgen, exsecretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República. Por lo que emitió una recomendación a la Fiscalía General del Estado de Veracruz y a su titular Verónica Hernández Giadáns.
“La CNDH documentó que Del Río Virgen fue aprehendido en territorio veracruzano el 22 de diciembre por un grupo de ocho personas quienes apuntaban con armas largas al vehículo y no le notificaron a tiempo el motivo de su detención, además de que lo venían vigilando desde Tuxtepec, Oaxaca, adonde había ido de paseo con su familia”, señala en un comunicado.
La CNDH explicó que Del Río fue enviado a prisión por el juez de control Francisco Reyes Contreras, quien lo vinculó a proceso por el homicidio de René Tovar, candidato a alcalde de Cazones de Herrera, sin embargo, la comisión acreditó que la autoridad de justicia local informó que la orden de aprehensión fue solicitada luego de que investigaciones realizadas del 19 de junio al 9 de diciembre de 2021 para aportar “nuevos elementos de prueba”.
Pero esos “nuevos elementos de prueba” no fueron más que ampliaciones de declaraciones de testigos, mismas que se rindieron el 20 de octubre de 2021. Además que hasta el 22 de diciembre Del Río Virgen tuvo conocimientos de los delitos que se le imputaban, por lo que además de que la autoridad de justicia local no realizó una valoración objetiva de las evidencias que se alegó, “en ningún momento se desprende la participación de José Manuel del Río Virgen en la comisión de un delito, por lo que resulta en una flagrante imputación indebida de hechos”.
En tanto, para la CNDH no existieron evidencias suficientes para establecer que en el caso de Del Río Virgen hubo violación al derecho humano de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia por parte de la autoridad de justicia local, que supuso la integración de nuevos elementos en su contra para solicitar la privación de la libertad, pues vulneró el derecho al debido proceso y a la debida diligencia.
AM.MX/fm
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