En mi pasada colaboración para éste espacio, sostuve conceptos vitales relacionados con la narcopolítica y la justicia, refiriendo que tan bochornosos acontecimientos jurídico-políticos, de gravísimas aristas, debe de ser superado a toda costa, motivando actos de justicia para encarcelar a aquellos que propiciaron, cometieron y encubrieron aberrantes conductas, dando origen a la prepotencia de quienes en un pésimo ejercicio del poder, se creyeron los dueños del destino de la justicia e instituciones que la imparten y procuran.
El gobierno de la Cuarta Transformación de la República, ante tan gravísimo problema, va a tener en un acto de estricta justicia que actuar, no impidiendo el desarrollo democrático de ella. Es preciso reconstruir nuestras instituciones de procuración e impartición de la misma con materiales distintos y, desde luego, con formas diferentes de hacer política que incluyan necesaria e indispensablemente la transparencia y el control del poder, incluso en sus zonas más turbias. Se debe substituir el indeseable actuar del neoliberalismo exhibido por la narcopolítica, por la dignidad ética de la política y la justicia, dejando de lado los intereses de Estado. De lo que no se debe de prescindir es de la justicia y de la letra y el espíritu de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., desde antaño ha fijado su posición de manera firme, enérgica y terminante diciendo y definiendo su postura filosófica, por ello ha expresado que “basta una sola iniquidad como la perpetrada por la narcopolítica, una sola afrenta a la justicia como la cometida por la Procuraduría General de la República, para dar rompimiento a nuestro Estado de Derecho y consecuentemente a la Constitución Política; basta un sólo deshonor, cuando es oficialmente practicado y aceptado para deshonrar a todo nuestro sistema de procuración e impartición de justicia”.
El escándalo jurídico político obliga a hacer algo y ese algo consiste en meter a la cárcel a los responsables, en caso contrario ésta Cuarta Transformación de la República se deslizará por una peligrosa pendiente de encubrimiento y complacencia de cuestiones que el pueblo de México necesita conocer, simplemente para vivir con normalidad, sin sospechar fundada o infundadamente que tiene en puestos claves a delincuentes, cómplices de narcopolíticos.
La Cuarta Transformación de la Nación no debe, no puede, no tiene que permanecer ajena a éste drama jurídico-político. Hay que recordar que nuestra Constitución Política aporta al campo de la justicia un suelo y un vuelo con indudable aliento de democracia. Nuestro Pacto Federal no se limita a la proclamación de garantías, derechos y libertades sino que establece mecanismos e instituciones de garantía para hacer realidad la existencia de esos derechos y salvaguardas. Nuestra Carta de Carranza es un libro histórico-jurídico que asegura la efectividad de lo que proclama y para ello marca los mecanismos para remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
Nuestra Carta Magna no da legitimidad a injusticias, ni tampoco garantiza impunidades de los narcopolíticos que son los que ahora pretenden mandar. Nuestra Ley Fundamental exige un derecho distinto al de brindarle protección a la delincuencia del poder. Es en definitiva una ley digna y respetable.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de
Derecho Penal del Colegio de abogados de México, A.C..
