NEMESIS
Fernando Meraz Mejorado
Empresarios, obreros comerciantes, industriales y productores de todos las áreas, reiteran al gobierno federal una “urgente llamada para acotar abusos, extorsiones y amenazas de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) que dirige el diputado morenista Pedro Haces Barba, para obligar a los trabajadores a sumarse a ellos.
En agosto pasado los productores de la Comarca Lagunera advirtieron de los abusos, y denunciaron a CATEM de haber reclutar a sicarios de cárteles del narcotráfico para operar sus redes de extorsión.
Luego la iniciativa privada duranguense se sumó al sector lagunero en un desplegado en el que afirman que “la amenaza se extiende ya a la mayoría de los municipios de Durango y que la economía regional está en riesgo por la expansión de estos delitos y la impunidad con la que operan”.
Los empresarios y productores industriales y agropecuarios de reiteraron su llamado urgente a la autoridad federal, señalando que “una compleja red de extorsión, que involucra a líderes sindicales de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) así como a brigadas del crimen organizado, que operan con la nueva organización, que se propone arrebatar todos los contratos colectivos de trabajo y desplazar a las grandes centrales sindicales, Confederación de Trabajadores de México (CTM) y Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y asestar un golpe fatal al PRI, que tiene en las centrales obreras su baluarte principal.
El pronunciamiento de cámaras industriales, uniones ganaderas y asociaciones de agricultores, exigen la atención inmediata de la presidente Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Los denunciantes afirman que desde la irrupción violenta de CADEM los sectores productivos de la región enfrentan un asedio feroz, donde las actividades criminales impactan de forma directa rubros como la agricultura, la ganadería, el transporte y el pequeño comercio.
El comunicado, publicado en medios y divulgado en redes sociales, sostiene que “en Durango se ha institucionalizado el cobro de piso bajo la apariencia de cuotas sindicales, con amenazas, agresiones y represalias para quienes se niegan a pagar.”
Los más afectados son campesinos, ganaderos, transportistas, comerciantes, avicultores, agricultores, engordadores de ganado, prestadores de servicios y trabajadores independientes.
“No aguantamos más”, advierten los firmantes.
Entre los mecanismos de extorsión, los productores denuncian “la imposición de cuotas por cada metro cúbico de materiales de construcción, de insumos y bienes de consumo transportado; pagos forzados por el traslado de ganado; desvíos ilegales de agua con cobros de hasta 20 mil pesos por hectárea; y el control exclusivo e ilegal de la venta de pollinaza.”
También reportan que los extorsionadores aplican sus condiciones al comercio de silo forrajero y alfalfa, fijan precios y condiciones de venta, y deciden quién puede participar en su distribución.
Comerciantes, taqueros, transportistas y pequeños negocios enfrentan cobros obligados, es “derecho de piso”, pero dirigentes y autoridades laborales lo clasifican como “cuotas sindicales”, a pesar de que no expiden recibos, ni documentos de ningún tipo.
En el expediente además, se adjuntan denuncias sobre despojos de obras públicas y privadas mediante intimidación y amenazas íntimidatorias a propietarios de tiendas y restaurantes.
A todo esto se suma la extorsión abierta en retenes disfrazados de alcoholímetros que son ejecutados directamente por grupos delictivos.
Un señalamiento del comunicado apunta a la estructura sindical:
“Denunciamos la desviación de las funciones sindicales del Sindicato CATEM hacia actividades económicas ajenas a su sedicente objeto social, la portación de armas de fuego de sus agentes de seguridad, lo que rebasa sus atribuciones legales, que en realidad son prácticas monopólicas e intimidatorias”.
Los productores advierten:“Exigimos seguridad para producir, trabajar y vivir en paz. No pagaremos por trabajar, ni callaremos ante la corrupción, ni ante las amenazas”.
Todo esto augura la extensión progresiva de la violencia, esta ya no sólo se vive en Gómez Palacio y Lerdo, igual se expande a Tlahualilo, Ceballos, San Pedro del Gallo, Cuencamé y muchos otros municipios duranguenses”.
La CATEM también supervisa y cobra cuotas en los módulos de riego —en el Distrito de Riego 017– en abierta usurpación de funciones y la intimidación con sus “cuerpos de seguridad privada armados.”
Este conflicto entre productores y CATEM se inició a mediados de este año cuando, transportistas y agricultores bloqueron puntos vitales de la Laguna.
La CATEM, cuyo secretario general nacional es el diputado morenista Pedro Haces Barba, negó esos cargos acusaciones y amenazó a sus críticos con impulsar una campaña de desprestigio contra ellos-o-
